¿Expropiar el Panul?

El Panul constituye una excepción a la regla, al ser un vasto terreno que se niega a perder el contacto con la naturaleza. Está anclado en la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de La Florida, pero de igual forma, y aún rodeado de condominios, villas y comunidades, sigue resistiendo el embate inmobiliario.

Técnicamente es un bosque esclerófilo situado en la Sierra de Ramón, en la pre cordillera capitalina, y de medianas proporciones. Son alrededor de 600 hectáreas de terreno que cobijan diversos árboles y arbustos silvestres, típicos de la zona central. Y como hasta ahora (mientras no se diga lo contrario) se puede visitar y transitar, está la opción de hacer mountain bike o trekking, o simplemente maravillarse con el lugar. Respecto a los accesos, hay más de una entrada para poder ingresar al Panul. La más concurrida y por donde no existen mayores inconvenientes para desplazarse, se encuentra a la altura del paradero 18 de Avenida La Florida (Rojas Magallanes), un poco más arriba del Colegio San Pablo Apóstol. Es ahí donde cientos de ciclistas deciden subir una empinada cumbre donde el terreno pavimentado termina justo en la entrada del parque. Una vez que se llega a la cumbre, se divisa un cartel dando la bienvenida y contándonos escuetamente sobre las especies que se encuentran en su interior. Entre ellos están el litre, el espino, el quillay, el bollen y el guayacán, estos últimos dos en peligro de extinción.

A primera vista, pareciera ser un terreno inhóspito y lleno de tierra donde no hay mayores atractivos salvo una hermosa panorámica del gran Santiago. Pero adentrándonos en el parque, la vegetación se torna más espesa y se ven pequeños arroyos que dan vida a la flora y fauna del sector.

Pareciera ser que la naturaleza es sabia y sabe camuflarse para que no sea intervenida. Hay cercos que acordonan el lugar, ya que hay que tener presente que es un terreno privado por más que se permita el acceso a transeúntes. Pero su propio mecanismo de defensa viene dado por el desorden natural donde conviven las especies. Es parte de un ciclo que con la intervención humana se podría alterar.

Y es que han habido conversaciones y acuerdos entre constructoras e inmobiliarias con la Municipalidad de La Florida para que el Panul pueda ser urbanizado como ocurre en el resto de la pre cordillera.

Los vecinos de este bosque público y comunitario se oponen a estas medidas, dado que el Panul es una importante reserva de vida, y uno de los pocos lugares donde se puede estar en contacto con la naturaleza sin tener que salir de la misma ciudad capitalina.

Por eso han habido una serie de movilizaciones los últimos años, donde los dardos apuntan a primera vista al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Sin embargo este conflicto data hace más de 7 años, donde ningún edil ha tomado una postura clara frente a este tema. Además del descontento de los vecinos floridanos y puente altinos, se suma la Red de Defensa de la Pre cordillera, que ha señalado en más de una ocasión, que nuestro deber es proteger y resguardar un patrimonio natural que pertenece a los vecinos y a la comunidad en general.

Es por eso que una de las demandas principales guarda relación con que el Estado expropie esos terrenos (al ser de propiedad privada), para que queden bajo la administración de la comunidad.

El propietario actual de ese terreno es Vicente Navarrete, quien adquirió ese paño a un precio irrisorio en el régimen militar, esto debido a que la tónica en aquel entonces era traspasar a manos privadas terrenos o empresas del Estado aludiendo a que no habían incentivos ni una preocupación real por dicho terreno (antiguamente pertenecía a la Universidad de Chile).

Para entender las implicancias de llevar a cabo una expropiación tal como lo peticionan quienes participan activamente en la defensa del panul, será necesario ver en que consiste la expropiación, cuál es su alcance y que resultados conlleva.

De partida, la expropiación es un acto del Estado, por medio del cual priva a una persona de su dominio sobre un determinado bien con la finalidad de adquirirlo para sí mismo. Como es un acto que tiene consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas, se necesitan razones de utilidad y necesidad pública, como a su vez, el compromiso del Estado de indemnizar con lo suficiente para compensar aquel detrimento de cesar el ejercicio de su dominio.

Para que esta expropiación se haga en el marco de la ley, debe estar autorizada por una ley especial. En el proceso puede participar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o bien el de Obras Públicas, además de la Municipalidad.

En este caso, como no se quieren ejecutar obras, sino más bien detener la construcción de un conjunto habitacional, lo primero que se hace es hacer un estudio de expropiación, el cual que se inscribe en el conservador de bienes respectivo, además de  publicarse en el diario oficial.

Una vez practicadas estas diligencias, el terreno no puede ser enajenado de ninguna forma. Adicionalmente, se verá obligado a permitir que ingrese el personal a cargo del estudio del terreno, por lo que queda estrictamente prohibido que interfiera en el proceso.

Es relevante saber que se tiene un plazo de 90 días para hacer el estudio, como también para poder designar una comisión de expertos. Esta comisión tiene 30 días para fijar el monto por el cual se estaría expropiando.

Ya fijado el monto y realizado el estudio, se dicta una resolución que ordena la expropiación. Para ello carabineros acudirá o informará al dueño del predio de lo que está por acontecer.

Igualmente existe la opción de reclamar dicha resolución ante el juez civil pero esto implicaría dilatar el proceso. Hay razones de variado tipo pero las más importantes son: declarar que se trata de una propiedad inexpropiable, exigir una expropiación parcial si eso se acordó antes, o bien exigir modificar la resolución al no haber concordancia en el monto y forma de pago de la indemnización.

