¿La reforma que podría probar el fruto del árbol envenenado?

 

Autor: Michelle Latka

En un momento como el actual, clave en el desarrollo de nuestro derecho procesal, en que, como sabemos, nos encontramos ad portas de la aprobación de un nuevo código regulador de los procedimientos civiles que busca modificar con significativa profundidad los principios, lineamientos, y esquemas rectores en esta rama del Derecho -lo cual tendría como consecuencia un sustancial e indiscutible vuelco del proceso tal y como lo conocemos hasta hoy-, se hace necesaria la discusión, la opinión, el cuestionamiento, y el debate informado, sobre aquellas principales implicancias que significarán estos eventuales cambios, no solo para empaparnos de ellos desde la perspectiva de la teoría, sino que asumiendo que es en el terreno de los tribunales, en la vida judicial cotidiana, el lugar en que deberemos vernos las caras con estas nuevas “reglas del juego”. Es posible asegurar que ante una somera lectura del Proyecto de nuevo código, cualquiera que se encuentre familiarizado con los procedimientos actuales puede sostener que más vale prepararse en el campo del análisis, antes de ser desconcertado por la amplia gama de sorpresas que aguardan agazapadas tras el texto en cuestión, disfrazadas de principios absolutamente nuevos para un sistema como el nuestro, que en algún momento entrarán en colisión con esa especie de padrenuestro procesal que tan acostumbrados nos encontramos a repetir incansablemente, ya desde las primeras cátedras de dicha rama del Derecho.

Múltiples son las aristas que implica una transformación de instituciones tan importantes como lo son las relacionadas con el proceso. Casi podríamos decir que una reforma al sistema procesal reviste incluso mayor complejidad y relevancia que las transformaciones que pudieran ser incorporadas a cuerpos normativos que regulan materias sustantivas. La razón de aseverar aquello no es otra que el cierto hecho de que éste de por sí constituye la vía por la cual el derecho sustantivo pasa a cobrar verdadera legitimidad práctica, pasando a ser una suerte de auténtica corporeidad entre lo hipotético-ideal de las meras declaraciones de principios: de nada serviría el derramar ríos de tinta enumerando amplios listados de prerrogativas, si no hay una forma de volver tangibles dichas abstracciones entregadas por la norma. Gráficamente, el derecho sustantivo sería representado por la figura de un guerrero que busca luchar por un determinado ideal –la pretensión-. Pero, sus nobles intenciones o intereses no resultan suficientes: para enfrascarse en la batalla, necesita de una armadura que le proteja en su cruzada. Esa armadura, que resguarda a los derechos sustantivos garantizados por las normas, la constituye el Derecho Procesal, sin el cual no nos sería posible el “entrar en batalla” por nuestras pretensiones. Ahora bien, este guerrero necesita de un arma, una aguda espada con la cual defenderse del enemigo: esta espada no es más ni menos que la prueba, la cual constituirá, en esta ocasión, el objeto de nuestro estudio.

La prueba, no es otra cosa que los medios que tiene todo aquel litigante, que busca fundar una pretensión planteada, para crear la necesaria convicción en el juez sobre el hecho de que él lleva la razón y que, por ende, el asunto debe resolverse a su favor. Nuestro actual sistema procesal civil se encuentra dentro de la categoría de Sistema de Prueba Legal, que consiste en que las formas o medios aptos para generar la convicción resolutoria en el juez en materia civil, no son de libre elección de las partes, sino que se encuentran establecidos por el legislador, y más aun, limitados en determinadas circunstancias. Sin embargo –y a este punto es que el párrafo anterior se refería- las cosas están por cambiar: el Proyecto busca reemplazar todos los medios que tradicionalmente han de estudiarse respecto de la Teoría de la Prueba, por un Sistema de Prueba Libre. ¿Qué significa aquello? Que, tal como lo dispone el artículo 286 del Proyecto, los hechos y circunstancias objeto del pleito “…podrán ser probados por cualquier medio obtenido, ofrecido e incorporado al proceso en conformidad a la ley”. En otras palabras, las partes podrán valerse de cualquier medio de prueba en materia civil, tal como ocurre en otras áreas del Derecho, para fundar su pretensión.

