La aplicación del Control de Convencionalidad en la jurisprudencia chilena

derecho constitucional

21 de Noviembre de 2012


Para Chile surge el control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana con el “caso Almonacid Arellano y otros versus Chile”.

Resumiendo en breves líneas, el “caso Almonacid Arellano y otros versus Chile” tuvo lugar al ingresar una demanda, por parte de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 11 de julio del 2005, basada en una denuncia que dicha comisión recibió en septiembre del año 1998. Esta denuncia se motivaba en razón de la aplicación de la llamada “ley de amnistía” (decreto ley número 2.191 del año 1978) a quienes mataron al señor Almonacid. Al aplicarse esta ley se estimaba que Chile incumplía con sus obligaciones contraídas al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, por así dejar libres de responsabilidad penal a los autores del homicido, estás garantías que se estarían infringiendo serían las garantías judiciales, la protección judicial y la obligación de respetar los derechos; con el mencionado decreto ley se vulneraban estas garantías, ya que, de los hechos expuestos en la demanda por la Comisión, se menciona la falta de investigación y de sanción a los responsables de la ejecución extrajudicial del señor Almonacid Arellano, así también como la carencia de reparación a los familiares[1].

En el considerando 124 de la citada sentencia se refiere al control de convencionalidad, señalando textualmente: “La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

Es de este fragmento de la sentencia en que nace una “especie” de control de convencionalidad (como se precisa), que más allá del lenguaje utilizado, se desprende de las palabras previas a la mención del control, lo que éste abarca y significa. Es estimable, así, que el objetivo de la Corte Interamericana, al establecer de forma fehaciente y al darle un nombre a este tipo de control, es armonizar los ordenamientos jurídicos. Esto, dado que al someterse un Estado voluntariamente a la Convención Americana debe respetarla, y por tanto, someter sus normas a ella, creándose así un derecho armónico y consecuente con la ratificación del instrumento internacional, incorporándose, así, la Convención en nuestra legislación. Este fenómeno progresivo que es denominado “comunicación transjudicial”, y se refiere a la “creciente convergencia e interpretación de los ordenamientos jurídicos o de globalización del Derecho (…), como asimismo (movimiento) de cooperación y diálogo internacional entre magistraturas”[2]. Fenómeno que bien podemos concluir está ligado con el tema en cuestión, ya que se asienta en una perspectiva de armonía e integración, tal y como se propone con el control de convencionalidad al ser sobre las normas internas de un país respecto la aplicación de normas externas del mismo y amparadas por la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por tanto, y viendo que surge el control desde una sentencia, es que no podemos dejar de valorar lo que significa la jurisprudencia para la institución del control de convencionalidad, la cual se ha ido consagrando progresivamente a nivel internacional.

En lo que respecta al régimen interno, la jurisprudencia de nuestros tribunales no ha desconocido el control de convencionalidad, sino que muy por el contrario, lo ha ido recogiendo progresivamente a partir del precedente del caso Almonacid Arellano. Es así como vemos que se recoge este control, por ejemplo, en el llamado “caso Molco”[3] ante nuestra Corte Suprema.

Haciendo una breve reseña a este caso, el día 23 de diciembre de 1973, dos carabineros (Paulino Flores Rivas y Rufino Rodríguez Carrillo) irrumpieron en el Fundo Molco de Chonshuenco, en la comuna de Panguipulli, dando muerte a miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M.I.R.). En primera instancia se absuelve a los involucrados al haber prescrito la acción penal. Se apela a este fallo en la Corte de Apelaciones de Valdivia, quien confirma la sentencia de primera instancia. Ante esto, se deduce recurso de casación en el fondo.

