Hacia una jerarquía expresa de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos

derecho constitucional

Autor: José López.

14 de mayo de 2014


Como se sabe, en nuestra Carta Fundamental nos encontramos con tres realidades:

En primer lugar, no hay un reconocimiento expreso a la jerarquía que poseen los tratados internacionales sobre derechos humanos, aunque algunos intérpretes plantean que la reforma de agosto de 1989, que modificó el artículo 5° inciso segundo de la misma, le otorga un reconocimiento implícito al rango normativo. En segundo lugar, el texto constitucional establece un catálogo de derechos humanos que no es taxativo, por cuanto no sólo son aquellos consagrados en el artículo 19°, sino que este catálogo se ve complementado con aquellos derechos que emanan de la naturaleza humana y los reconocidos en diversos pactos internacionales que recaen sobre la misma materia. Y en último término, en nuestra preceptiva constitucional no existe ninguna disposición que obligue a los operadores jurídicos a interpretar las normas sobre derechos fundamentales en conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es a la primera de esas realidades que quiero referirme en esta columna.

La Constitución Política se refiere a los tratados internacionales en diversas normas, a saber: los artículos 5° inciso 2, 32 n° 15, 54 n° 1 y 93 n° 1 y n° 3, sin embargo, ninguno de dichos preceptos señala de manera explícita la jerarquía que estos instrumentos poseen en nuestro ordenamiento jurídico. La interpretación de esta controversia ha correspondido, por lo tanto, a los tribunales de justicia, los cuales lamentablemente no han dado una respuesta uniforme.

Nuestra Corte Constitucional ha pasado por diversas etapas de evolución jurisprudencial para determinar cuál es la jerarquía que poseen los tratados internacionales sobre derechos humanos. En la primera de ellas (1980-1989), la Magistratura consideraba que los tratados internacionales tenían la misma jerarquía y valor que la ley. En una segunda etapa (1989-1994), consideró que éstos tenían un rango supra legal. En una tercera etapa (1994-2005), el Tribunal Constitucional determinó que éstos tienen una jerarquía por sobre la legislación interna. Y la última fase (2005-actualidad), la Magistratura reconoce en algunas materias una jerarquía constitucional a dichos instrumentos internacionales.

Por otra parte, es cierto que la doctrina nacional ha señalado que los tratados internacionales sobre derechos humanos poseen un rango normativo equivalente al de nuestra Carta, en virtud de la interpretación formulada al inciso segundo del art. 5° de la Ley Suprema.

A mi parecer, puesto que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional ha sido vacilante y no nos da una respuesta uniforme sobre la materia, debiese agregarse al artículo 5° inciso segundo la siguiente oración: “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes (los cuales poseen en nuestro ordenamiento jurídico el mismo rango que la Constitución)“.

Determinar la jerarquía de las normas que contienen derechos en los pactos internacionales sobre derechos humanos responde a la idea de dar una respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la posición que éstos ocupan en la pirámide normativa? Pero ¿por qué es relevante saber aquello? Es relevante tanto para dar coherencia al sistema normativo nacional, como la cuestión de preeminencia normativa, ya que son las reglas técnicas de la jerarquía las llamadas a solucionar un eventual conflicto normativo.

En fin, debiese señalarse expresamente en nuestro texto constitucional cuál es la jerarquía que poseen los tratados internacionales sobre derechos humanos para evitar acudir en respuesta a la vacilante jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia, que fácilmente pueden cambiar de enfoque interpretativo determinando que éstos poseen un rango jerárquico inferior a la Carta Fundamental, lo cual sería inconcebible ya que ante un eventual conflicto normativo prevalecería nuestra legislación interna frente a normas del derecho internacional que garantizan derechos, quedando nosotros sin una protección más efectiva a nuestros derechos fundamentales.

Es de todos conocidos que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es rico en normativa de protección de los derechos de las personas, por lo cual si en nuestra Carta Fundamental se sentara definitivamente la jerarquía que éstos poseen, se obtendría como resultado una mejor protección que merece todo ser humano por el hecho de ser tal, en su más extensa optimización y efectividad. Sólo depende de la voluntad de nuestro legislador dar respuesta a la materia, el cual debe ser consciente que todo el sistema constitucional nacional e internacional tiene por objetivo la protección más efectiva de la persona y sus derechos fundamentales.

 

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