La Limitada Legitimación Activa del Pueblo y La Mentira de la Justicia Ambiental Chilena.

Si escribimos en google “significado de justicia” veremos que se trata de un “principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde”[1]

Tomando lo dicho, y en particular la frase “dando a cada uno lo que le corresponde” vemos que interpretando esta cita calzaría el otorgar a cada cual las facultades que por derecho o que moralmente le corresponden, o conceder a cada quien la legitimidad para actuar en un proceso en donde existan intereses legítimos a disputar y defender por quien es legalmente y o moralmente parte interesada.

Con respecto al concepto de “Justicia ambiental” podemos señalar que se trata del “tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de leyes, reglamentos y políticas ambientales”[2].

Ahora bien, el concepto previo señala que la justicia ambiental conferiría participación a “todas” las personas, lo cual no sería ciento por ciento efectivo ya que solo quienes tengan “legitimación activa” para hacer valer sus pretensiones tendrán la oportunidad de acceder a la justicia ambiental.

Lógicamente habrá que entrar a definir el concepto de “Legitimado activo” el cual podemos entenderlo como aquella persona que ostenta la aptitud para actuar jurídicamente. Esto es, quien tiene derecho para poder hacer valer su pretensión ante tribunales u órganos competentes.

Entonces, cabe decir, que en la realidad no todos quienes vean lesionado algún interés legítimo tendrán derecho para hacer valer su pretensión, o dicho de otro modo, no todos tendrán derecho a la justicia.

Con respecto a la visión de la legislación comparada, al respecto de la legitimación activa y quienes son ostentadores de esta, podemos citar las opiniones vertidas por el jurista argentino, don Ricardo Luis Lorenzetti, quien en su libro “Teoría del Derecho Ambiental”, señala lo siguiente:

“El paradigma ambiental ha influido enormemente en cuanto a la legitimación para obrar, concepto este que está indisolublemente unido al bien afectado. Para explicar la cuestión conviene desarrollar un ejemplo:

Un líquido contaminante es derramado sobre un río y, al beber el agua resultan tres personas lesionadas y fallece una de ellas; en este caso hay un bien individual y resultan legitimados los titulares afectados, es decir, las personas o sus herederos. Si dos pájaros la beben y mueren, y con ello se extingue la especie, es dañado un bien colectivo y resultan legitimados el afectado por la desaparición de dicha especie que es titular de un interés difuso, las organizaciones no gubernamentales que son titulares de un derecho colectivo (destacado por el presente) y el defensor del pueblo, que es titular de un interés público; en tales casos tanto la acción de prevención-recomposición, como la de resarcimiento pueden producir efectos sobre el bien, pero nunca ingresará dinero alguno al patrimonio de los titulares. Si el agua enferma a miles de personas, estamos ante un caso de intereses que son individuales, pero homogéneos porque hay una causa común en el daño. (…)”[3]

Desde el ejemplo propuesto, este autor, establece la siguiente distinción en cuanto a tipos de pretensiones distinguiendo además si en ella se persiguen derechos subjetivos o un interés general:

  1. La pretensión concierne a derechos individuales (muerte de una persona por beber agua contaminada y sus consecuencias de orden responsabilidad civil extracontractual).
  2. La pretensión concierne a derechos de incidencia colectiva, que tienen por objeto bienes colectivos (exterminio de una especie, daño a un ecosistema, etc.).
  3. La pretensión concierne a derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos (daño a la cosecha de un grupo de particulares de la zona, daño a la salud de las personas que bebieron el agua, etc.).

Siguiendo su análisis, Lorenzetti se refiere en mayor profundidad a estas “pretensiones y derechos de incidencia colectiva” señalando lo siguiente:

“Los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos son ejercidos por el defensor del pueblo de la Nación, las asociaciones que concentran el interés colectivo (ONGS) y el afectado.

En estos supuestos existen dos elementos de calificación que resultan prevalentes.

En primer lugar, la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad (como el patrimonio natural de Chile, sus glaciares, sus bosques nativos, etc., patrimonio de todos los chilenos ejemplo propuesto por esta parte), siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. Por esta razón sólo se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que no se hallan en juego derechos subjetivos. No se trata solamente de la existencia de pluralidad de sujeto, sino de un bien que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva. (…) Estos bienes no pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno.

