LA PRUEBA EN LOS DELITOS SEXUALES, UN PROBLEMA QUE NADIE VE.

El caso del ex ejecutivo del Banco Central, nos ha dado luces de un tema que mal utilizado en un proceso, como es el penal, puede causar nefastas consecuencias, tanto jurídicas, psicológicas y sociales a las víctimas de estos delitos de grave entidad.

Partamos con un poquito de refresco. Los delitos contra la integridad sexual, constituyen una serie delictiva que en sí es de tratamiento compleja no solo para todos los operarios del sistema jurídico penal, sino que también para todas aquellas víctimas directas e indirectas, que, enfrentadas a los procedimientos posteriores, siguen aumentando el karma traumático de estos delitos.

Breve y conciso. Este caso nuevamente nos deja tremendas lecciones en lo referente a la prueba de cargo otorgada por el persecutor y el querellante, sobre todo en lo referente a pericias psicológicas y sexológicas, piezas claves en este tercer juico.

Respecto de la prueba sexológica, fue considerada insuficiente por carencias de rigor técnico de parte del perito “pues omitió información relevante e imprescindible para aceptarlas como un dato científicamente concluyente, como por ejemplo una descripción objetiva y comprensible de los supuestos hallazgos (longitud, color y tamaño), condiciones de la realización de los exámenes, etc. El médico para llegar a tales conclusiones parece asilarse fundamentalmente en un “argumento de autoridad” al señalar “no tener dudas”, sin explicar mayormente las razones de su certeza, máxime si descartó las hipótesis alternativas omitiendo la realización de otros exámenes de mayor precisión”.

Súmese que la prueba psicológica también careció de fundamento plausible, ya que el testimonio prestado por las menores fue “escueto e inconsistente”, donde además la disparidad de los relatos anteriormente dichos se condice con los relatos de los peritos que las evaluaron. Si bien no se espera por los sentenciadores una relación de los hechos por parte de las menores que sea siempre idéntico para cada juicio, no es menos cierto que la variación de hechos que son de relevancia esencial, no puede sustentar una imputación penal.

Ante esta situación, los sentenciadores consideraron que la prueba de cargo rendida no fue suficiente para formar convicción sobre los hechos a probar. “La debilidad de la prueba pericial unida a la mellada credibilidad del relato de las niñas y a los antecedentes en contrario aportados por la defensa, se vuelven razones suficientes para mantener vigente la presunción de inocencia que beneficia al acusado”.

Conclusiones se pueden sacar muchas, sobre todo teniéndose en cuenta que cuantos casos similares han sido probados y han terminado en resultados nefastos, tanto para estos operarios como para las víctimas, aumentando mas el trauma que han sufrido. Súmese además que ahondan más el problema los medios de comunicación, que en vez de cumplir un rol social y efectivo de comunicar, empeoran las cosas.

Este asunto no se soluciona por vía de “reformas a la reforma”, sino más bien con una selección objetiva de los peritos y sus métodos, pero estos, a la hora de utilizar sus métodos casuísticos, debiesen ajustarse a parámetros de estudios claros que no permitan dejar duda alguna a los sentenciadores.

En esta materia no quiero ser considerado un garantista, sino que quiero dejar claro que el sistema probatorio, además de ser complejo tiene severas fallas, y esas fallas deben ser enmendadas, a objeto de prevenir de forma eficaz y a conciencia de uno de los delitos más aberrantes en la sociedad como son los delitos sexuales.

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