EL PROCEDIMIENTO MONITORIO CIVIL EN EL PROYECTO DE LEY DEL C.P.C.

Autor: Ignacio Avendaño Leyton.

I.- En el Proyecto de Ley del Código Procesal Civil (en adelante PdCPC) se consagra un nuevo procedimiento especial pero que ya era recogido en otras áreas de nuestro ordenamiento jurídico, como lo es, en sede penal y laboral. En este entendido, se destaca en el PdCPC el establecimiento del denominado procedimiento monitorio, el cual es de amplia utilización y exitosa aplicación en el derecho comparado, si bien en cada ordenamiento tiene diversas modalidades.

De acuerdo al mensaje del PdCPC, se trata de un procedimiento indispensable para el adecuado y eficaz funcionamiento del nuevo sistema procesal civil en tanto permite otorgar a las partes una tutela rápida y efectiva para la declaración y cobro de pequeños montos de dinero o prestaciones no documentadas o para los casos en los que el acreedor no cuente con un título ejecutivo perfecto que le permita iniciar un procedimiento ejecutivo.

La eficacia del procedimiento monitorio pasa por la naturaleza declarativa de la sentencia o resolución que le pone fin y que, confiriendo a la parte una sentencia definitiva con eficacia de cosa juzgada y carácter de título ejecutivo, le permitirá iniciar un procedimiento de ejecución posterior.

Atendido que su objetivo es obtener en esta clase de asuntos una tutela rápida, la oposición del deudor por razones de fondo, pone de inmediato término al procedimiento monitorio, debiendo discutirse el asunto en un procedimiento posterior, sumario u ordinario, según corresponda. Por el contrario, si el deudor no comparece o no opone excepciones de fondo, se obtendrá una sentencia declarativa inmediata que permitirá iniciar el cobro del crédito o prestación de que se trate.

De este modo, tomando los resguardos necesarios para que el deudor comprenda las consecuencias que su silencio o rebeldía le pueden acarrear, se pone a disposición de las partes un instrumento sencillo, ágil y rápido que, complementado con el uso y aplicación de herramientas tecnológicas, como la utilización de formularios electrónicos sencillos, permitirá acercar la justicia a los ciudadanos, facilitando el cobro de obligaciones de baja cuantía, las que hoy resultan incobrables, en razón a los altos costos y el tiempo que importa litigar en el actual sistema.[1]

II.- En cuanto a los orígenes de este tipo de procedimiento, el profesor PEREIRA LAGOS nos describe que este se remonta a la Alta Edad Media en Italia, en el siglo XIII, desapareciendo por influencia francesa, reapareciendo sólo a partir del año 1922. Francia lo incorpora a su ordenamiento jurídico el año 1937. En la actualidad la mayoría de los países europeos lo considera como un mecanismo expedito para el cobro de sumas de dinero en forma simplificada.

A nivel de la Unión Europea “la Directiva 35/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de dicho año, se refiere en su artículo 5 al proceso monitorio, aún sin darle esa denominación estableciendo que, los Estados miembros velarán porque se pueda obtener un juicio ejecutivo, independientemente del importe de la deuda, normalmente en un plazo de 90 días naturales a partir de la presentación de la demanda o de la solicitud por parte del acreedor ante el juzgado competente, siempre que no haya habido impugnación de la deuda” . En fecha más reciente, la Unión Europea dicta el Reglamento 1896/2006, por el cual se “establece un proceso monitorio europeo”, el cual se puede utilizar para demandas transfronterizas, manteniéndose los procedimientos especiales de cada país para el cobro al interior de sus fronteras, y comprende un amplio espectro de deudas derivadas de contratos de compraventa, arrendamientos, servicios, laboral, etc .

El desarrollo logrado en los países europeos ha sido dispar, teniendo su mayor expresión en países como Alemania o Austria. “En Alemania más de siete millones de reclamaciones a deudas civiles y mercantiles se tramitan por sus causes procedimentales, y algo similar proporcionalmente sucede en Francia o Italia”.

Independientemente del balance que pueda hacerse del proceso monitorio en Europa, interesa subrayar que su objetivo es evitar juicios innecesarios, cuando de los antecedentes acompañados por el reclamante o demandante –que carece de un título ejecutivo-, se deriva con claridad la existencia de una deuda, y que por lo tanto difícilmente existirá oposición del deudor, entonces no se justifica un proceso declarativo previo, y se desarrolla entonces esta modalidad más expedita, que se encuentra  a mitad de camino entre un juicio ejecutivo y un juicio declarativo. [2]

III.- Conceptualización y características.