La Corte Suprema acoge el recurso de casación y dicta sentencia de remplazo. En ella se alude al control de convencionalidad, dado que el tipo de crímenes cometido por Flores y Rodríguez constituye un crimen de lesa humanidad el cual tiene el carácter de imprescriptible según falló la Convención Americana. En esta sentencia de remplazo se alude al caso Almonacid Arellano que antes precisamos, ya que tiene similares supuestos, como por ejemplo, la muerte de una persona en manos de un agente del Estado. Ambos serían, en definitiva, crímenes de lesa humanidad, los cuales tienen el carácter de imprescriptibles, por tanto no tiene lugar en ellos ni la posibilidad de ser amnistiados ni alegar la prescripción de la acción penal a su favor.

La decisión en cuestión sólo alude al control de convencionalidad en cuanto a que cita el caso Almonacid Arellano, no entrando nuestra Corte Suprema en el fondo de dicho control, resolviendo, en definitiva, que el decreto ley número 2.191 del año 1978 (llamado también “ley de amnistía”, como señalamos anteriormente), “carece de efectos respecto de crímenes de lesa humanidad, habiéndose vulnerado por los órganos del Estado de Chile los artículos 8 y 25 en concordancia con el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos”[4].

Podemos entender entonces, que de los hechos relatados y la relación entre ambos casos, la Corte Suprema admite las decisiones de la Corte Interamericana de modo comparativo, e incluso vinculante, ya que demuestra con la sentencia del caso Almonacid Arellano un claro lineamiento, el cual busca que se integre en el orden nacional, considerando, en palabras del profesor Humberto Nogueira, que “el derecho convencional internacional de derechos humanos se integre y forme parte del parámetro de control de constitucionalidad que exista en el respectivo país, de acuerdo a su sistema de constitucionalidad previsto constitucionalmente”[5].

Otros fallos dentro de nuestra jurisprudencia también aluden al control de convencionalidad. Un ejemplo de esto es la sentencia de nuestra Corte de Apelaciones de Santiago, rol número 1.211 del año 2002 (denominado en la doctrina como “Caso Muller”), el cual en su considerando 26 hace una copia textual del considerando 124 de la sentencia del caso Almonacid Arellano, entendiéndose, como antes señalábamos, que se reconoce el control en cuanto a que dicha resolución genera un lineamiento a seguir por nuestros tribunales. Sin embargo, la Corte en el considerando 27 de dicha sentencia, alude a las responsabilidades internacionales de Chile respecto los tratados que circunscribe. Bajo este planteamiento se cita la resolución del caso Almonacid Arellano, ya que al reconocer el control, se le obliga a que los tribunales lo realicen, teniendo en cuenta para sus fallos los criterios adoptados mediante convenciones internacionales, las cuales tienen el carácter vinculante para la toma de decisiones. En este mismo sentido, de forma previa, en el considerando 26 de la aludida resolución, se consagra la responsabilidad del Estado de ser consecuente con las normas de la Convención Americana, otorgándole ésta, a quien se sintiera vulnerado en la aplicación, un derecho de reparación (incluso), el cual legitima más aún la responsabilidad del Estado.

En el presente caso, y a modo de contextualización de lo antes mencionado, entablan la demanda don Rudolph Muller y Sonia Muller contra el Fisco de Chile, además de interponer una demanda penal a los responsables de la desaparición de Jorge Muller y su novia, Carmen Bueno. Lo relevante de la sentencia es la alusión que se hace al fallo Almonacid Arellano, como antes señalábamos, el que se cita en el considerando 3 del Caso Muller, haciendo referencia al considerando 153 del caso Almonacid Arellano, el cual indica: “153. Que, aun cuando Chile no ha ratificado dicha Convención, esta Corte considera que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como categoría de norma de Derecho Internacional General (ius cogens), que no nace con tal Convención sino que está reconocida en ella. Consecuentemente, Chile no puede dejar de cumplir esta norma imperativa”. La sentencia, además, menciona al control de convencionalidad como obligación a realizar por los tribunales chilenos, señalando, en esta circunstancia, al considerando tantas veces señalado 124 del caso Almonacid Arellano. El fallo también alude a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su sentido en lo que se refiere a responsabilidad internacional.