En segundo lugar, la pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva del derecho. Ello es así porque la lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual, como sucede en el caso del daño ambiental, pero esta última acción corresponde a su titular y resulta concurrente con la primera”[4]

Entonces, lo propuesto por Lorenzetti, es que un daño ambiental, como en el ejemplo la contaminación de las aguas, podría conceder legitimación activa tanto a un sujeto particular (el envenenado), una colectividad (ONG), y a un grupo de sujetos que persigan una “causa petendi” común (agrupación de pescadores).

En Chile vemos que en lo que respecta al resguardo del medio ambiente como también a la protección de nuestros animales, existe una serie de limitantes en cuanto a quienes son calificados como legitimados activos para accionar y propender al resguardo jurídico de estos bienes y o intereses colectivos.

Las ONGS “Ambientalistas”, en nuestro país, no son reconocidas como legitimadas activas para actuar en defensa de sus causas, en pro del amparo de bienes colectivos. A estas entidades solo les resta la acción constitucional de protección para que, directamente o representando a los afectados, propendan al resguardo de este bien común, el medioambiente.

Sobre este tema habló don Sergio Muñoz Gajardo, Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Chile, quien en una publicación, al referirse sobre la legitimación activa que establece la ley 20.600, señaló lo siguiente:

“El proyecto originario de la Ley que crea los Tribunales Ambientales permitía un acceso más generalizado, en cambio, en la normativa actual la legitimación activa se restringe al establecer filtros de acceso para cada una de las competencias de los Tribunales Ambientales. Según el académico Julio Lavín, el legislador consideró necesario establecer estos filtros para “prevenir los riesgos de una excesiva judicialización”, no obstante que se debería haber propendido a esa finalidad, puesto que es la forma en que corresponde participar en un Estado Democrático. Se cierra, de esta forma, el acceso a la justicia a un conjunto de interesados (ONGS).”[5]

“Desde las organizaciones no gubernamentales ha habido cierta crítica a este respecto[6] considerando que en ninguna de las etapas de la tramitación de la norma y, finalmente, tampoco en su redacción final, se contempló de manera expresa la participación de la ONG de carácter ambiental, como ente legitimado para comparecer ante los Tribunales Ambientales[7]

Con lo dicho, podríamos decir, sin querer propender al caos a nivel ordenamiento jurídico, que nuestro legislador ha preferido establecer mecanismos para disminuir la carga de trabajo de sus funcionarios públicos, en desmedro de un resguardo efectivo de los bienes e intereses comunes, propios de un derecho humano, ya que el incorporar como legitimado activo a las ONGS del ramo medio ambiental, “podría” significar una excesiva judicialización.

Ah! y no hay que olvidar que, este “excesivo acceso a  la justicia ambiental”, además podría traer aparejado conflictos con privados inversionistas quienes verían truncados sus proyectos de inversión.

En lo que respecta a las ONGS “Animalistas”, vemos que padecen los mismos síntomas. Estas también se encuentran imposibilitadas de hacer un efectivo resguardo a la protección de los animales, ello debido a que, como ya dijimos, no son legalmente legitimados activos para incidir en un proceso penal por el delito de maltrato animal, ya que como la autoridad señala, “no son víctimas”.

Lo interesante aquí es “la vuelta de carnero” que se da nuestra legislación en esta temática, ya que, en un delito de maltrato animal, quien es efectivamente quien sufre la lesión es el animal en cuestión (al que se le pateó, quemó o torturó), ¡pero OJO!, no olvidemos que los animales en nuestro derecho “chilensis” son cosas y que como tales no son sujetos de derecho ni actores en lo que a derecho respecta. Es por ello que, con respecto a este delito, quienes serán catalogados como “víctimas” son las personas que sienten un menoscabo emocional por ser testigos de tales abusos o agresiones para con el animal.

Entonces, entendiendo bien, ¿el animal no es víctima y las ONGS Animalistas, que “protegen los derechos de todos los animales” tampoco lo son? Con respecto a este delito del 291 bis del Código Penal chileno, ¿Quién es la victima?

Algunos podrían plantear que sería el titular del animal, “el propietario de la mal llamada cosa” o en términos de un jurista de avanzada “el curador del ser sintiente no humano”. Pero sobre lo mismo podríamos enfrentarnos al caso en que se confunda la figura del dueño del animal con la del agresor, y en esa hipótesis se enredaría aún más el averiguar quién tendría la legitimación activa para perseguir la acción penal pública.

