El sistema interamericano, el constitucionalismo y sus amenazas en esta década

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Autor: Manuel Yáñez E.

6 de Junio de 2012


Los continuos incumplimientos de las sentencias de la Corte IDH por parte de algunos Estados centroamericanos, así como por Venezuela, sumadas a las criticas aportadas por parte de Ecuador, Brasil y otros Estados latinoamericanos que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que han alzado la voz en contra del actual sistema interamericano, pidiendo su reforma, en especial para limitar las funciones de la Corte. Claro, la mayoría no encontraríamos razonable una reforma en el actual estado de avance del sistema, pero es sano preguntarse a qué se deben estas críticas y cuáles son los desafíos que debe enfrentar el sistema en su conjunto. De partida la tensa relación entre el Derecho nacional e internacional ha vuelto a relucir su problemática y deficiencias, y es que no puede construirse una teoría del derecho constitucional, sin resolver dicha cuestión. Es así como el olvidado concepto de “soberanía” ha vuelto a sonreírnos y sacar su bandera ondeante, y que por más que señalemos que el derecho internacional de los derechos humanos en principio está por sobre la Constitución de los estados nacionales, sólo basta una decisión política de carácter internacional, emanada y amparada por los estados, para frenar, limitar y hasta hacer retroceder en todo lo avanzado hasta hoy por el sistema interamericano.

Claro está, que el Derecho Constitucional es la rama del derecho que más desarrollo ha tenido en los últimos dos siglos. Es por ello que cada avance que se hace debe ir acompañado de una sólida construcción teórica y siempre contemporizada con la realidad práctica y, en especial, por la naturaleza del Derecho Constitucional, su naturaleza política, pues su función principal es limitar el poder. Esto trae a colación otro problema del sistema interamericano, que es la ejecución y cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH, cierto es que su cumplimiento emana del principio “pacta sunt servanda” consagrado en la convención de Viena, pero ¿cuán exigible son dichas sentencias?, pregunta que cuando la realiza un alumno de Derecho Constitucional a un profesor o ayudante lo pone en más de un aprieto. Señalar que la consecuencia de su incumplimiento es la “responsabilidad internacional del Estado” no satisface la pregunta… Pero claro, todo estudiante de Derecho, asocia a las normas jurídicas su carácter coercitivo, y cuando algo no entra en esta lógica, el asunto se vuelve complejo. Pero esto es parte de la naturaleza del Derecho Internacional, donde su carácter coercitivo sólo se asocia a medidas diplomáticas. Pues en este punto, es en donde se requiere un mayor análisis, respecto de la consideración  de las sentencias de la Corte, pues si su cumplimiento esta entregado a la buena fe de los Estados, su jurisprudencia debe esforzarse en ser lo más prudencial posible para fortalecer el estado de derecho en aquellos estados donde aún es débil y fortalecer su doctrina en todos los Estados del sistema, pero cuando encontramos, que la Corte crea institutos jurídicos como el control de convencionalidad, que hasta el momento otorgan más dudas que certezas, es necesario dudar de aquella prudencia.

En definitiva, la constitucionalización del Derecho Internacional es uno de los desafíos del Derecho Constitucional, en especial en nuestra realidad latinoamericana, donde los procesos de integración económica no han dado resultados parecidos a la Unión Europea, primer paso de la actual integración política que hoy gozan. Entonces, los esfuerzos deben centrarse en salvaguardar el sistema interamericano, y esperar un desarrollo prudencial de éste que se esfuerce en ponderar la realidad y no truncar la protección de los derechos humanos con creaciones jurídicas que pueden terminar por desajustar el delicado equilibrio que hoy mantiene el derecho nacional e internacional.

Pero los desafíos que plantea el Derecho Constitucional no quedan ahí. El afianzamiento de una democracia efectiva, el avance hacia un estado social de derecho, el empoderamiento ciudadano por mayor efectivización de los derechos sociales, la judicialización de la supremacía constitucional  y la respectiva critica democrática. Hacen necesario repensar el Derecho Constitucional a cara de este siglo que recién lleva una década, para finalmente otorgar plena vigencia a los postulados constitucionales “limitar el poder, para dar más libertad e igualdad a las personas”.


[1] Manuel Yáñez Espinoza, Estudiante de Derecho de la Universidad de Talca. Ayudante de Derecho Político y Constitucionalmente de la Pra. Dra. Liliana Galdámez.

 

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