Una vez que se cancele en su totalidad el monto indemnizatorio, el Estado o el municipio en su caso pasarán a ser los dueños del terreno.

Por lo general, se acuerda la fecha donde se hará la entrega material del paño.

Comúnmente las autoridades terminan por ofrecer un monto mayor al inicial y así acordar la indemnización. Sin embargo, en caso de no llegar a buen puerto, el proceso puede extenderse hasta 1 año sin contar la apelación.

Con esto podemos inferir que la expropiación es un acto que se baraja como última instancia, debido a que no es sencillo expropiar, y los costos pueden ser elevados.

El Alcalde Carter ha ofrecido aceptar sugerencias en cuanto a la modificación del plano regulador de la comuna, sin embargo la comunidad, no ve aquello como una solución definitiva, ya que nadie garantiza que las propuestas serán recogidas, con la finalidad de frenar la construcción del proyecto inmobiliario.

No es lo mismo manejar una expropiación que emitir una ordenanza municipal, por lo que las distintas partes defienden naturalmente sus intereses, los cuales muchas veces se contraponen.

Por otra parte, sabemos que el suelo en la capital se ha disparado ostensiblemente en cuanto su precio, por lo que aquellas mil hectáreas difícilmente serán expropiadas por la municipalidad.

Inclusive, con la entrada de permisos de obras y una serie de inversiones en el sector, el mismo municipio se ve beneficiado pecuniariamente, por lo que es sensato descartar de plano que el Alcalde Carter se la juegue por una expropiación.

Claramente hay una enorme plusvalía en esos terrenos, ya que al situarse en los faldeos de la pre cordillera, en la misma provincia de Santiago y al ser terrenos donde no se le ha dado un trabajo intensivo al suelo, todo se conjuga para que sea un proyecto de inversión inmobiliaria exitoso.

Lo cierto es que cualquier tipo de construcción en el parque constituye un daño ambiental irreparable debido a que existiría un cambio en el uso del suelo, acelerando el proceso de erosión.

Existen varios motivos para querer resguardar el Panul a toda costa, pero es difícil encontrar el mecanismo que permita llevar a cabo el resguardo con el debido celo.

No se ha visto un pronunciamiento de parte del ejecutivo para asumir el costo de expropiar tal terreno, sino que el dialogo o las discrepancias se han dado entre la alcaldía y la ciudadanía.

Si analizamos la definición de expropiación y sus elementos, el parque Panul podría estar perfectamente sujeto a expropiación.

En primer lugar, deben haber dos partes, y las hay; el Estado estaría actuando en representación de la comunidad (no representación como tal sino velando por el interés de ésta). En la otra vereda se ubica Vicente Navarrete, dueño actual del terreno.

En segundo lugar, se busca adquirir el terreno con la finalidad de ejercer el dominio para sí. Esto significa que el Estado pasaría a ser el dueño una vez efectuado el proceso de expropiación. De ahí podría delegar la administración a terceras personas, si es que se busca mantener el carácter al parque de público y comunitario.

En tercer lugar,  se exige que exista cierta utilidad o necesidad pública y aquí claramente la hay. El parque Panul según estudios que se han hecho, no solo sirve como lugar de esparcimiento o para realizar alguna actividad deportiva, sino también al albergar una gran cantidad de vegetación en la precordillera, cumple una función de detener el paso del agua cerro abajo cuando el clima es adverso. Esto ocurre debido a que los árboles absorben el agua que escurre y la mantienen en el subsuelo, generando acueductos que impiden un desborde o una anegación, tal como sucedió en los 90s en la Quebrada de Macul.

Debemos considerar que el parque Panul abarca el sector de Rojas Magallanes hasta Lo Cañas, lugares donde existen condominios y villas cercanas, y en caso de no existir suficiente vegetación la población se expondría a un alud, el cual normalmente tiene consecuencias desastrosas.

Además existe la necesidad de mantener estas áreas verdes intactas, ya que son árboles de la zona y algunos de ellos se encuentran en peligro de extinción por lo que cuentan con la debida protección.

En el último tiempo ha habido una seguidilla de incendios, especialmente en el año 2013, ya que son árboles de fácil combustión y los suelos no son lo suficientemente húmedos para disipar el fuego en forma natural. La protección de nuestra flora nativa es un desafío del cual no puede restarse la región metropolitana, ya que normalmente se cree que la protección corre del sur en adelante.

Por último, se debe determinar el monto de la indemnización. Y es aquí donde se plantea el mayor desafío. Si se establece un precio según las dimensiones del terreno y la plusvalía, el monto ascendería a una cifra cuantiosa. En cambio, si se considera que en aquel entonces el dueño actual pagó un bajo precio por el paño, pero para no afectar su interés debe reajustarse todo se torna más accesible.

El punto es que le es menos rentable al dueño del terreno aceptar la oferta del Estado que la de las inmobiliarias.

Sin embargo, la primera opción la maneja el ejecutivo. Y hay razones de peso para promover la expropiación. Habrá que ver si el Estado está dispuesto a asumir esos gastos por la defensa del medio ambiente y la seguridad de los vecinos.

Estamos al tanto que la resolución que dispone que se ejecute la expropiación es apelable, pero si existen argumentos suficientes para resguardar el parque dado su utilidad y la necesidad pública, la expropiación puede ser una alternativa viable y ambiciosa que tranquilizaría a la comunidad.

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