La contaminación ambiental y los límites máximos permisibles en las actividades mineras en el Perú. (Derecho comparado)

Por: Héctor Daniel Benítez Castro

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad y del Perú, ya que desde las antiguas culturas pre-incaicas ha venido siendo la principal fuente de materiales para la fabricación de herramientas y distintivos, además gracias a la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo de su territorio en la sierra peruana es la principal fuente de recursos minerales, siendo un gran atractivo para los inversores por ser un país minero, asimismo con el transcurso de los años la minería ha ido evolucionando utilizando equipos e instrumentos más sofisticados para la extracción de minerales. Es por ello que se ha tenido que crear leyes referidas a la actividad minera y para la protección del medio ambiente, ya que la minería es una actividad contaminante por naturaleza, sin embargo dichos niveles de concentración deben estar controlados por lo cual se establecieron Límites Máximos Permisibles a fin de evitar el deterioro del ambiente.

Los Límites Máximos Permisibles son un instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente mediante Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM publicado con fecha 21 de Agosto del 2010. Teniendo en cuenta que la Ley General del Ambiente  – Ley 28611, en su artículo 32 lo define de la siguiente manera: “es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad competente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos”. Asimismo la misma ley en su artículo 31 define al Estándar de Calidad Ambiental – ECA, siendo éste también un instrumento de gestión ambiental como “la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos, (…). Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de los estándares nacionales de calidad ambiental, con el objeto de sancionar bajo forma alguna a personas jurídicas o naturales, a menos que se demuestre que existe causalidad entre su actuación y la transgresión de dichos estándares”. Los Límites Máximos Permisibles (en adelante LMP); a diferencia del Estándar de Calidad Ambiental (en adelante ECA) permiten sancionar directamente al responsable de vulnerar los parámetros establecidos, toda vez que constituyen la medida de la concentración de parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente líquido de actividades minero – metalúrgicas, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente, es decir la implementación de estos LMP debe asegurar que no se exceda la capacidad de carga de los ecosistemas, de acuerdo con las normas sobre la materia, ya que los impactos ambientales provocados sin exceder los LMP, se consideran, en principio, social y ambientalmente tolerables.

Asimismo, se debe tener en cuenta que en nuestro país co-existe la actividad minera formal e informal; la minería formal se clasifica en Gran minería, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal; las dos primeras están supervisadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las dos últimas por los Gobiernos Regionales, que en todo caso le corresponden a las Direcciones y Gerencias Regionales de Energía, Minas e Hidrocarburos. Además, las empresas que realizan actividades mineras deben estar debidamente registradas y haber cumplido todos los requisitos administrativos para iniciar sus operaciones, por lo que les es exigible el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles, por ello están en constante monitoreo y supervisión tanto por la propia empresa minera así como por las autoridades públicas competentes con el fin de evitar un impacto negativo e irreversible al ambiente y a la salud de las personas, ya que la vulneración de estos parámetros puede traer consigo una sanción penal y administrativa, según el caso.

La ley N° 28611 – Ley General del Ambiente, establece en su artículo Primero del Título Preliminar, que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger al ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. En ese contexto es necesario reconocer que existen actividades económicas extractivas que utilizan en sus procesos, sustancias tóxicas y peligrosas, que dañan el ambiente repercutiendo principalmente en la salud de las personas, al medio donde habitan y a las zonas aledañas, deteriorando la flora y fauna, el agua y los suelos, que son recursos naturales básicos para la vida.

