La contratación obligatoria del seguro medico debe considerarse una vulneración al principio de la autonomía de la voluntad

Autora: Sonia Gallardo M.

2 de abril de 2014


La Suprema Corte de Estados Unidos, en causa rol Nº 11-393, con fecha 28 de junio del año 2012, aprobó la ley de reforma a la salud (votación 5 a 4), estableció que el Congreso no sobrepasó sus poderes cuando aprobó el “mandato individual”, el cual obliga a todos los estadounidenses a obtener un seguro de salud o, de lo contrario, pagar una multa en la Hacienda Pública, con los respectivos impuestos del individuo, la cual será evaluada y recolectada de la misma forma que las sanciones y multas fiscales.

El debate se centró en si se trataba de un nuevo impuesto o de una medida comercial que habría sido inconstitucional y de acuerdo a la Corte, al ser considerado un impuesto, el Congreso tiene la potestad de establecerlo.

Si bien la Corte aprobó el mandato individual, señala que no es un ejercicio válido del poder del Congreso conforme a la clausula de comercio (art. I, N°8, cl. 3 de la Constitución) y a la cláusula necesaria y apropiada (The Commerce Clause and the Necessary and Proper Clause), pues la Constitución otorga al Congreso la facultad de “regular el comercio y este poder presupone la existencia de la actividad comercial regulada; en cambio el mandato individual, no regula la actividad comercial existente, sino que en su lugar, obliga a los individuos a participar activamente en el comercio comprando un producto, debido a que su incapacidad para hacerlo afecta el comercio inter estado.

De acuerdo a la Corte, la interpretación de la clausula de comercio para permitir al Congreso dictar la norma en cuestión le abriría un dominio nuevo y potencialmente enorme, por cuanto ya tiene el poder de regular lo que la gente hace y ahora tendría el poder de regular lo que la gente no hace.

Así, la Corte entiende que las sanciones que establece la norma en cuestión deben ser consideradas un impuesto, y no una multa, encuadrándose, no en el ámbito de la cláusula de comercio, sino en la facultad que tiene el Congreso de imponer y recolectar impuestos, de acuerdo a la clausula de supremacía (supremacy clause; art. I N° 8 de la Constitución).

Finalmente, la Corte agrega que las diferencias en las prestaciones de los distintos grupos sólo son permitidas si el legislador considera, de forma transparente, el monto de las prestaciones a partir de las necesidades reales de cada grupo.

Vínculo de la sentencia (sólo en inglés):
http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/11-182.pdf

 

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