La aprobación del proyecto Hidroaysen por parte del ejecutivo: ¿Es una decisión Constitucionalmente Legítima?

santiago

Autor: Jorge Albornoz Barrientos

25 de mayo de 2011.


En la actualidad, hemos podido apreciar como el ejecutivo ha participado en bloque en la férrea defensa del proyecto Hidroaysen, argumentando que frente a la realidad existente con anterioridad a éste gobierno, en la cual la generación energética se basaba principalmente en las plantas thermoeléctricas, éste proyecto se convierte en la panacea del desarrollo energético y económico “sustentable”.

A juicio de quien escribe, si bien el proyecto resulta una oportunidad de desarrollo importante, no cumple con los standares de eficiencia y respeto a la Constitución y los DD.HH. que podrían esperarse de un gobierno, cualesquiera sean su idiología política y pensamiento económico.

Este razonamiento, se basa en diversos factores que se relacionan directamente con la cantidad y calidad de los recursos naturales con que cuenta nuestro país.

En ese sentido, cabe recalcar, primero, que en Chile se encuentra el desierto más árido del mundo, lo que lo hace el mejor lugar para la producción de energía thermosolar o fotovoltaica; segundo, que a lo largo de todo Chile existen corredores de viento que habilitan la instalación de Turbinas Aerogeneradoras o Antenas Eólicas, con las cuales podría aprovecharse de excelente manera la energía del viento presente en gran parte del país; tercero, que nuestro país cuenta con una extensión marítima de ocho mil kilómetros aproximadamente, lo que produce una oportunidad altísima de aprovechamiento de la energía mareomotriz, y todo esto sin mencionar el potencial energético en materia geotérmica, de producción de biomasa, etc.

En éste escenario, pareciera ser que realizando una ponderación no muy compleja, el impacto medioambiental negativo que se produce en proyectos como Hidroaysen, parece por mucho superior a aquellos que se producirían en el caso de utilizarse la energía solar, por ejemplo en nuestro desierto de Atacama, o con la utilización de energía eólica, que si bien es efectivo que utiliza una gran cantidad de territorio para funcionar, en ningún caso destruye ecosistemas completos como sucede en el caso de las hidroeléctricas (ambos casos, para concentrarnos en dos de los métodos de obtención de energía más importantes). A mayor abundamiento, ninguna de estas alternativas necesita para su funcionamiento, provocar la destrucción de manera irreparable de flora y fauna endémica.

Por lo demás, y si lo enfocamos a los asentamientos humanos que se verían perjudicados, podemos observar que en el desierto, por ejemplo, sería poco y nada el impacto social y el desplazamiento de comunidades, lo que la historia muestra que podría implicar un avance substancial en el respeto a ciertas minorías principalmente étnicas de nuestro país. Lo mismo pasa con la energía eólica, en función de la detección de los lugares óptimos para la instalación de parques eólicos.

Por otra parte, con ambos tipos de producción limpia de energía, sería innecesario intervenir lugares protegidos en más de la mitad del país con torres y tendidos eléctricos de alta tensión, en la búsqueda de satisfacción de la necesidad energética de las grandes empresas mineras situadas en Chile, que es finalmente el argumento de mayor peso que se esgrime a favor del proyecto Hidroaysen.

Con los mencionados supuestos fácticos, pareciera ser que en consideración a la obligación de respeto a la supremacía Constitucional en su aspecto material (Art 6 CPR y 2 loc 18.575) en relación con la obligación de los órganos del Estado de promover y respetar los derechos fundamentales (Art 5 CPR), constituyéndolos así en verdaderas normas materiales de competencia, fuera de las cuales el actuar del estado resulta ilegítimo, podría a lo menos cuestionarse la legitimidad de la decisión del Estado chileno, o en éste caso del poder ejecutivo, de conceder su aprobación a proyectos como éste.

Esto, ya que encontramos que el poder ejecutivo del Estado (como todos sus organismos), se encuentra obligado a administrar los bienes estatales como también aquellos que deban pertenecer a la Nación toda o que la naturaleza haya hecho comunes a todos los hombres, de una manera acorde con la búsqueda del bien común, la promoción de la integración armónica de todos los sectores, y el desarrollo equitativo y solidario entre las distintas regiones (Arts. 1 y 3 CPR). Además, tiene la obligación de administrarlos de manera tal, que puedan ser de utilidad para las generaciones futuras, tal como se señala en la Declaración de Estocolmo de 1972 sobre el Medio Humano.

Asimismo, y ya en el núcleo duro de los derechos en juego, encontramos que no sólo pueden amenazarse de manera innecesaria el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (derecho esencial para el ejercicio de todos los demás), el derecho a la propiedad (aún mediante el mecanismo “legítimo” que constituye la Expropiación) y una serie de derechos de las generaciones futuras, sino que incluso, en algunos casos, pueden vulnerarse los derechos de algunas minorías, como por ejemplo de determinados grupos o etnias que basan su filosofía y creencias en el respeto del medioambiente.

Por todo esto, pareciera ser mucho más eficiente, y condecirse por tanto con lo que se busca con el modelo económico que se plasma en nuestra Carta Fundamental, que se utilicen las energías limpias con que nuestro país cuenta, sobre todo si hay DDHH en juego.

Para finalizar, y utilizando el Método de ponderación de Derechos al que me referí en mi anterior columna, me atrevería a afirmar que en la búsqueda del desarrollo económico como forma de proteger y garantizar ciertos derechos a futuro, versus la vulneración actual y evidente de otros, como los especificados más arriba, resulta innecesario y desproporcionado autorizar el proyecto de Hidroaysen, por el hecho de que nuestro país cuenta con los medios para lograr fines similares, y con el menor menoscabo de una serie de derechos fundamentales.

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