Que aunado a ello, como es de conocimiento público la actividad minera informal viene ocasionando daños graves en el medio ambiente a nivel mundial, nacional como regional y por tanto constituye un gran foco de contaminación debido a que en el proceso de extracción de los diversos minerales, se emplean insumos tóxicos fiscalizados como el cianuro, mercurio, carbón activado, entre otros, que son empleados sin el menor control, efectuando vertimientos al suelo, subsuelo, aguas y atmósfera de una serie de compuestos que en su conjunto vienen degradando nuestro medio ambiente, a su vez las personas dedicadas a la minería informal nos cuestionan ¿Por qué las mineras formales contaminan sin superar los LMP y no se les impone una sanción, y a nosotros sí?, Si bien a las personas que se dedican a las actividades mineras informales no se les puede imponer una sanción administrativa, ni tampoco exigir el cumplimiento de LMP por que no están registradas e identificadas, de igual manera se les puede imponer una sanción penal por el delito de contaminación del medio ambiente establecido en el artículo 304 del Código Penal Peruano y en la actualidad con el Decreto Legislativo N° 1102 que incorpora el delito de minería ilegal en el Código Penal estarían incurriendo en un concurso ideal de delitos, asimismo al minero informal con el simple hecho de contaminar, estaría incurriendo en un delito porque el tipo penal del delito de contaminación del medio ambiente establece “el que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa”, si bien no se le exige el cumplimiento de los LMP, sin embargo estaría vulnerando la Ley General del Ambiente, Ley General de Salud, Ley de Recursos Hídricos, entre otras; ya que causa daños irreversibles en el ambiente, teniendo consecuentemente perjuicios en la salud de los pobladores del sector y en los mismos trabajadores por no contar con las medidas mínimas de seguridad y salubridad exigidas por el marco legal.

Complementando la idea central, existen diferencias entre el minero ilegal y el minero informal; el primero comprende las actividades mineras que se realizan sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y ambiental que rigen dichas actividades y que se ubican en zonas no autorizadas y/o prohibidas para su ejercicio y actividad como por ejemplo en una reserva o santuario nacional, las que son llevadas a cabo por personas naturales o jurídicas o por grupos de personas organizadas para tal fin, y la segunda es aquella actividad minera que, teniendo características de minería ilegal, se realiza en zonas autorizadas para la actividad minera, no se encuentran registrados ni identificados por la autoridad ambiental competente, además algunos se encuentran en un proceso de formalización en los plazos y modalidades establecidos en las normas sobre la materia; sin embargo, para el campo penal la diferencia no es un tema relevante ya que el tipo penal es claro al señalar que las acciones de provocar o realizar: descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes conlleva como resultado típico que la conducta contaminante cause o pueda causar las siguientes consecuencias: perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, a la calidad ambiental o a la salud ambiental, por lo que cualquier persona que realice un acto de contaminación grave, es considerado un delito para el ordenamiento jurídico peruano; no obstante el artículo 307-A del Código Penal Peruano define al delito de minería ilegal de la siguiente manera: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años y con cien a seiscientos días-multa, el que realice actividad de exploración, extracción, explotación y otros actos similares, de recursos minerales, metálicos o no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental”. Por ello, no sólo debe evaluarse si la actividad minera se desarrolla careciendo de la permisión administrativa correspondiente sino que además provoque las consecuencias ambientales establecidas en el tipo penal referido.

Cabe precisar, que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es un organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental de naturaleza administrativa; por lo que en materia penal ambiental, en el Perú existen las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, aprobado por Resolución de Fiscalía de la Nación Nº 1067-2008-MP-FN de fecha 12 de Agosto del 2008, en donde se establece que estas fiscalías especializadas tienen competencia para prevenir e investigar los delitos previstos en el Título XIII del Código Penal Peruano – Delitos Ambientales, asimismo tendrán como principal finalidad la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, considerando que constituye un derecho fundamental el gozar de un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de la vida, tal como lo prevé el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

En conclusión, la actividad minera puede ser perjudicial para el ambiente y para la salud si no se respeta los límites máximos permisibles y las demás leyes de la materia. Sin embargo, el Estado tiene la función de cautelar los derechos fundamentales de los integrantes de nuestra sociedad, asimismo debe tener como política de Estado integrar a las personas dedicadas a la minería informal a fin de poder ejercer control y supervisión, y así evitar que se siga contaminando el medio ambiente, puesto que no sólo basta formalizar a los “mineros informales” sino que se debe de capacitar a éstos a través de los organismos descentralizados a efecto de que puedan tomar conciencia ambiental y evitar que se siga causando impactos negativos ya que el hecho que estén formalizados no significa que puedan contaminar el ambiente, por ello debemos cuidar este derecho fundamental para todas las personas y para nuestras futuras generaciones, para llegar al desarrollo sostenible del país.

1 Comentario
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