Explicaciones sobre la ley que Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras.

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La minería genera valor, provee de metales que son indispensables para la vida moderna y contribuye al desarrollo local y nacional. Si bien antes se aceptaba obtener el máximo beneficio económico, incluso dañando en grandes medidas el Medio Ambiente, esa manera de ver y hacer la economía, va en retroceso, los países y sus sociedades han entendido que no es posible desvincular las actividades productivas de una real protección al Medio Ambiente que nos rodea. Se presenta entonces el desafío de cerrar adecuadamente la faena a fin de prevenir  riesgos a las personas y el medio ambiente y de evitar pasivos ambientales.

Los Pasivos Ambientales son aquellos impactos ambientales negativos originados por la actividad humana, en este caso, minera, de alta significancia, acumulado por largo tiempo, con responsable indeterminado o difícilmente determinable, de modo que la sociedad toda, a través del Estado, se constituye en el sujeto de derecho que debe soportar los costos de su mitigación, compensación o restauración.

El 28 de Octubre de 2011 se promulgo la Ley de Cierre de Faenas, ley 20.551 y que entro en vigencia el 11 de Noviembre de 2012. La ley 20.551 significa un aporte a la legislación nacional, ya que hay una gran ausencia de normas que garanticen un correcto tratamiento de los pasivos ambientales, lo que esta ley viene a corregir en el sector de la minería.  El plan de cierre busca prevenir los riesgos producidos por el cese de las operaciones mineras, controlando los eventuales pasivos ambientales que éste puede generar en el Medio Ambiente.

Se define Plan de Cierre como el “documento que especifica el conjunto de medidas que la empresa minera adoptará con el fin de lograr el cierre de su faena e instalaciones en forma ordenada, eficiente, progresiva y oportuna, dentro del marco jurídico vigente, y considerando objetivos propias y adecuados a las características de la faena minera y su entorno, así como una programación global y de detalle de las actividades y sus costos”. La característica principal del Plan de Cierre establecido por la ley de Cierre de Faena es que éste es considerado como un “permiso sectorial” para todos los efectos legales. Lo que en la legislación chilena se entiende como permisos o pronunciamientos cuya emisión corresponde a un órgano de la Administración del Estado, que por su contenido ambiental se encuentran listados en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que respecto de los proyectos o actividades sometidos al SEIA, deben ser otorgados a través de este procedimiento.

Su gran objetivo es la integración y aplicación de todas las medidas y acciones para mitigar los efectos del desarrollo de la industria extractiva minera, en lugares donde se lleva a cabo, a fin de garantizar la estabilidad física y química de los mismos, conforme a la normativa regulaciones ambientales.

La ley 20.551, destaca en su artículo 2 el propósito del plan de cierre de faenas e instalaciones mineras, estableciendo que “el objeto del plan de cierre de faenas mineras es la integración y ejecución del conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la industria  extractiva minera, en los lugares en que ésta se realice, de forma de asegurar la estabilidad física y química de los mimos, en conformidad a la normativa ambiental aplicable. La ejecución de las medidas y acciones de la manera antes señalada deberá otorgar el debido resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente, de acuerdo a la ley.

El plan de cierre de las faenas de la industria extractiva minera es parte del ciclo de su vida útil.

El cierre de faenas mineras se planificará e implementará de forma progresiva, durante las diversas etapas de operación de la faena minera, por toda la vida útil.

El plan de cierre de faenas mineras debe ser ejecutado por la empresa minera, antes del término de sus operaciones, de manera tal que al cese de éstas se encuentren implementadas y creadas las condiciones de estabilidad física y química en el lugar que operó la faena.”

En definitiva esta es una norma de carácter ambiental, pero garantizado a través de instrumentos financieros, lo cual se conjuga con el correspondiente tratamiento tributario de las garantías que se deben constituir.

La aprobación, seguimiento y supervisión de los Planes de Cierre están sometidos al Servicio Nacional de Geología y Minería, ello sin perjuicio de las facultades de aprobación, seguimiento y control otorgadas a la autoridad ambiental en relación a la Resolución de Calificación Ambiental. Esto implica que en algunos casos, los incumplimientos, infracciones o delitos ambientales podrían ser objeto de doble control o sanciones, y es aquello lo que la autoridad administrativa debe evitar que en la práctica se dé este control duplicado, por ello el reglamento que se dicte para complementar la ley coordine correctamente la esfera de competencia de cada autoridad involucrada.

¿Cuáles son los estándares para el cierre?

Estabilidad Física: Situación de seguridad estructural, que mejora la resistencia y disminuye las fuerzas desestabilizadoras que pueden afectar obras o depósitos de una faena minera, para la cual se utilizan medidas con el fin de evitar fenómenos de falla, colapso o remoción. Para los efectos de esta ley se consideran medidas para la estabilización física aquellas como la estabilización y perfilamiento de taludes, reforzamiento o sostenimiento de taludes, compactación del depósito y otras que permitan mejorar las condiciones o características geotécnicas que componen las obras o depósitos mineros. La estabilidad física comprende, asimismo, el desmantelamiento de las construcciones que adosadas permanentemente a la faena minera la aseguren.

Estabilidad Química: Situación de control en agua, en aire y en suelo de las características químicas que presentan los materiales contenidos en las obras o depósitos de una faena minera, cuyo fin es evitar, prevenir o eliminar, si fuere necesario, la reacción química que causa acidez, evitando el contacto del agua con los residuos generadores de ácidos que se encuentren en obras y depósitos masivos mineros, tales como depósitos de relaves, botaderos, depósitos de estériles y ripios de lixiviación.

La empresa minera o el empresario minero, ya sea que lo ejecuten directamente o por intermedio de terceros es el responsable y su incumplimiento genera multas de hasta 10.000 UTM.

La ley constituye un avance para nuestra legislación, que establece una carga importante al sector minero y cumple parcialmente con las recomendaciones realizadas por la OCDE a Chile en materias medioambientales. Es necesario dotar a los organismos públicos relevantes de recursos humanos, técnicos para asumir nuevas funciones que asumirán, se debe capacitar a los funcionarios y regular su actuación, a fin de evitar discrecionalidades, con preferencia en aquellas áreas  en las cuales coexisten atribuciones de organismos técnicos y medioambientales,  a fin de evitar criterios contradictorios.

Para finalizar, en relación a los pasivos ambientales mineros, sean tranques de relave, faenas mineras abandonas y lugares contaminados, Chile está aún bastante al debe, dado que hasta el momento no hay iniciativa legal alguna de regulación o remediación de estos temas, sino solamente escasas evaluaciones ejecutadas por los organismos técnicos.

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