INSTITUCIONES DEL NUEVO PROCESO CIVIL: “La caducidad del procedimiento”

 Autor: Ignacio Avendaño Leyton

Como sabemos, el estudio de la caducidad generalmente se analiza dentro del ámbito del derecho sustantivo, al estudiar los modos de extinguir las obligaciones, específicamente, al comparar la caducidad con la prescripción extintiva o liberatoria. En efecto, aparentemente, ambas instituciones suelen confundirse pero hacerlas equivalentes sería un grave error.

En este entendido, es menester señalar que la teoría de la caducidad es de desarrollo más bien reciente y se presenta en los casos que la ley establece un plazo para ejercitar un derecho o ejecutar un acto, de manera que si vencido el plazo no se ha ejercitado el derecho o ejecutado el acto, ya no puede hacerse posteriormente; es una institución muy relacionada con el plazo fatal, ya que precisamente éste se caracteriza porque a su vencimiento ya no puede válidamente ejecutarse el acto (artículo 49 del Código Civil).

No obstante lo anterior, nuestro legislador no reglamenta la caducidad, como lo hace, por ejemplo, el Código italiano, bajo el nombre de decadencia, pero tanto la doctrina como la jurisprudencia nacionales reconocen ampliamente su aplicación cada vez que se da la circunstancia señalada; ejercicio de un derecho, ejecución de un acto, entablamiento de una acción dentro de un término prefijado, pasado el cual ya no es posible intentar ni realizarlos.[i]

En efecto, en numerosas situaciones se hace referencia a la caducidad como una sanción por no ejercer un derecho o no ejecutar un acto o ejercerlo extemporáneamente quedando, en consecuencia, ineficaces. Como ejemplos pueden citarse la Ley de Letras de Cambio y Pagarés, que prevé el “perjuicio de la letra”; la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, que establece la caducidad si el cheque es presentado a cobro fuera de los plazos por ella regulados; el Código de Minería, el que la regula para los casos en que en los trámites de constitución de una pertenencia minera no se haya cumplido con los requisitos; el Código del Trabajo, el que en su artículo 168, prescribe que: “El trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente o que no se haya invocado ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgado competente, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare”, entre otros.

En definitiva, el legislador recurre a la caducidad cada vez que desea que determinadas situaciones jurídicas se consoliden definitivamente en los términos, generalmente breves, que establece.

Ahora bien, la caducidad se ha definido doctrinariamente como la extinción “ipso iure” de la facultad de ejercer un derecho o celebrar un acto, por no haberse ejercido o realizado dentro de un plazo de carácter fatal que la ley establece.[ii]

Por su parte, nuestra jurisprudencia ha señalado que la caducidad es “la extinción de un derecho por el incumplimiento del interesado, dentro del término estipulado, de las obligaciones que se le imponen expresamente por la ley pertinente”.[iii]

En su sentido natural y obvio, la caducidad la entendemos como la extinción de una facultad o de una acción por el mero transcurso de un plazo configurado por la ley como carga para el ejercicio de aquellas y, refiriéndose, a la caducidad de la instancia, significa, terminación de un proceso por falta de actividad de la instancia.[iv] Precisamente, éste último significado es el que hace suyo la Ley de Enjuiciamiento Civil española en sus artículos 236 y siguientes,[v] sin embargo, la caducidad de la ley ibérica es más semejante a lo que actualmente conocemos en nuestro país como el Abandono del Procedimiento.

En relación a lo anterior, cabe hacer presente que el PdCPC no regula ni contempla la sanción procesal del Abandono del Procedimiento, ya que como señala el mensaje del PdCPC, al juez se le otorga un rol protagónico y activo, consagrándose que el derecho de acción y la vigencia del principio dispositivo corresponde sólo a las partes al inicio del proceso, así como en la introducción de las pretensiones y excepciones, entregándose al juez la dirección del procedimiento y el impulso del mismo, facultándosele para que, de oficio, adopte todas las medidas que considere pertinentes para su válido, eficaz y pronto desarrollo, de modo de evitar su paralización y conducirlo sin dilaciones indebidas a la justa solución del conflicto (artículo 3 PdCPC).[vi]

En este entendido, para que proceda la caducidad regulada en el artículo 114 del PdCPC, es necesario que se den alguna de las siguientes situaciones:

1) Si transcurrido el plazo de la suspensión del procedimiento,[vii] ninguna de las partes solicitare al tribunal la dictación de la resolución necesaria para su reanudación, dentro del plazo de quince días, decretándose de oficio la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de los antecedentes.

2) Por la inasistencia del actor a la audiencia preliminar o la inasistencia del demandado respecto de la reconvención (artículo 279 PdCPC).

3) Si ninguna de las partes hubiere comparecido a la celebración de una audiencia preliminar, de juicio o sumaria y ninguna de ellas hubiere solicitado la dictación de la resolución necesaria para su reanudación dentro del plazo de quince días.