En cuanto a su conceptualización, el profesor PERÉZ RAGONE nos enseña que las formas monitorias pertenecen a los procesos simplificados los cuales tienen por objetivo el otorgamiento de un título ejecutivo judicial (sentencia monitoria) en forma rápida, económica y con escasa participación del órgano jurisdiccional;  mediante una previa intimación de pago judicial (aviso de pago y/o requerimiento de pago); contra la cual el requerido no ofrece oposición oportuna y suficiente (técnica del secundum eventum contradictionis); solo en caso de oposición pesa sobre el requirente instar el proceso contradictorio de conocimiento (estructura de la inversión del contencioso).[3]

A su vez, este autor nos indica que las características del procedimiento pueden resumirse en las siguientes:

  1. a) El procedimiento monitorio no se asienta –ni conviene hacerlo– sobre el requisito de la “urgencia/periculum in mora” o de la “verosimilitud del derecho/fumus bonis iuris. No pertenece a los denominados procesos de urgencia. Dicho encasillamiento entorpece el funcionamiento mismo del instituto confundiéndolo inútilmente con mecanismos procesales tales como las medidas cautelares o las llamadas medidas autosatisfactivas.
  2. b) Tampoco es un proceso de ejecución ni se confunde o debe confundirse con este. Es un proceso especial fuera de los procesos de ejecución. Pertenece más bien a una faz cognitiva y no ejecutiva. El objetivo de las formas monitorias es acceder a un título ejecutivo judicial que permita la apertura de la ejecución. Similar al proceso de conocimiento se hace valer una pretensión de contenido condenatorio para obtener un título ejecutivo judicial. El monitorio es el pórtico a la ejecución, no la ejecución misma.
  3. c) No existe una forma única de procedimiento monitorio. Histórica y actualmente no puede hablarse de un “proceso monitorio” por la multiplicidad de manifestaciones desarrolladas desde el siglo V para unos, desde el XIII para otros.
  4. d) No se confunden la técnica monitoria con la condena con reserva. En el monitorio no existe contradictorio ni proceso posterior de conocimiento, sino apenas la posibilidad sobre la base de la decisión única del requerido de oponerse y poder “discutir” la pretensión del requerido en un proceso de conocimiento.
  5. e) Las formas monitorias tienen elementos esenciales que las caracterizan y diferencian como tales, a saber: una técnica o modo de funcionamiento (del secundum eventum contradictionis) y una estructura procedimental propia (inversión del contencioso/inversion du contentieux) (Elementos esenciales).
  6. f) Igualmente pueden existir otros elementos (accidentales) que permitan predicar la existencia de variedades”de formas monitorias. No hacen a su esencia, sino más bien influyen en su funcionalidad. Por ejemplo si se requiere o no prueba documental, si es necesaria una cognición judicial sumaria o no, si es informatizado o no, qué tipos de pretensiones pueden hacerse valer, si está estructurado en una o más fases de requerimiento de pago, etc.[4]

IV.- En relación al ámbito de aplicación del procedimiento monitorio del PdCPC, éste se encuentra reglado en el artículo 539, el cual establece que el procedimiento monitorio sólo podrá ser utilizado para reclamar el pago de obligaciones que, no constando en un título ejecutivo,[5] cumplan con los siguientes requisitos:

  1. Que consistan en una cantidad líquida de dinero o liquidable mediante una simple operación aritmética o en una obligación de hacer una cosa determinada.
  2. Que se encuentren vencidas y sean actualmente exigibles.
  3. Que la cantidad total o la avaluación de la o de las deudas cuyo cobro se solicita no exceda de quinientas Unidades Tributarias Mensuales.

Esta limitación de cuantía no se aplicará tratándose del cobro de obligaciones de dar que consten en títulos de crédito ni de obligaciones de hacer que constando en un documento, consistan en la suscripción de un documento o constitución de una obligación.

  1. Que la deuda cuyo pago se reclama no se encuentre prescrita.

Tal como se puede apreciar, el PdCPC sigue la línea de otros ordenamientos, suprimiendo las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, destacándose este monitorio como un procedimiento especial de naturaleza declarativa, sin base documental, pero con un límite de cuantía de quinientas Unidades Tributarias Mensuales, para el cobro de obligaciones que, no constando en un título ejecutivo, sean líquidas o bien consistan en hacer una cosa determinada, se encuentren vencidas, sean actualmente exigibles y siempre que la acción para cobrarlas no se encuentre prescrita.