Al respecto hay fallos divididos, pero siempre en estos casos son personas naturales quienes se han presentado como víctima, no las ONGS. Lo anterior ocurre así, ya que de calificar a las ONGS del ramo como víctimas, se estaría abriendo una ventana que significa el ingreso de mayor carga de trabajo para la fiscalía, lo cual, como ya vimos, no alegra para nada a nuestro legislador.

Solo a modo ejemplar señalo la Querella, por delito de Maltrato Animal y Propagación de sustancias Nocivas, presentada por la ONG. Animalista “Agrupación de Amigos de los Animales de Talcahuano”, causa RUC Nº 0800567030-7, RIT Nº 3771-2008ca.

Sobre esta el Juez de Garantía de Talcahuano resolvió de la siguiente forma: “A lo principal y otrosíes: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y 114 letra e) del Código Procesal Penal, y no teniendo el solicitante la calidad de víctima (destacado por el presente), se declara inadmisible la querella presentada en contra de quienes resulten responsables por los delitos de maltrato animal y propagación indebida de sustancias nocivas”[8]

El hecho de que las ONGS, “Ambientalistas” como “Animalistas”, no tengan legitimación activa, constata una inconsistencia severa en el supuesto afán de Chile en desarrollarse hacia un verdadero acceso a la justicia ambiental.

En concordancia, la doctrina argentina señala lo siguiente:

“Cuando estamos en presencia de bienes colectivos, el afectado no es titular del bien, porque son, como dijimos, indivisibles. En estos supuestos, el afectado es un legitimado extraordinario, quien no debe demostrar la titularidad del bien (sea de los animales maltratados, en caso de los Animalistas, o del medioambiente, en el de los Ambientalistas), sino la fuente de su legitimación (su interés de protección y conservación). Está autorizado para defender el bien colectivo cualquier persona (natural o jurídica) que acredite interés razonable y suficiente en defensa de aquellos intereses colectivos. La “razonabilidad” debe ser examinada en relación a la certeza del daño, lo que pone un límite y permite darle una organización procesal a los reclamos”[9].

Para que quede claro, en definitiva, que es necesaria la incorporación de las ONGS como interlocutoras del interés público, en la defensa de bienes públicos, y que habría que legitimarlas como potenciales actoras en un proceso jurídico ambiental; me referiré a la apreciación que de estas tiene la comunidad internacional.

Les presento, para quienes no lo conocen, el “Convenio de Aarhur”[10]. Este documento de la UNECE[11] – firmado y ratificado por más de cuarenta países de Europa y Asia Central, y por la comunidad europea –  desarrolla el tema del acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales[12].

Sobre éste documento, el jurista español, don Eduardo Salazar Ortuño, señalo lo siguiente: “El Convenio de Aarhus fue el primer texto internacional a nivel global que fue negociado con la colaboración de las ONGS y que incluso aseguró la presencia de éstas en los Encuentros de las Partes[13]. El convenio se fundamenta en que para el ejercicio del derecho humano al medio ambiente sano es necesario el reconocimiento de derechos adjetivos o procedimentales como el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia, que el convenio considera como tres “pilares” en una suerte de definición didáctica.”[14]

En definitiva a lo que llama el convenio y sus propuestas es a incorporar a las ONGS, como actores relevantes para la justicia ambiental, en la toma de decisión y en la elaboración de políticas ambientales de un país. Esto por ser aquellas los entes más cualificados de la ciudadanía en el resguardo de intereses públicos y sociales.

En definitiva, el establecer esta limitante a quienes moralmente son legitimados activos, atentaría contra los principios bases del ejercicio de la jurisdicción, en lo particular al principio de legalidad en su sentido de garantía constitucional.

Así se desprende del apunte de aula del Profesor Cristian Maturana, quien señala que “el principio de la legalidad importa la igualdad en la protección de los derechos de las personas dentro de la actividad jurisdiccional. El artículo 19 nª3 de la Constitución Política de la República de Chile establece este aspecto de la base y garantía de la legalidad, velando porque toda persona (natural o jurídica “ONG”) tenga acceso a proteger sus derechos (y en principio, sus intereses legítimos) a través del ejercicio de la función jurisdiccional en un debido proceso y con la asistencia jurídica necesaria para ello…”[15]

Podríamos inferir entonces que toda persona, grupo o colectividad que tenga un interés legítimo a resguardar y proteger, legalmente y o moralmente, debiera tener derecho a ser titular de una acción en pro de este fin, debiera tener derecho a ser considerado legitimado activo para propender a salvaguardar, su interés legítimo, ante los tribunales de justicia u otro órgano con competencia.