Hasta aquí, todo pareciera ideal: las partes, en un afán del legislador por garantizarles una mejor administración de justicia proporcionándoles la posibilidad de rendir pruebas que en el actual sistema quedarían fuera de la ponderación del juez, podrán valerse de ellas y estas serán tomadas en cuenta a fin de formar la convicción judicial, para finalmente fallar el asunto en mérito de ellas, impidiendo que se produzcan situaciones tan viciosas para la Justicia como el hecho de que, por una limitación legal, una parte no pudiera demostrar su verdad. Pensemos que ésta situación –en determinados casos muy específicos por cierto- podría hasta significar una violación a principio de la Bilateralidad de la Audiencia, en el entendido de que, en caso de que el único medio de prueba que la parte pudiera ofrecer al tribunal para sostener su pretensión se encontrara fuera de aquellas que señala la ley como admisibles, este no será escuchado –o tomado en cuenta- por el tribunal al momento de decidir.

Ahora bien, ¿Cuál es el conflicto entonces con la modificación al sistema probatorio que plantea el Proyecto? La pregunta pareciera surgir de Perogrullo, a la luz de las ventajas expuestas respecto del aumento de la posibilidad probatoria de las partes: ésta –la Prueba Libre- sería la solución ideal. Podemos sostener que, si bien es cierto que la solución planteada se condice con soluciones análogas que se ha optado por implementar en otras ramas del Derecho, toda medida que aparezca como la panacea ideal ante un determinado conflicto en materia jurídica, merece la desconfianza crítica por parte de quienes analizan con responsabilidad las instituciones del Derecho.

 En aquellas variantes del Derecho Procesal -como el área de Familia, o Penal por ejemplo- en que el sistema de prueba libre se ha implementado, existe expresa regulación acerca de la licitud de la obtención de la prueba. Ello por cuanto, al admitirse cualquier medio probatorio que sirva para dar cuenta de un determinado hecho, el legislador reconoció que eventualmente las partes podrían recurrir a ciertos mecanismos atentatorios contra las Garantías Fundamentales, a fin de obtener medios para probar al tribunal sus determinadas pretensiones. De esta manera, tal como ocurre en legislación comparada, la nuestra acoge la llamada Teoría del Fruto del Árbol Envenenado. La misma, propone lo siguiente: un medio ilícito o atentatorio contra alguna garantía constitucional –el árbol- que haya servido para obtener un medio de prueba que se quiera hacer valer en contra de la otra parte –el fruto-, se encontrará “envenenado”. Con ello quiere graficarse el hecho de que ese medio no ha sido el legalmente idóneo para obtener la prueba, por lo cual este medio adolecerá de un vicio que –como lo accesorio sigue la suerte de lo principal-, transmitirá a aquello que de él emana, es decir, la prueba.

A la luz del procedimiento civil actual, dadas las restricciones probatorias existentes, que además circunscriben los medios de prueba a aquellos en que con mayor dificultad podremos encontrarnos en situaciones de obtención ilícita –si los comparamos con la infinitud probatoria que se presenta en el sistema propuesto por el Proyecto, cuestión que se ve agravada sobre todo por los avances de la tecnología-, es bastante más difícil que opere la mencionada teoría, que en un Sistema de Prueba Libre, por lo que la doctrina y jurisprudencia no goza obviamente del desarrollo que se puede apreciar en otras áreas procesales.

Ahora bien, es cierto que el Proyecto contempla en la parte final del artículo 286, el requisito relativo a que la prueba haya sido obtenida de conformidad a la ley. Sin embargo, resulta perfectamente válido preguntarse ¿de acuerdo a cuál ley? El mismo texto, algunos artículos más adelante del expuesto, señala que podrá el juez ordenar se excluyan del juicio todos aquellos medios de prueba obtenidos con infracción a las Garantías Constitucionales. Pero ¿Es esto suficiente? ¿Impedirá esta mera declaración que los tribunales, tomando en cuenta criterios diversos entre si, algunas veces admitan pruebas que podrían ser atentatorias contra alguna garantía fundamental? La interrogante se vuelve más válida aun, si consideramos dos importantes factores: el primero de ellos, consiste en el hecho de que nuestra jurisprudencia no es vinculante, por lo tanto lo que considere un juez para resolver, no obliga a los demás. Y en segundo lugar, se encuentra el hecho de que el mismo texto del Proyecto, pretende incorporar una modificación al sistema de ponderación de la prueba, reemplazando la Prueba Legal Tasada, por la de la Libertad de Convicción, lo cual claramente amplía las facultades del arbitrio judicial.

