La cautela de los Derechos de la Víctima en el Proceso Penal.

Autor: Millecer Bravo

Desde hace un tiempo se ha parlamentado acerca de un sistema procesal del imputado, como si se estuviese principalmente a beneficio de éste en cuanto a las defensas de sus derechos, lo que si bien sabemos no es exactamente así, pareciera dejar aquella impresión. Sin embargo cuando hablamos de la defensa de los derechos de la víctima, nos encontramos sumergidos en un procedimiento de reforma que pareciera estancarse, toda vez que ella –la víctima- como sujeto afectado, pretende se brinde justicia por parte del órgano jurisdiccional correspondiente y para ello necesita de una real defensa que pueda brindar los conocimientos necesarios al juez de la causa, defensa que debe comprender y abogar por los intereses de quien ha visto perjudicado uno o más de sus derechos en el ámbito punitivo. Así las cosas se ha podido apreciar, y así también lo plantea el profesor Ricardo Márquez en su trabajo “el rol del querellante en el proceso penal (propuesta de una defensoría para la víctima)”, que al no existir inicialmente una defensa de la víctima, pareciera que el legislador se dio cuenta del hecho de que era necesario contemplar esa función, y en consecuencia se la otorgó al Ministerio Público.

He ahí el punto controvertido, porque el Ministerio Público como organismo estatal establecido constitucionalmente, poco  se preocupa de la víctima, toda vez que su interés como persecutor penal atiende al interés del Estado. Este Ministerio Público como lo califica Maier, es un “adolescente” que no logra crecer demasiado porque es un híbrido que lleva dentro de sí contradicciones evidentes; así las cosas, su función de ejercer la acción penal pública y más aún la protección de víctimas y testigos, pareciera ser una consideración normativa meramente programática, en la medida que su interés estaría  motivado por un marcado acento político, ello sin perjuicio de la autonomía de la cual se encuentra investido.  Con todo, el Ministerio Público es aquel  adolescente por lo demás irresponsable, pudiendo responsabilizarlo en situaciones muy adversas, como si por ejemplo hubiere una actuación injustificadamente errónea o arbitraria, o manifiesta falta de conocimiento, y ello solo en la difícil y poco probable situación de que la víctima desprovista quisiere ir en contra de tal enormidad jurídica especializada. Tal pareciera ser entonces que el Ministerio debiese asumir para sí parte de la responsabilidad, y así como sostiene Alberto Binder, “el Ministerio Público debe ser el responsable del éxito o el fracaso de una investigación. De este modo, la percepción social sobre la administración de justicia podrá adquirir una especificidad que hoy no tiene”  pues así no se generarían los errores de administración a partir de la comunicación de las policías como se cometió en el caso Félix Navarro Chávez (27 años) quien fue detenido luego de haber perdido su mp4 que contenía imágenes de connotación sexual con una pequeña de 3 años, quien es su sobrina. La policía encontró en la casa del sujeto, más antecedentes que lo inculpaba, pero el juez dejó libre al imputado, argumentando que la detención fue ilegal, ya que habrían violado la privacidad del hombre por haber revisado el equipo electrónico. De manera que como conocemos, la víctima por dicho hecho ha quedado en indefensión, la igualdad de armas y el debido proceso ha primado por sobre los derechos fundamentales de la víctima más no del imputado, ello porque al Estado no le interesa al parecer la eficacia sino la legalidad.

Me pregunto entonces ¿de qué igualdad hablamos? Si bien al sujeto transgresor del derecho se le han respetado sus garantías constitucionales, ¿sucede lo mismo con la víctima? En este caso en particular podemos ver que el error fue en la administración de justicia, en la forma de desarrollarla, mas no en la decisión del juez que se basa también en la prueba ilícita. Por lo tanto queda de manifiesto la necesidad de materializar en una ley orgánica constitucional la defensoría penal pública de las víctimas, pues debe dejar de ser una garantía de carácter meramente formal sin aplicación, establecida en nuestra constitución política en su art. 19 n°3 inciso 3° (reforma año 2011). De esto no se debe extraer la idea de que la víctima debe competir con el Ministerio Público, sino que colaborar de manera activa e informada siendo o no querellante dentro del proceso. De este modo el efectivo interés de la víctima como finalidad de su pretensión justiciable, en un plano de plena igualdad, se complementa con el interés del Estado a través de este servicio de “defensa” que como diría Binder, se nutre de la intención que tiene el Estado de controlar, de algún modo, la globalidad de la violencia social. Por ende un Ministerio Público que asume su rol frente a las víctimas debe ser un Ministerio Público que realice acciones concretas frente a ellas; evitando entonces la pronta indefensión de las víctimas por una errónea administración de los medios tendientes a procurar una justicia debida.

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