Una sentencia más reciente, y que también alude al control de convencionalidad es la emanada por la Corte Interamericana en virtud del caso “Atala Riffo y niñas versus Estado de Chile”.

Contextualizando el caso en cuestión, surge la contienda al margen de un procedimiento sobre la tuición de las hijas de la señora Atala; procedimiento solicitado por el padre de las niñas en contra de Karen Atala Riffo, por considerar que su orientación sexual (homosexual) y su convivencia son la actual pareja generarían un daño a las menores. Al margen de este proceso, el tribunal en el cual se conocían los hechos (Juzgado de Menores de Villarrica) decidió conceder la tuición provisoria al padre de la menor (cabe destacar que este hecho es contrario a nuestro ordenamiento jurídico, donde es la madre quien tiene en primeros términos la tuición de los menores), retirando a las niñas del hogar en el cual habitaban, que era en la casa de la madre, la señora Karen Atala.

Bajo este contexto, se acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se tuvo que resolver la responsabilidad internacional del Estado por el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que habría sufrido la señora Atala debido a su orientación sexual en el proceso judicial mencionado.

En la sentencia, la Corte declaró a Chile responsable internacionalmente por haber vulnerado el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la vida privada, la garantía de imparcialidad, por sólo mencionar algunas.

Respecto al caso mencionado, respecto el control de convencionalidad tenemos tres considerandos en los cuales se cita a dicha institución.

En primer lugar, en el considerando 182 indica la “obligación de ejercer ex officio un control de “convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana (de parte de los jueces y órganos que administran justicia); (…) los jueces y órganos (…) deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”[6]. En este sentido, vemos que la sentencia impone el control de convencionalidad de forma obligatoria a los Estados, debiendo generarse una armonía entre la Convención Americana, su interpretación y las normas internas de cada Estado.

Por su parte, en el considerando 283 se remite a mencionar los tribunales que se han referido y donde se ha aplicado el control de convencionalidad, citando entre éstos a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, la Suprema Corte de la Nación de México, la Corte Suprema de Panamá, entre otras

Y para finalizar, el considerando 284 de la misma sentencia antes aludida concluye que “con base en el control de convencionalidad, es necesario que las interpretaciones judiciales y administrativas y las garantías judiciales se apliquen adecuándose a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal en el presente caso. Ello es de particular relevancia en relación con lo señalado en el presente caso respecto a la proscripción de la discriminación por la orientación sexual de la persona (…)”[7]. Es en este apartado en donde se señala la importancia de la interpretación de lo que consagra textualmente la Convención Americana, atribuyéndole así un carácter más práctico de lo que son las garantías y lo que abarcan más allá de lo literal.

Es posible concluir preliminarmente que el fenómeno que citamos hace unos párrafos atrás de las comunicaciones transjudiciales tiene perfecta cabida, toda vez que el sistema interamericano, como tal, propende a que se genere una armonía entre las normas internacionales y nacionales, la cual es posible observar mediante la aplicación del control de convencionalidad, que permite que dichas comunicaciones funcionen y se genere Derecho nacional, propio de cada Estado, consecuente con la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación de ésta, sistematizando y unificando un régimen jurídico en virtud de las garantías constitucionales garantizadas por dicha convención internacional, la cual genera un lineamiento a seguir para las normas internas de cada país.


Reseñas:

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile,  de 26 de septiembre de 2006.

[2] NOGUEIRA, Humberto (2001) p.18.

[3] Corte Suprema de Justicia, Rol Nº 559-04, de 13 de diciembre de 2006.

[4] ZÚÑIGA, Francisco (2007) p. 525.

[5] NOGUEIRA, Humberto (2001) p.36.

[6] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Karen Atala y niñas vs. Chile, 24 de febrero de 2012.

[7] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Karen Atala y niñas vs. Chile, 24 de febrero de 2012.

 

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