Es menester reconocer sí el hecho de que los redactores del Proyecto hayan aprendido de los traspiés de la legislación comparada, evitando caer en el mismo error en que se incurrió en la legislación procesal española en análoga reforma en su momento: en ella, se aludía a la licitud de la prueba, pero no a qué se consideraba prueba ilícita, ni los procedimientos por medio de los cuales podía alegarse la ilicitud del respectivo medio probatorio, y finalmente la estipulación de sanciones civiles para tal efecto, tal como ocurre en otras situaciones planteadas por la legislación procesal civil, fuera de una eventual remisión al derecho penal.

Sobre la experiencia del citado país, como consecuencia de la omisión de una regulación más prolija acerca de la institución en materia civil, fue la jurisprudencia la encargada de suplir los vacíos de la ley, a la espera de una modificación legal que posteriormente llegó. Esto, de acuerdo a lo señalado en párrafos precedentes, resultaría a lo menos preocupante en un país con un sistema como el nuestro, en que no existe jurisprudencia vinculante para los tribunales de justicia, y debe dejarse en manos de los jueces –quienes naturalmente tendrán criterios diversos- temáticas de tan delicada aplicación como la admisibilidad de una prueba en juicio, dado que es casi posible asegurar que más de una vez seríamos testigos de jurisprudencia contradictoria en la materia, que obviamente influiría de manera sustancial en la decisión.

 Es relevante tomar en consideración, el hecho de que en nuestra legislación casi la totalidad de la Teoría del Fruto del Árbol Envenenado se trata a propósito del Derecho Procesal Penal en los artículos 295 –que se refiere a la libertad probatoria ejercida de conformidad a la ley-, y el artículo 276 –que establece la facultad del juez de garantía de excluir del juicio las pruebas obtenidas con inobservancia a las garantías fundamentales- del código de la materia. Finalmente, en caso de que deban efectuarse diligencias que afecten las garantías constitucionales del imputado o de un tercero, es el juez de garantía el que, de acuerdo al artículo 9 del mismo cuerpo legal, deberá autorizar su procedencia. Similares disposiciones a las de los artículos 295 y 276 del código procesal penal, existen en materia de familia. Pero, como mencionábamos, esto se trata a propósito del derecho penal, rama bastante diversa del derecho civil por lo demás.

 Por otra parte, si bien el Proyecto salva la omisión en que podría haberse incurrido, y efectivamente dispone que prueba ilícita será aquella que atente contra de los derechos fundamentales, se incurre en importantes  omisiones tales como sanciones civiles a quien produzca prueba da manera ilícita –más allá de que la conducta pudiera llegar a constituir un ilícito que mereciera la atención del derecho penal- a fin de disuadir a las partes a que intentaren valerse de estos medios. Más aun, dado que la teoría de la ilicitud de la prueba recibe principal tratamiento a propósito del derecho procesal penal, y abrirá un campo de discusión totalmente nuevo en materia de derecho procesal civil, pudieran los abogados en uso de estrategias procesales, sentirse tentados a presentar estos medios de prueba, con la esperanza de que los jueces civiles, dada su poca experticia práctica en la materia, pudieran considerarla como una prueba admisible. Por otra parte, bajo la consideración de que prueba ilícita será aquella obtenida por medios que se opongan a las garantías constitucionales –que en general se referirán a las de privacidad e inviolabilidad del hogar y comunicaciones privadas- podemos suponer que las pruebas que se presenten tendrán un amplio contenido personal implícito, lo que podría generar tanto daños materiales como morales al sujeto en contra del que quiere hacerse valer, por lo cual parece a lo menos injusto que la única sanción en sede civil que contemple el Proyecto para la parte, sea la inadmisibilidad. Si bien no se podrá tener en cuenta ese medio de prueba en el proceso, ya se habrán ventilado importantes cuestiones, eventualmente de carácter personal de la parte, lo cual constituye un hecho irreversible: no se tomará en cuenta procesalmente, pero ya serán públicos los hechos, ya se habrán ventilado en el proceso. Ello cobra especial relevancia, si tomamos en consideración que se pretende, por el mismo Proyecto, implementar audiencias orles, que lleven consecuencialmente aparejada la publicidad de las mismas.