Esta es la única vía para otorgar al pueblo de Chile el cumplimiento íntegro del principio de legalidad, de igualdad en la protección de sus derechos e intereses, con ello conferirles un real y efectivo acceso a la justicia ambiental.

Concluyendo

Para que en Chile efectivamente hablemos de justicia ambiental, tenemos que comenzar por reconocer la labor que realizan las ONGS “Ambientalistas” y “Animalistas” en resguardo de nuestros intereses comunes.

Si hablamos de una verdadera democracia participativa y reconocimiento de nuestros actores intermedios, cabe entonces reconocer que estos persiguen intereses colectivos, pretenden salvaguardar bienes comunes, y la única manera de que estos dejen de tener los brazos atados y cumplir con tesón sus metas es confiriéndoles legalmente legitimidad activa para actuar.

Si Chile quiere realmente plantearse como un país desarrollado y alcanzar éste de forma sustentablemente debe de comenzar a reevaluar su institucionalidad aún más, debe seguir las vertientes de avanzada, de los países desarrollados – como Francia, en donde los animales ya no son cosas y hoy legalmente son considerados seres sintientes no humanos; o como los países de la Unión Europea, los que, como ya vimos, por intermedio de Convenio de Aarhus tomaron razón de la labor que cumplen las ONGS y han decidido trabajar en conjunto con ellas porque saben que es el único camino para un futuro más próspero -.

Ya es tiempo de que Chile deje de ser el vertedero y factoría de los privados, ya es hora de comenzar a velar por los intereses y derechos colectivos, sin que nuestro legislador tema por una “posible” excesiva judicialización, ya que lo que realmente debiese de temer es a no conceder un resguardo completo y eficaz de los derechos humanos y sociales.

[1] https://www.google.cl/search?q=debido+proceso&ei=kxY8VYCrIcOgNrjLgfgH#q=significado+justicia

[2] http://www.epa.gov/espanol/saludhispana/justicia.html

[3] Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría del derecho ambiental – 1ª ed. – Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas: Editorial Temis, 2011. – (Colección internacional; no. 29). Colombia.

[4] Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría del derecho ambiental – 1ª ed. – Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas: Editorial Temis, 2011. – (Colección internacional; no. 29). Colombia.

[5] Muñoz Gajardo Sergio, Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Chile, El Acceso a la Justicia Ambiental, Justicia Ambiental, Revista de Derecho Ambiental, nº 6, ONG Fiscalía del Medio Ambiente – FIMA-, Fundación Heinrich Böll, Diciembre 2014.

[6] OJO CON EL PARLAMENTO Y CHILE SUSTENTABLE, véase el artículo 1º de la Ley Nº 20.600 de 28 de junio de 2012, que crea los Tribunales Ambientales.

[7] Riquelme Salazar C., Los Tribunales Ambientales en Chile. ¿Un avance hacia la implementación del derecho de acceso a la Justicia Ambiental?, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. IV, Nº 1, 2013, p.3.

[8] Fallo de fecha 10 de Julio de 2008, causa RUC Nº 0800567030-7, RIT Nº 3771-2008ca

[9] Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría del derecho ambiental – 1ª ed. – Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas: Editorial Temis, 2011. – (Colección internacional; no. 29). Colombia.

[10] http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/informacion-ambiental/legislacion-sobre-el-acceso-a-la-informacion-ambiental/

[11] UNECE: Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa.

[12] http://adega.gal/web/media/documentos/Convenio_de_Aarhus.pdf

[13] Artículo 10, párrafo 5 del Convenio de Aarhus.

[14] Salazar Ortuño Eduardo, La participación del público en la Elaboración del Derecho Ambiental Internacional: el Convenio de Aarhus, Justicia Ambiental, Revista de Derecho Ambiental, nº 6, ONG Fiscalía del Medio Ambiente – FIMA-, Fundación Heinrich Böll, Diciembre 2014.

[15] Astorga Tobar Jorge, (2007), Apuntes de clases del Profesor Cristian Maturana, Los órganos jurisdiccionales, los árbitros, los auxiliares de la administración de justicia y los abogados, Capítulo I. Bases de los órganos jurisdiccionales, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Santiago de Chile.

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