La ancianidad, más que un proceso biológico, un Derecho Humano

Adulto mayor

Autora: Paulina Aguirre Leverton.

15 de abril de 2015


Estamos en un país en que la pirámide poblacional va en tendencia hacia el envejecimiento, donde nuestros adultos mayores cada vez ocupan un lugar más importante dentro de nuestra sociedad – siendo un número no menor de la población -, son un grupo que para el ejercicio digno y efectivo de sus derechos, deben recurrir a prácticas no gratas (filas en consultorios, conseguir bonos para pagar sus cuentas y medicamentos, etc.). Un ejercicio de los derechos, el que como el de la mayoría de las personas – y con mayor necesidad – debiese  estar normativamente regulado y no ser un ruego de atención.

Por lo cual, el rol del Derecho adquiere gran importancia por ser considerado el ente que entrega las normas correspondientes para determinar las condiciones sociales y valorativas que deben ser respetadas en relación con  nuestra tercera edad.

Así nos encontramos en un país, más aun, en una región cultural, donde el denominado adulto mayor pareciese ser más una carga que un aporte, donde se les limita constantemente. Ejemplo de aquello, es no permitiéndoles acceder a los empleos de manera fácil, se les jubila – con una pensión indigna para muchos -, y se les cobra significativamente por el acceso a la salud.

¿No es eso, acaso una violación al derecho a vivir dignamente consagrado en nuestra constitución?

Los dejamos a la deriva de la caridad, y uso esta palabra para hacer énfasis de una realidad, tenemos una infraestructura para atenderlos a nivel nacional muy débil, en la cual, si un anciano no cuenta con el apoyo de su familia, pese a que sufre un cambio importante tanto biológica como  patrimonialmente, y es, con el transcurso de los años, una realidad que sus necesidad irán en aumento. El no contar con instituciones más solidas es, reitero, dejarlos a la deriva de la caridad.

Por lo que la pregunta más evidente que surge es ¿donde están los derechos de los ancianos?

Los derechos de los ancianos se encuentran dispersos en varias normativas, pero no podemos reconocer claramente un estatuto que nos muestre una visión general del anciano.

Podríamos decir que los encontramos dentro los llamados DESC (derechos económicos, sociales y culturales) que en nuestra sociedad son de limitada eficacia y que se les busca dotar de un contenido concreto permanentemente. Por otro lado surgen las llamadas nuevas instituciones de protección del adulto mayor. Conocidas en Chile son el SENAMA a nivel gubernamental, y los diversos programas que tienden a incluir a los mismos o reducir el impacto de su exclusión dentro de nuestra sociedad, como son los programas de vacaciones, los subsidios, etc.

Dada esta realidad es que se presenta la necesidad de crear lo que en algunas legislaciones se ha buscado incluir, como el llamado“ Derecho de la ancianidad”, el cual se encargue de superar todas las problemáticas que afectan a la tercera edad,  encaucen sus ideas y superen sus limitaciones Un derecho en el cual se entremezclen las más variadas ramas del derecho, y que estén orientadas a un desarrollo integral de nuestros ancianos.

Ahora bien, para que se acepte en nuestro país la creación de una rama, o se legisle con más énfasis  sobre este tema, debemos concientizar que el hecho de  llegar a la vejez no es solo un problema biológico sino que engloba todos los derechos de una persona, por lo que debe ser una realidad enfrentada como una política de Estado integrada en sus diversas áreas (salud, cultura, economía, etc.).

Aunque nos pudiese parecer un poco extraño- o mas bien ajeno-, existe legislación en materia internacional aludida al tema, sobre todo en materia de  Tratados Internacionales de Derechos humanos, incluyendo algunos  ratificados por Chile que consagran de manera directa o indirecta el deber de protección y los derechos de los ancianos. A manera ejemplar el artículo 17 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal sentido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica, y en particular: a) proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación, atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismo; b) ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; c) estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos”. Ratificado por nuestro país el 6 de mayo de 2001.

Un ejemplo seguir en Latinoamérica es Costa Rica, que cuenta con una ley de la ancianidad. Otro es Argentina, país que posee en su consagración constitucional sobre el particular, en su artículo 75 inciso 23: “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce de los derechos reconocidos por esta Constitución y los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad “.

Ahora bien, esta fue una modificación realizada recién en 1994 por lo que podemos decir que es una “reforma en pañales”, pero que de todas formas da señales de una buena intención de política gubernamental hacia la protección integral de la tercera edad.

Por tanto es necesario enriquecernos de los avances legales de nuestros vecinos y dar aplicación concreta y real a los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país, más aun, en una materia tan sensible como lo es la protección de quienes formaron la identidad de lo qué es hoy CHILE.

 

14 Comentarios
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