Es entonces que pareciera hacerse aconsejable el tomar con cautela la implementación de instituciones, si bien innovadoras, posiblemente peligrosas, que abran la puerta a eventuales atentados a los derechos de las personas. La implementación de una Prueba Libre no es una iniciativa para nada repudiable, muy por el contrario, ha rendido buenos frutos en otras ramas del derecho procesal. Pero estos frutos serán buenos en el proceso civil, en cuanto tanto los tribunales como la doctrina, a falta de regulación expresa de la ley, se encarguen de encauzar el pensamiento hacia el árbol indicado.

En un momento como el actual, clave en el desarrollo de nuestro derecho procesal, en que, como sabemos, nos encontramos ad portas de la aprobación de un nuevo código regulador de los procedimientos civiles que busca modificar con significativa profundidad los principios, lineamientos, y esquemas rectores en esta rama del Derecho -lo cual tendría como consecuencia un sustancial e indiscutible vuelco del proceso tal y como lo conocemos hasta hoy-, se hace necesaria la discusión, la opinión, el cuestionamiento, y el debate informado, sobre aquellas principales implicancias que significarán estos eventuales cambios, no solo para empaparnos de ellos desde la perspectiva de la teoría, sino que asumiendo que es en el terreno de los tribunales, en la vida judicial cotidiana, el lugar en que deberemos vernos las caras con estas nuevas “reglas del juego”. Es posible asegurar que ante una somera lectura del Proyecto de nuevo código, cualquiera que se encuentre familiarizado con los procedimientos actuales puede sostener que más vale prepararse en el campo del análisis, antes de ser desconcertado por la amplia gama de sorpresas que aguardan agazapadas tras el texto en cuestión, disfrazadas de principios absolutamente nuevos para un sistema como el nuestro, que en algún momento entrarán en colisión con esa especie de padrenuestro procesal que tan acostumbrados nos encontramos a repetir incansablemente, ya desde las primeras cátedras de dicha rama del Derecho.

Múltiples son las aristas que implica una transformación de instituciones tan importantes como lo son las relacionadas con el proceso. Casi podríamos decir que una reforma al sistema procesal reviste incluso mayor complejidad y relevancia que las transformaciones que pudieran ser incorporadas a cuerpos normativos que regulan materias sustantivas. La razón de aseverar aquello no es otra que el cierto hecho de que éste de por sí constituye la vía por la cual el derecho sustantivo pasa a cobrar verdadera legitimidad práctica, pasando a ser una suerte de auténtica corporeidad entre lo hipotético-ideal de las meras declaraciones de principios: de nada serviría el derramar ríos de tinta enumerando amplios listados de prerrogativas, si no hay una forma de volver tangibles dichas abstracciones entregadas por la norma. Gráficamente, el derecho sustantivo sería representado por la figura de un guerrero que busca luchar por un determinado ideal –la pretensión-. Pero, sus nobles intenciones o intereses no resultan suficientes: para enfrascarse en la batalla, necesita de una armadura que le proteja en su cruzada. Esa armadura, que resguarda a los derechos sustantivos garantizados por las normas, la constituye el Derecho Procesal, sin el cual no nos sería posible el “entrar en batalla” por nuestras pretensiones. Ahora bien, este guerrero necesita de un arma, una aguda espada con la cual defenderse del enemigo: esta espada no es más ni menos que la prueba, la cual constituirá, en esta ocasión, el objeto de nuestro estudio.

La prueba, no es otra cosa que los medios que tiene todo aquel litigante, que busca fundar una pretensión planteada, para crear la necesaria convicción en el juez sobre el hecho de que él lleva la razón y que, por ende, el asunto debe resolverse a su favor. Nuestro actual sistema procesal civil se encuentra dentro de la categoría de Sistema de Prueba Legal, que consiste en que las formas o medios aptos para generar la convicción resolutoria en el juez en materia civil, no son de libre elección de las partes, sino que se encuentran establecidos por el legislador, y más aun, limitados en determinadas circunstancias. Sin embargo –y a este punto es que el párrafo anterior se refería- las cosas están por cambiar: el Proyecto busca reemplazar todos los medios que tradicionalmente han de estudiarse respecto de la Teoría de la Prueba, por un Sistema de Prueba Libre. ¿Qué significa aquello? Que, tal como lo dispone el artículo 286 del Proyecto, los hechos y circunstancias objeto del pleito “…podrán ser probados por cualquier medio obtenido, ofrecido e incorporado al proceso en conformidad a la ley”. En otras palabras, las partes podrán valerse de cualquier medio de prueba en materia civil, tal como ocurre en otras áreas del Derecho, para fundar su pretensión.