V.- En cuanto a los requisitos especiales de la demanda monitoria, estos son: i. La singularización de la deuda que se cobra, una relación precisa de las razones que la explican y la forma, fecha y lugar en que hubiese sido contraída. ii. El valor o cuantía de la obligación. iii. La solicitud de que se requiera al deudor para que en el plazo de quince días pague la obligación, más los intereses y costas que correspondieren y para el caso de que el deudor no pagare, o no compareciere o no formulare oposición, se le tenga por condenado al pago de la obligación reclamada.

Por su parte, no se impondrán las costas al deudor si pagare la deuda y sus intereses dentro de dicho plazo. Eso sí, es menester que el actor acompañe a la demanda todos los documentos que le sirvieren de fundamento.

VI.- Una vez presentada la demanda monitoria el tribunal podrá resolver:

Declarando inadmisible la demanda monitoria, resolución en contra la cual no procederá recurso alguno, salvo la reposición ante el mismo tribunal. El profesor BONET critica enfáticamente esta disposición por cuanto, según él, se habría de otorgar la posibilidad de articular un medio de impugnación eficaz y devolutivo (apelación). De lo contrario, los errores e indebidos rechazos serán difícilmente controlados y subsanados, y no ha de olvidarse que nos encontramos ante materia tan “sensible” como la admisión del procedimiento monitorio y, por tanto, del derecho de acceso a los tribunales con todas las garantías que el ordenamiento jurídico ofrece.[6]

No obstante, la declaración de inadmisibilidad no obstará para que el acreedor demande en procedimiento ordinario o sumario, según corresponda, la misma obligación.

En cambio, si el juez estima que la demanda monitoria cumple con todos los requisitos legales y, en especial, con la singularización de la deuda que se cobra, una relación precisa de las razones que la explican y la forma, fecha y lugar en que hubiese sido contraída, dictará una resolución acogiendo la demanda y ordenando que se requiera de pago al deudor para que en el plazo de quince días cumpla con su obligación, más los intereses y costas. Estableciéndose en la resolución  que en el evento que el deudor: 1) no pagare, o 2) no compareciere o 3) no formulare oposición, se le tendrá por condenado al pago de la obligación reclamada. Esta resolución tendrá la fuerza de sentencia definitiva firme y servirá de título suficiente para su ejecución.

Practicada la notificación de la demanda al deudor se le tendrá por requerido de pago por el sólo ministerio de la ley.

VII.- Actitudes del demandado:

a.- El deudor podrá dentro del plazo previsto para la oposición, pagar lo requerido dando satisfacción total a la deuda, incluidos intereses y costas, caso en el cual el procedimiento terminara. En el caso que el pago fuere parcial, se seguirá adelante el procedimiento por la parte no solucionada.

b.-  No comparecer, en este caso al deudor se le tendrá por condenado al pago de la deuda reclamada.

c.- Por su parte, el deudor dentro del plazo de quince días desde la notificación de la demanda, podrá, por escrito, oponerse a la demanda monitoria señalando los fundamentos de hecho y de derecho de las alegaciones o excepciones que opone. En su escrito, el deudor deberá acompañar los documentos y señalar los demás medios de prueba de que se valdrá en los términos establecidos en el artículo 273 del PdCPC (acompañamiento de prueba documental y ofrecimiento de las otras pruebas en la contestación).

En el caso de litisconsorcio pasivo, es decir, cuando se presente la demanda monitoria en contra de más de un deudor por una misma deuda, el plazo para formular la oposición será común y correrá hasta el vencimiento del plazo de mayor extensión que tuviere alguno de los deudores de conformidad a la fecha y lugar de su notificación.

Ahora bien, si el deudor opusiere como excepción únicamente alguna de las contempladas en el artículo 267 del PdCPC,[7] ella se tramitará como un incidente promovido fuera de audiencia.[8]

En caso de ser acogida alguna de las excepciones opuestas, el tribunal ordenará subsanar los defectos si es posible o dispondrá remitir los antecedentes al tribunal competente cuando se trate de las excepciones de falta de jurisdicción o de incompetencia del tribunal. Si la excepción acogida no admite ninguna de las anteriores alternativas, se pondrá término al procedimiento monitorio.

Rechazadas las excepciones se le tendrá por condenado al pago de la obligación y el procedimiento continuará como si no se hubiese formulado la oposición.

No obstante lo anterior, si se formulare oposición a una demanda deducida en procedimiento monitorio fundada en la falsedad de la firma de una letra de cambio, pagaré o cheque, la tacha de cualquier obligado al pago se tramitará como incidente y corresponderá al demandante acreditar que la firma es auténtica. Rechazada la tacha de falsedad, el procedimiento continuará como si no se hubiese formulado la oposición.