4) De oficio, el tribunal la decretará si el actor no le proporcionare los antecedentes necesarios para la notificación al demandado de la resolución recaída en la primera gestión o solicitare las gestiones para determinarlo, dentro del plazo que se establezca, el que no podrá ser inferior a treinta días. Esto es, individualizar el domicilio o residencia del demandado, o de solicitar las gestiones para determinar las condiciones mínimas de la notificación, para proceder a las notificaciones alternativas, como la personal subsidiaria del 93 PdCPC o por aviso del artículo 97 PdCPC. La falta de asumir dicha carga, importa la caducidad.

Cumplidos los supuestos de procedencia o alguna de las situaciones anteriores, entra a actuar el interés público, porque en virtud del principio de juzgamiento sin dilaciones indebidas, el PdCPC dispone la caducidad del proceso y no el abandono del procedimiento.

Se trata de caducidad porque opera de pleno derecho, “se decretará de oficio” por el juez, debiendo el tribunal constatarla y “se ordenará el archivo de los antecedentes”, como dispone el artículo 114 PdCPC. En consecuencia, se ha dicho que la realización de un acto posterior no sanea la caducidad. [viii]

Al contrario, la figura del abandono del procedimiento vigente en el Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC) gira en torno al interés privado, ya que se trata de una sanción que importa sólo al demandado, por lo que cumpliéndose el plazo de 6 meses sin que se diese curso progresivo a los autos, sólo a petición de parte procede que se lo declare (artículo 153 CPC), sin que el juez pueda hacerlo de oficio. En consecuencia, si el demandado realiza cualquier acto que no tenga por objeto alegar su abandono, se considerará renunciado este derecho (artículo 155 CPC).

Ahora bien, en cuanto a los efectos de la caducidad, no se entenderán extinguidas las acciones o excepciones de las partes por la declaración de caducidad del procedimiento, pero éstas perderán el derecho a continuar el procedimiento caducado y de hacerlo valer en un nuevo juicio. Subsistirán, sin embargo, con todo su valor, los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos, v. gr., si se ha transado parcialmente sobre un tema del litigio, este mantendrá su valor en el proceso, a pesar de la caducidad.

Por último, el PdCPC contempla otras situaciones de caducidad, estas son:

i.-  Caducidad de la medida cautelar prejudicial. En la resolución que conceda la medida, el tribunal establecerá un plazo para que se presente la correspondiente demanda y la solicitud de la mantención como cautelar de la prejudicial decretada. Este plazo no será superior a treinta días.

Si la demanda no es presentada en el plazo señalado por el tribunal, en ella no se solicita la mantención de la medida prejudicial como cautelar o el tribunal al resolver sobre esta petición no la mantiene, la medida decretada caducará de pleno derecho. Además, se presumirá legalmente doloso o abusivo el actuar del peticionario, pudiendo el afectado demandar la responsabilidad en la forma prevista en el artículo 177. En caso de que no se hubiere presentado oportunamente la demanda, el plazo previsto en el inciso segundo del artículo 177 se contará desde el vencimiento del término concedido para dicho efecto (artículo 196 PdCPC).

ii.- Caducidad de la ejecución. Si la inactividad en la ejecución se prolongare por un plazo superior a tres años, el ejecutado podrá pedir al tribunal correspondiente la declaración de caducidad de la misma, subsistiendo en todo caso los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos.

Este plazo se contará desde la fecha de la última gestión útil de ejecución realizada luego del vencimiento del plazo para deducir oposición, si ella no se hubiere formulado, o de ejecutoriada la sentencia que rechaza la oposición (artículo 420 PdCPC

[i] ABELIUK Manasevich, René, Las Obligaciones, Editorial Nascimento, N° 1222.

[ii] ALESSANDRI, Arturo y SOMARRIVA, Manuel, Las Obligaciones, Editorial Nascimento, p.457.

[iii]  Sentencia Corte Suprema, 16 de noviembre de 2010, rol ingreso 6153-2010.

[iv] Diccionario de la Real Academia Española, disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=caducidad [última visita 27 marzo 2013].

[v]  Disponible en: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323 [última visita 29 marzo 2013].

[vi] Vid Mensaje N° 004-360 enviado el 12 de marzo de 2012, disponible en: http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=8596&prmBL=8197-07  [última visita 30 marzo 2013].

[vii] Las partes, de común acuerdo y en cualquier estado del juicio, podrán solicitar la suspensión del procedimiento por una sola vez, en cada grado jurisdiccional, y hasta por un plazo máximo de sesenta días (artículo 113 del PdCPC).

[viii] En este sentido, Informe Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, elaborado para la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión del Proyecto de Ley que crea el Código Procesal Civil, Boletín 8197-07, en Primer Trámite.

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