Hasta aquí, todo pareciera ideal: las partes, en un afán del legislador por garantizarles una mejor administración de justicia proporcionándoles la posibilidad de rendir pruebas que en el actual sistema quedarían fuera de la ponderación del juez, podrán valerse de ellas y estas serán tomadas en cuenta a fin de formar la convicción judicial, para finalmente fallar el asunto en mérito de ellas, impidiendo que se produzcan situaciones tan viciosas para la Justicia como el hecho de que, por una limitación legal, una parte no pudiera demostrar su verdad. Pensemos que ésta situación –en determinados casos muy específicos por cierto- podría hasta significar una violación a principio de la Bilateralidad de la Audiencia, en el entendido de que, en caso de que el único medio de prueba que la parte pudiera ofrecer al tribunal para sostener su pretensión se encontrara fuera de aquellas que señala la ley como admisibles, este no será escuchado –o tomado en cuenta- por el tribunal al momento de decidir.

Ahora bien, ¿Cuál es el conflicto entonces con la modificación al sistema probatorio que plantea el Proyecto? La pregunta pareciera surgir de Perogrullo, a la luz de las ventajas expuestas respecto del aumento de la posibilidad probatoria de las partes: ésta –la Prueba Libre- sería la solución ideal. Podemos sostener que, si bien es cierto que la solución planteada se condice con soluciones análogas que se ha optado por implementar en otras ramas del Derecho, toda medida que aparezca como la panacea ideal ante un determinado conflicto en materia jurídica, merece la desconfianza crítica por parte de quienes analizan con responsabilidad las instituciones del Derecho.

 En aquellas variantes del Derecho Procesal -como el área de Familia, o Penal por ejemplo- en que el sistema de prueba libre se ha implementado, existe expresa regulación acerca de la licitud de la obtención de la prueba. Ello por cuanto, al admitirse cualquier medio probatorio que sirva para dar cuenta de un determinado hecho, el legislador reconoció que eventualmente las partes podrían recurrir a ciertos mecanismos atentatorios contra las Garantías Fundamentales, a fin de obtener medios para probar al tribunal sus determinadas pretensiones. De esta manera, tal como ocurre en legislación comparada, la nuestra acoge la llamada Teoría del Fruto del Árbol Envenenado. La misma, propone lo siguiente: un medio ilícito o atentatorio contra alguna garantía constitucional –el árbol- que haya servido para obtener un medio de prueba que se quiera hacer valer en contra de la otra parte –el fruto-, se encontrará “envenenado”. Con ello quiere graficarse el hecho de que ese medio no ha sido el legalmente idóneo para obtener la prueba, por lo cual este medio adolecerá de un vicio que –como lo accesorio sigue la suerte de lo principal-, transmitirá a aquello que de él emana, es decir, la prueba.

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Ahora bien, es cierto que el Proyecto contempla en la parte final del artículo 286, el requisito relativo a que la prueba haya sido obtenida de conformidad a la ley. Sin embargo, resulta perfectamente válido preguntarse ¿de acuerdo a cuál ley? El mismo texto, algunos artículos más adelante del expuesto, señala que podrá el juez ordenar se excluyan del juicio todos aquellos medios de prueba obtenidos con infracción a las Garantías Constitucionales. Pero ¿Es esto suficiente? ¿Impedirá esta mera declaración que los tribunales, tomando en cuenta criterios diversos entre si, algunas veces admitan pruebas que podrían ser atentatorias contra alguna garantía fundamental? La interrogante se vuelve más válida aun, si consideramos dos importantes factores: el primero de ellos, consiste en el hecho de que nuestra jurisprudencia no es vinculante, por lo tanto lo que considere un juez para resolver, no obliga a los demás. Y en segundo lugar, se encuentra el hecho de que el mismo texto del Proyecto, pretende incorporar una modificación al sistema de ponderación de la prueba, reemplazando la Prueba Legal Tasada, por la de la Libertad de Convicción, lo cual claramente amplía las facultades del arbitrio judicial.

Es menester reconocer sí el hecho de que los redactores del Proyecto hayan aprendido de los traspiés de la legislación comparada, evitando caer en el mismo error en que se incurrió en la legislación procesal española en análoga reforma en su momento: en ella, se aludía a la licitud de la prueba, pero no a qué se consideraba prueba ilícita, ni los procedimientos por medio de los cuales podía alegarse la ilicitud del respectivo medio probatorio, y finalmente la estipulación de sanciones civiles para tal efecto, tal como ocurre en otras situaciones planteadas por la legislación procesal civil, fuera de una eventual remisión al derecho penal.

