La democracia también es guerra

La Phalange, el 10 de enero de 1837 escribía; “el orden social dominado por la fatalidad de su principio comprensivo continúa matando por medio del verdugo o por las prisiones a aquellos cuya naturaleza robusta rechaza o desdeña sus prescripciones, a aquellos que, demasiado fuertes para permanecer envueltos en las ceñidas ropas del recién nacido, las rompen y las desgarran, hombres que no quieren seguir siendo niños”.

A esta “revista”, de la cual no tengo mayor información, aludía Fouacult en su ya casi ineludible Vigilar y Castigar (si queremos estudiar el sistema penal, claro) para retratar, en cierta medida, antecedentes acerca del delito descrito desde una perspectiva política que plantee su valorización positiva. Y bien señala, a continuación, que el “eco” de estas publicaciones pudo escucharse (entre otras) en la “táctica anarquista consistente en desanexar la delincuencia respecto de la legalidad y el ilegalismo burgués que la habían colonizado”.

Claro… 1837. Y ahora, 2012 ¿Qué ocurre? La cuestión ha cambiado. Pero ¿En qué sentido?

Veamos qué ocurre en la Agencia Nacional de Inteligencia (sí, inteligencia, el poder ya no es bruto, dejen eso para la historia). Pero antes, una especie de retrato de la situación penal operativa (derecho procesal penal; juicios, jueces, fiscales, defensores, pacos, ratis, etc).

Conocido es ya el hecho de que el Ministerio Público solo ha leído que existe algo conocido como el “principio de objetividad”. Porque es su aplicación la que sabemos ausente. Libros más, libros menos, materialmente, un Ministerio Público como este significa infracción de garantías. Y, ahora, libros más, esto importa una caída (al menos conceptual) de la legitimidad del sistema entero. En síntesis, podríamos hablar de un Estado de Derecho como aquél sustentado en el respeto a tales garantías. Y, de hecho, no existe tal respeto. En su actuar, la institución aludida se traduce en el encarcelamiento de personas sin condena (y más aún, sin pruebas); la desmesurada y poderosísima flexibilidad de los requisitos establecidos en relación a la prisión preventiva, artículo 140 del Código Procesal Penal. En el mismo orden, esta situación se traduce en el hecho de que mis conversaciones privadas dejan de serlo para pasar a convertirse en un objeto de investigación; la desmesurada y poderosísima flexibilidad de la tipología penal del terrorismo; la ley 18.314, los plazos ampliados para el Ministerio Público, y, entre otros, los “testigos sin rostro” (¿Y después de quejan de los encapuchados?).

En fin, ante esta situación (lamento no poder describirla mejor; la descripción es funcional a los propósitos de esta columna), Gonzalo Yuseff (abogado), director da la ANI plantea, en el marco de la investigación realizada por la comisión de la Cámara sobre el Caso Bombas (o el caso de la histeria del poder en que algunos sujetos de corbata se dieron cuenta de que encontraban muy feos, inteligentes y tal vez peligrosos a aquellos sujetos que se visten de negro, andan en bicicleta y a veces su corte de pelo les resulta atractivo y repulsivo -el mohicano-), que “se debiese poder apelar en contra de la exclusión de pruebas”. (Todo esto en el C2 de El Mercurio de hoy, viernes 6 de Julio).

¿Y acaso no se puede?, ¿Estudió Derecho?, ¿Conoce el procedimiento penal?, ¿Sabe acaso que al menos en el discurso este hipócrita Estado reconoce algunas “garantías fundamentales”?

El artículo 277, en su regulación del auto de apertura del juicio oral plantea una apelación concedida exclusivamente a favor del Ministerio Público en caso de exclusión de pruebas por infracción a garantías fundamentales. La infracción a estas garantías no es algo menor. Puede significar un grupo de pacos histéricos en mi pieza retirando, por ejemplo, “libros “anarquistas”. Del mismo modo, si así continúa la construcción de casos, podrían considerar un poster que hace años tengo de grupos de música constituidos por gente de pelo largo, por gente rara. En síntesis la apelación está. Y además, sin perjuicio de las reglas generales establecidas para el Recurso de Nulidad.

¿Entonces, qué es lo que plantea la ANI a través de su director? La interpretación inicialmente sincera puede plantear lo siguiente; así, como están las cosas, la inteligencia nacional pretende, no el desconocimiento, sino el camuflaje preciso de un sistema que, en su operatividad, vulnera las garantías que en principio, y a título de su fundamento, reconoce.

¿Qué pasa con la persecución penal del anarquismo bajo la tipología terrorista? Temo que el poder, más temprano que tarde, volverá a evolucionar. Hasta la fecha no es capaz de entender, localizar ni menos conspirar con mucho éxito contra este enemigo interno; el anarquista. Es una delincuencia que aún no codifica. ¿O acaso, de verdad, la inteligencia permite concebir una organización anarquista terrorista desde las nociones penales de asociación ilícita? (admitiendo además, que está desde ya constituye una expansión penal respecto de la figura general de co-autoría)

¿A qué obedece todo este movimiento? Retomando a Foucault “lo que rige todos estos mecanismos no es el funcionamiento unitario de un aparto o de una institución, sino la necesidad de un combate y las reglas de estrategia”.

Y claro, un combate cuyo escenario es la democracia y esa especie de paz social que mantiene a través de una guerra que bien sabe esconder.

*Espero haber salvado el triste argumento meramente cronológico consistente en denunciar la abismante antigüedad de los planteamientos utilizados conectando una publicación cuya fecha corresponde al 10 de Enero de 1837 con una, precisamente, “de hoy”.

 

Pablo Rojas

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