LA REBELIÓN DE LOS FISCALES.

En un hecho inédito, los fiscales y funcionarios del ministerio público paralizaron sus funciones el pasado 17 de Agosto en repudio a la nula respuesta del Gobierno ante las demandas de mayor dotación para el organismo encargado actualmente de la persecución penal en Chile.

 Al respecto, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público, Natalia Céspedes, sostuvo que “protestamos en contra del gobierno por lo que consideramos una negligencia, estamos con problemas de dotación y con sobrecarga laboral”…“Teniendo el Gobierno las conclusiones técnicas de un estudio que dice que hoy día hay que aumentar la dotación del Ministerio Público, se niega a enviar un proyecto de ley que mejore nuestra situación (…) a lo menos faltan 180 fiscales y 800 funcionarios”, agregó.

Cálculos internos señalan que actualmente un fiscal está tramitando en promedio 2 mil causas al año, situación que supera ampliamente lo que se presupuestó en la implementación de la reforma procesal penal en el país.

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Anfumip), Roberto Lozano, afirmó que “estamos en una situación muy crítica, ya que son los trabajadores quienes están realizando grandes esfuerzos para evitar que el sistema entre en crisis, asumiendo labores que sobrepasan –tanto en jornada como en funciones- lo estipulado en sus contratos”.

Extraño resulta que, aún cuando los recursos fueran comprometidos en el discurso presidencial de Mayo de 2010 y se encuentra en manos del gobierno un estudio cuyas conclusiones técnicas fueron categóricas al señalar que debe aumentarse la dotación del ministerio público, aún no se le dé curso a la iniciativa legal.

El objetivo de estas manifestaciones, han señalado los dirigentes, es emplazar al Ejecutivo a que envíe el proyecto de ley que aumenta la dotación tanto de funcionarios como de fiscales y que pueda aminorar la sobrecarga de trabajo que los afecta.

La importancia del tema es evidente, pues en la medida que no se destinen los recursos necesarios para el óptimo funcionamiento del ministerio público, ello se traducirá en perjuicios para la ciudadanía que verá mermada la calidad de la atención y  – esperemos que no- en una eventual indefensión de las víctimas.

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