Sobre la experiencia del citado país, como consecuencia de la omisión de una regulación más prolija acerca de la institución en materia civil, fue la jurisprudencia la encargada de suplir los vacíos de la ley, a la espera de una modificación legal que posteriormente llegó. Esto, de acuerdo a lo señalado en párrafos precedentes, resultaría a lo menos preocupante en un país con un sistema como el nuestro, en que no existe jurisprudencia vinculante para los tribunales de justicia, y debe dejarse en manos de los jueces –quienes naturalmente tendrán criterios diversos- temáticas de tan delicada aplicación como la admisibilidad de una prueba en juicio, dado que es casi posible asegurar que más de una vez seríamos testigos de jurisprudencia contradictoria en la materia, que obviamente influiría de manera sustancial en la decisión.

 Es relevante tomar en consideración, el hecho de que en nuestra legislación casi la totalidad de la Teoría del Fruto del Árbol Envenenado se trata a propósito del Derecho Procesal Penal en los artículos 295 –que se refiere a la libertad probatoria ejercida de conformidad a la ley-, y el artículo 276 –que establece la facultad del juez de garantía de excluir del juicio las pruebas obtenidas con inobservancia a las garantías fundamentales- del código de la materia. Finalmente, en caso de que deban efectuarse diligencias que afecten las garantías constitucionales del imputado o de un tercero, es el juez de garantía el que, de acuerdo al artículo 9 del mismo cuerpo legal, deberá autorizar su procedencia. Similares disposiciones a las de los artículos 295 y 276 del código procesal penal, existen en materia de familia. Pero, como mencionábamos, esto se trata a propósito del derecho penal, rama bastante diversa del derecho civil por lo demás.

 Por otra parte, si bien el Proyecto salva la omisión en que podría haberse incurrido, y efectivamente dispone que prueba ilícita será aquella que atente contra de los derechos fundamentales, se incurre en importantes  omisiones tales como sanciones civiles a quien produzca prueba da manera ilícita –más allá de que la conducta pudiera llegar a constituir un ilícito que mereciera la atención del derecho penal- a fin de disuadir a las partes a que intentaren valerse de estos medios. Más aun, dado que la teoría de la ilicitud de la prueba recibe principal tratamiento a propósito del derecho procesal penal, y abrirá un campo de discusión totalmente nuevo en materia de derecho procesal civil, pudieran los abogados en uso de estrategias procesales, sentirse tentados a presentar estos medios de prueba, con la esperanza de que los jueces civiles, dada su poca experticia práctica en la materia, pudieran considerarla como una prueba admisible. Por otra parte, bajo la consideración de que prueba ilícita será aquella obtenida por medios que se opongan a las garantías constitucionales –que en general se referirán a las de privacidad e inviolabilidad del hogar y comunicaciones privadas- podemos suponer que las pruebas que se presenten tendrán un amplio contenido personal implícito, lo que podría generar tanto daños materiales como morales al sujeto en contra del que quiere hacerse valer, por lo cual parece a lo menos injusto que la única sanción en sede civil que contemple el Proyecto para la parte, sea la inadmisibilidad. Si bien no se podrá tener en cuenta ese medio de prueba en el proceso, ya se habrán ventilado importantes cuestiones, eventualmente de carácter personal de la parte, lo cual constituye un hecho irreversible: no se tomará en cuenta procesalmente, pero ya serán públicos los hechos, ya se habrán ventilado en el proceso. Ello cobra especial relevancia, si tomamos en consideración que se pretende, por el mismo Proyecto, implementar audiencias orles, que lleven consecuencialmente aparejada la publicidad de las mismas.

Es entonces que pareciera hacerse aconsejable el tomar con cautela la implementación de instituciones, si bien innovadoras, posiblemente peligrosas, que abran la puerta a eventuales atentados a los derechos de las personas. La implementación de una Prueba Libre no es una iniciativa para nada repudiable, muy por el contrario, ha rendido buenos frutos en otras ramas del derecho procesal. Pero estos frutos serán buenos en el proceso civil, en cuanto tanto los tribunales como la doctrina, a falta de regulación expresa de la ley, se encarguen de encauzar el pensamiento hacia el árbol indicado.

19 Comentarios
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