La responsabilidad del Estado en la regulación de los crímenes de lesa humanidad.

El 18 de Julio del año 2009 se publicó la ley 20.357 que “Tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra”, la cual genera una protección interna a los Derechos Humanos en relación a conflictos internacionales, ello como un mecanismo de cuidado de la sociedad civil, perfeccionando y adecuando la legislación chilena al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en razón de su ratificación el mismo año, recordando así que la Corte Penal tiene una jurisdicción complementaria, correspondiendo, en primer lugar a los Estados tomar las medidas necesarias para sancionar los delitos contemplados en el mencionado Estatuto, e incriminados en el orden internacional.

Se entienden por crímenes de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de Roma (que rige a la Corte Penal Internacional)  a “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: Asesinato; Exterminio; Esclavitud; Deportación o traslado forzoso de población; Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; Tortura; Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, sexuales u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; Desaparición forzada de personas; El crimen del apartheid; Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

La concepción de la persona como titular de derechos se puede entender de diversas maneras. Si bien, por el hecho de ser persona tenemos una serie de derechos inherentes a nuestra condición de tal, debemos entender que ellos trascienden de la esfera de protección que nos puede entregar el Estado (en razón de derechos ciudadanos); esto porque si el Estado llegase a someterse a una situación extrema donde se vulneren dichas prerrogativas particulares, no habría un medio idóneo de protección (ejemplo: en circunstancias de guerra).

En este aspecto es que debe entenderse la noción de Derechos Humanos: Más allá del ámbito de las políticas internas destinadas a su protección; esto en razón de ser una defensa de los ciudadanos, como seres humanos, ante un eventual Estado agresor; la cual, permite que intervenga la comunidad internacional en protección de las personas como tal, asociándose con la idea de solidaridad internacional para salvaguardar los atributos esenciales de éstas.

En virtud de esto, es importante destacar lo que precisa la Carta de San Francisco (1945) de la Organización de Naciones Unidas, en la cual se confirma la soberanía estatal como principio de orden internacional, elevando el respeto por los Derechos Humanos como principio constitucional del orden internacional contemporáneo. Además, recordemos que dentro de los propósitos de esta Organización se encuentra el desarrollar y estimular el respeto por los Derechos Humanos, manteniendo la paz y seguridad nacional, lo cual se genera, especialmente en los instrumentos internacionales que reconocen ciertos derechos y obligaciones individuales que han sido suscritos por numerosos Estados e incorporados a su legislación interna (como por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos).

Pese a esta protección internacional, aún así, el Estado se considera un ente necesario, ya que a través de él se logra efectivamente la garantía de los derechos consagrados en las convenciones (los cuales son derechos inherentes a la persona) en el caso de ser violados; esto porque es el Estado quien debe adoptar las medidas necesarias para evitar estas circunstancias.

También tenemos que considerar que sólo a través del Estado pueden las normas de Derecho Internacional afectar al individuo, ello porque éste sólo será sujeto de derechos cuando el sistema internacional se los otorgue, al igual que obligaciones internacionales; más excepcionalmente será, cuando necesite que se hagan efectivos estos derechos ante una violación de obligaciones en el plano internacional.

En cuanto a la responsabilidad penal, es válido mencionar que la efectiva implantación de la responsabilidad internacional del individuo depende que se haga efectiva la exigencia de responsabilidad internacional del Estado, entendiéndose así el carácter complementario de la legislación de la Corte Penal Internacional.

En este aspecto, se ven aparejadas dos tipos de responsabilidades:

– Ante el incumplimiento de obligaciones de tipificación de conductas y su represión.

– Responsabilidad internacional del Estado ante el Derecho Internacional por acto u omisión atribuible.

Como es posible deducir de la definición de lesa humanidad por el Estatuto de Roma (artículo 7), el sujeto pasivo en este delito es la población civil. Aquí surge un problema, ya que este término puede ser interpretado ampliamente; sin embargo, la doctrina internacional ha llegado a esta conclusión general: Por “población” se comprende un conjunto de personas que habitan un área geográfica determinada. Se ha discutido si este concepto abarca o no una pluralidad de víctimas (al referirse a grupo), concluyéndose que no es necesario atender a una generalidad de personas, sino que al utilizar la palabra “conjunto” se refiere a la humanidad en general, ello sin importar la cantidad o calidad de las víctimas (salvo se requiera como elemento adicional al tipo, por ejemplo, en delitos de persecución).

Respecto al término “civil” se refiere a un carácter de persona, contraponiéndose a la posición de combatiente en el ataque o a quien goce de algún estatuto (no necesariamente se excluye en porte de armas, ya que se ha aceptado que quien posea un arma en su defensa no significa que pertenezca a las Fuerzas Armadas, por ejemplo); incluye la doctrina a movimientos de resistencia y excombatientes.

Así, es como la Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción complementaria a la nacional, ya que la conducta del Estado tiene que ser de prevención de los delitos al tipificar la conducta, y además, de juzgar a los imputados, o bien, extraditarlos de ser así. Además, el Estado tiene la responsabilidad internacional que emana de haber ratificado el Estatuto de Roma (en el año 2009 nuestro país, y ampliamente recogido por diversas naciones).

Loreto Vargas C.-

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