La acusación particular sin previa formalización.

En Chile, los particulares, pueden continuar la persecución penal, cuando el Ministerio Público desiste de hacerlo por su cuenta.  En estos casos el persecutor estima que no existen antecedentes suficientes para continuar. Sin embargo, hay que comentar algunas cuestiones a la aplicación de esta facultad, por ejemplo, cuando el Ministerio Público, ha comunicado decisión de no perseverar sin mediar formalización de la investigación.

En primer lugar debemos decir que los tribunales han aceptado la aplicación del art. 258 del Código Procesal Penal en esas circunstancias, lo que es atentatorio al debido proceso, porque es inverosímil e incoherente , que una investigación, donde ni siquiera se ha formalizado, pase a la acusación, tomando en cuenta que el investigado, probablemente no ha solicitado diligencias. Consideremos además que el fiscal dirige la investigación, lo que implica dejar al imputado en indefensión. Se debe agregar, que bajo estas circunstancias no se puede aplicar del principio de congruencia, así que en una eventual sentencia condenatoria, no hay uniformidad de hechos entre la formalización, la acusación y el fallo, porque la primera no existe.

Esta perspectiva es profundamente errónea, altera el principio de oficialidad del ejercicio de la acción penal pública, concedido por el Constituyente al Ministerio Público, consagrado en el artículo 83 de la Constitución. Aquella autorización de acusar particularmente, viene a desvirtuar lo dispuesto por nuestra Carta Fundamental.

Para no incurrir en este vicio la parte querellante debe pedir la aplicación del artículo 186 del Código. La norma establece que “Cualquier persona que sea vea afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente, podrá pedir al juez de garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueren objeto de ella” y en estos casos la persona afectada sería la víctima, ya que ella más adelante no podría deducir acusación. La actitud correcta, es forzar en primer lugar la formalización, para que la parte querellante solicite posteriormente el forzamiento de la acusación. Si no se actúa de esta forma, la defensa puede alegar la excepción de previo y especial pronunciamiento, contemplada en la letra d) del artículo 264, es decir, la falta de autorización para proceder criminalmente, cuando la Constitución y la ley lo establecen.

Otra interpretación, convierte la acción penal pública, en acción penal privada. Esto no concuerda de ninguna forma con el principio de oficialidad, que entrega al ministerio público la facultad de ejercer la acción penal pública.

Soledad Avilez Decap

3 Comentarios
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