La autenticidad de la firma que se concluya con motivo del rechazo de la excepción sólo tendrá eficacia dentro del procedimiento monitorio.

Tratándose de la oposición fundada en otras excepciones, y sea que se promuevan o no en conjunto con aquellas previstas en el artículo 267, el tribunal declarará terminado el procedimiento monitorio quedando sin efecto de pleno derecho, la resolución que acogió la demanda. La oposición del demandado configurará y delimitará necesariamente el objeto del juicio declarativo posterior que decidiere iniciar el demandante, no pudiendo discutirse en él sobre otras cuestiones diversas a la existencia de la obligación y a las alegaciones y excepciones planteadas por el deudor en el procedimiento monitorio.

Si las otras excepciones a que se hicieren valer conjuntamente con la excepción de falsedad  de la firma en cobro de letra de cambio, pagaré o cheque, el tribunal deberá necesariamente pronunciarse sobre ésta última.

Si se rechaza la excepción de falsedad de la firma, se entenderá que el documento constituye un título ejecutivo que habilitará al acreedor para instar por la vía ejecutiva, y el demandado sólo podrá oponer las excepciones que hubiere hecho valer en su oposición, en la medida que también se contemplen en el artículo 434 del PdCPC. Si se acoge la falsedad de la firma se terminará el procedimiento monitorio.

VIII.- Por último, cabe señalar que en materia recursiva solo será apelable la resolución que se pronuncie respecto de la oposición del deudor.

[1] Vid Mensaje N° 004-360 enviado el 12 de marzo de 2012, disponible en: http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=8596&prmBL=8197-07  [última visita 12 mayo 2013].

[2] PEREIRA LAGOS, Rafael, “El procedimiento laboral en Chile”, disponible en: http://www.derecho-trabajo.cl/Ponencias/RAFAEL%20PEREIRA.doc. [última visita 12 mayo 2013].

[3] PÉREZ RAGONE, Álvaro, “En torno al procedimiento monitorio desde el derecho procesal comparado europeo: caracterización, elementos esenciales y accidentales”, Revista de Derecho, Vol. XIX N° 1, julio 2006, pp. 205-235.

[4] PÉREZ RAGONE, Álvaro, ibídem.

[5] Los títulos ejecutivos se encuentran enumerados en el artículo 418 del PdCPC.

[6]  BONET NAVARRO, José, “El Procedimiento Monitorio en el Anteproyecto de Código Procesal chileno. Algunas consideraciones a partir de la experiencia en derecho español”, Revista de Derecho, Universidad Católica del Norte, 2007, año 14, núm. 1, págs. 43-78.

[7]  Las denominadas excepciones previas son: 1. La falta de jurisdicción o la incompetencia del tribunal; 2. La litispendencia; 3. La ineptitud del libelo por incumplimiento de los requisitos del artículo 253; 4. La incapacidad del actor o la falta de personería o representación del que comparece a su nombre; 5. La falta de constitución de un litisconsorcio necesario, sea activo o pasivo; 6. La prescripción de la acción; 7. La caducidad del derecho; 8. La cosa juzgada; 9. La falta manifiesta de legitimación o interés; 10. El pago efectivo de la deuda; 11. El beneficio de excusión, y 12. Cualquier otro defecto que pudiera afectar la existencia, validez o eficacia del proceso.

[8] Artículo 132 del PdCPC: “Los incidentes fuera de audiencia se plantearán por escrito. El incidentista acompañará toda la prueba documental de que dispusiere y ofrecerá rendir las demás pruebas que estimare pertinente, individualizando en su caso a los testigos y peritos de que piensa valerse e indicando los hechos sobre los que recaerá la prueba ofrecida.

Si el incidente es admitido a tramitación, el tribunal dará traslado de la demanda incidental a la otra parte para que dentro del término de tres días exponga lo conveniente a su derecho, y acompañe y ofrezca la prueba en la forma prevista en el inciso anterior. Si dentro de dicho plazo estuviere programada una audiencia preliminar, de juicio u otra, el demandado incidental podrá solicitar su suspensión, y ella deberá reprogramarse al más breve lapso.

Evacuado dicho traslado o en rebeldía, el tribunal resolverá la incidencia, de estimar que no es necesaria la rendición de prueba adicional.

Si la considerare necesaria, fijará los puntos pertinentes, sustanciales y controvertidos sobre los cuales ella haya de recaer y dispondrá que se rinda en la audiencia más próxima, fuere la preliminar, la de juicio, sumaria u otra que fije al efecto, oportunidad en que se resolverá el incidente.

El tribunal deberá resolver el incidente dentro de tres días de concluida su tramitación”.

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