La Acusación Constitucional: ¿Vulnera el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica?

Constitucion

Autor: José López

25 de junio de 2014


El artículo 52 número 2 de la Constitución señala que es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados formular una acusación constitucional contra personas que allí señala con taxatividad. Después, una vez formulada ésta, conocerá como jurado el Senado en conformidad al artículo 53 número 1, determinando si aprueba o no la respectiva acusación mediante una resolución, que conlleva como sanción la destitución del cargo y la inhabilitación para optar a cargos públicos, sean éstos de elección popular o no por un plazo de 5 años, a la respectiva persona.

Ahora bien, veamos a continuación por qué la acusación constitucional atenta contra los estándares mínimos exigidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente los artículos 1, 2 y 23 de la misma.

¿Vulnera el artículo 23 de la Convención? Sí, porque señala dicho precepto que todo ciudadano tiene los derechos políticos, entre otros, de votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Mientras que en el número 2 del mismo artículo, señala que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente, en proceso penal. En este sentido, cuando la persona es sancionada por el Senado con la suspensión del ejercicio de su derecho de sufragio pasivo, no lo hace mediante una sentencia penal ejecutoriada, sino que a través de una declaración política. Por consiguiente, queda claramente demostrado que vulnera el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica.

Cabe preguntarse ahora, ¿por qué vulnera las obligaciones generales de la Convención que deben ser adoptadas por todo Estado Parte?

¿Por qué vulnera los artículos 1 y 2 de la Convención? Porque el artículo 1 de la misma señala que es obligación de todo Estado Parte la de respetar y garantizar los derechos asegurados convencionalmente. En esta perspectiva, el Estado de Chile no cumple con esta obligación, por cuanto no garantiza que la inhabilitación para optar a cargos públicos de elección popular o no sea en virtud de una sentencia penal ejecutoriada. Y por otra parte, viola la segunda obligación general, que es aquella que dice relación con que todo Estado Parte tiene el deber de adecuar su ordenamiento jurídico y conductas a las obligaciones convencionales, por cuanto el Estado no ha modificado su ordenamiento jurídico a lo que exige la Convención Americana en relación al artículo 23.

Conclusión. El Estado debe garantizar los derechos contenidos en la Convención y adecuar su conducta a las obligaciones de la misma, para que de esta manera cumpla a cabalidad con sus obligaciones convencionales, porque una vez que se ha ratificado un tratado internacional debe cumplirse y de buena fe, de acuerdo a los principios Pacta Sunt Servanda y Bonna Fide contemplados en los artículos 26[1] y 31.1[2] de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, respectivamente.

Asimismo, la conducta (acción u omisión) de cualquier agente estatal que sea contraria a lo que dispone el Pacto de San José, podría conllevar la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

Propongo los siguientes ajustes para que el Estado de Chile asegure y garantice los estándares mínimos exigidos convencionalmente. ¿De qué manera?  Que las personas objeto de una acusación constitucional, una vez que el Senado ha declarado su culpabilidad en juicio político, con la consecuencia que ello conlleva, esto es, que la persona declarada culpable es sancionada con la destitución del cargo y la inhabilitación para optar a cargos públicos, sean éstos de elección popular o no por un plazo de 5 años, no sea interpuesta por un órgano político sino que por un órgano de derecho (tribunal de justicia), permitiendo al mismo tiempo, que la persona pueda hacer valer los recursos efectivos que contempla el ordenamiento jurídico. Todo lo anterior aseguraría las obligaciones generales de todo Estado Parte de la Convención, cumpliendo efectivamente con los estándares mínimos que exige el mismo tratado internacional.


[1] 26. “Pacta Sunt servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

[2] 31. Regla general de interpretación. 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

 

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