La negativa a la entrega de documentos por parte del Estado vulnera el derecho de acceso a la información pública y lo obliga al pago de los costos

derecho constitucional

Autora: Sonia Gallardo M.

13 de Agosto de 2014


En causa EXP. N.° 00181-2013-PHD del Tribunal Constitucional de Perú, se dictó sentencia con fecha 21 de marzo del año 2013 en relación a un recurso de agravio impetrado por don Primitivo Laureano Zevallos contra la resolución de fojas 45, su fecha 27 de setiembre de 2012, expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente el pago de costos procesales de autos.

Con fecha 1 de setiembre de 2011, se interpuso demanda de hábeas data en contra la Oficina de Normalización Previsional solicitando la entrega de copias certificadas o fedateadas del expediente administrativo N.º 016-00014694 DL 19990, más el pago de costas y costos. El recurrente señaló que mediante solicitud de fecha 26 de julio de 2011, solicitó a la emplazada la entrega de la documentación sin obtener respuesta alguna.

El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 29 de diciembre de 2011, declaró fundada la demanda por estimar que la emplazada lesionó el derecho de acceso a la información pública del demandante por haber negado el acceso a la documentación solicitada y exoneró a la emplazada del pago de costos en aplicación del artículo 413° del Código Procesal Civil.

El recurrente interpuso recurso de agravio constitucional solicitando el pago de costos invocando las SSTC N.os 2776-2011-PHD/TC y 10064-2005-PA/TC y la RTC N.º 971-2005-PA/TC, pues considera que el Estado solo se encuentra exonerado del pago de costas y que no le resulta aplicable el artículo 413° del Código Procesal Civil, pues en su caso solo corresponde la aplicación del artículo 56° del Código Procesal Constitucional, más aún cuando a la fecha de presentación de dicho recurso, la entidad emplazada no ha cumplido con entregar la copia de su expediente administrativo.
Mediante el presente recurso de agravio constitucional, se solicita que se condene al pago de costos procesales a la entidad emplazada en atención a lo dispuesto por el artículo 56º del Código Procesal Constitucional.

En el presente caso, se aprecia que la demanda fue estimada por el a quo, al considerar que la denunciada afectación se había producido como consecuencia de la negativa de acceso a la información solicitada por parte de la entidad emplazada. Asimismo y valorando el allanamiento de la demandada, consideró pertinente exonerarla del pago de costos en aplicación supletoria del 413° del Código Procesal Civil (f. 28).

Con posterioridad se interpuso recurso de apelación y se manifiesta que el artículo 413º del Código Procesal Civil no resulta aplicable a los procesos constitucionales, pues de conformidad con el artículo 56º del Código Procesal Constitucional, el Estado sí puede ser condenado al pago de costos, más aún cuando de acuerdo con nuestro ordenamiento procesal, los costos son considerados como corolario del vencimiento y se imponen no como sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio.

El referido medio impugnatorio sería desestimado por el ad quem al considerar que:

DÉCIMO: Que, sin embargo, a pesar que la aplicación del precepto contenido en el artículo 413º del Código Procesal Civil, respecto a la exoneración del pago de costos por parte de las entidades del Estado, resulta impertinente al presente proceso constitucional, dada la existencia de un numeral específico para la regulación del pago de costos, como es el mencionado artículo 56º del Código Procesal Constitucional, el que se encuentra obligado al pago de costos por haberse declarado fundada la demanda, no menos cierto es que, de autos se aprecia que, mediante escrito de fecha veintiocho de octubre de dos mil once, obrante de fojas diecinueve a veinte, la Oficina de Normalización Previsional se allanó a la demanda, lo cual fue aceptado por el A quo, mediante resolución número dos de fecha veintinueve de diciembre de dos mil once, obrante a fojas veintisiete, de la cual uno de sus extremos es materia del grado. En tal sentido, se aprecia que la norma adjetiva constitucional no ha regulado expresamente si corresponde la condena de pago por costos procesales en los casos que el demandado haya reconocido o allanado a la demanda, independientemente que sea el Estado o no el emplazado, por lo que resulta de aplicación lo prescrito en el tercer párrafo del artículo 413º del Código Procesal Civil, en forma supletoria al presente caso por excepción, de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 56º del Código Procesal Constitucional (“En aquello que no esté expresamente establecido en la presente Ley, los costos se regulan por los artículos 410 al 419 del Código Procesal Civil”), motivo por el cual, deberá exonerarse a la Oficina de Normalización Previsional del pago de los costos procesales, debiendo confirmar el extremo de la sentencia apelada (sic 48).

Este tribunal considera importarte recordar que si bien resulta cierto que el Código Procesal Constitucional –que regula las reglas de tramitación de los procesos constitucionales– establece en el artículo IX de su Título Preliminar la posibilidad de la aplicación supletoria de los Códigos Procesales afines a la materia que se discute en un proceso constitucional, debe mencionarse que dicha aplicación supletoria se encuentra supeditada , entre otras cosas, a la existencia de un vacío o defecto legal del referido Código y al logro de los fines del proceso, situación que no se presentó en el caso del pago de los costos procesales cuando el Estado resulta ser el emplazado en este tipo de procesos, pues expresamente el artículo 56º.

Afirma que el hecho de que la emplazada se haya allanado en los términos que expresa el último párrafo del artículo 413º del Código Procesal Civil no implica que no se haya vulnerado el derecho invocado por el demandante; todo lo contrario, el allanamiento planteado implica un reconocimiento expreso de la existencia de la conducta lesiva por parte de la entidad emplazada, que ha permitido resolver prontamente la pretensión del accionante; pero que ello no evitó la lesión del derecho invocado ni transformó en innecesaria su petición de tutela judicial efectiva respecto de dicho derecho.

Que resulta evidente que la conducta lesiva previa seguida por la emplazada generó en el demandante la necesidad de solicitar tutela judicial para acceder a la restitución de su derecho, lo que le generó costos para promover el presente proceso (p. ej. el asesoramiento de un abogado), los cuales de acuerdo con el artículo 56° antes citado, corresponden ser asumidos por la emplazada, a modo de condena por su actuación lesiva.

Por lo anterior, el tribunal aprecia que la decisión del ad quem contraviene el texto expreso del artículo 56º del Código Procesal Constitucional, aplicable al proceso de hábeas data conforme lo dispone el artículo 65° del mismo cuerpo legal, que establece la obligatoriedad del órgano judicial de ordenar el pago de costos procesales ante el supuesto de declararse fundada la demanda constitucional, constituyendo uno (el pago de costos) consecuencia legal de lo otro (el carácter fundado de la demanda).

Todo lo anterior es porque la norma regula de manera expresa el pago de costos procesales a cargo del Estado en los procesos constitucionales, resulta aplicable al caso de autos pues no existe un vacío o defecto legal que permita la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en cuanto a dicho pago.

Que por todo lo expuesto este Tribunal Constitucinal considera que el recurso de agravio constitucional debe ser estimado, debiendo ordenarse a la ONP (Estado) el pago de los costos procesales.

La sentencia en: www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/00181-2013-HD.htm

 

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