El Principio Penal de la Proporcionalidad

Nos encontramos, dentro de los principios rectores del Derecho Penal, con un principio, a mi juicio, un tanto postergado por los jueces, poco considerado por el legislador y claramente desconocido para la sociedad en general. Me refiero al principio de Proporcionalidad.

Argumento lo anterior debido a la relación que existe, no solamente por el hecho lesivo cometido por el criminal (en proporción al castigo o pena que merece por la comisión de este hecho), sino que también por ciertas medidas precautorias que son claramente transgresoras de este principio, como lo es la prisión preventiva en ciertos casos, al ser decretadas de por los jueces y la poca relevancia que los legisladores le restan a este principio, al establecer márgenes estrictos al momento de determinar la pena, o muchos métodos procesales que evitan o remiten la pena corporal en justa proporción la actuar delictual, atenuando o dejando sin pena a este transgresor. Para que referirse al vox populi, que al momento de hacer mediática una causa penal de alta connotación social, desean las penas del infierno para el sindicado culpable.

El principio de proporcionalidad consiste, en la reacción del Estado frente a un ataque efectuado a un bien jurídico protegido, socialmente relevante, justificando así una sanción penal. Pero esta sanción no puede ser antojadiza o arbitraria por parte del poder punitivo del Estado, ya que la gravedad de la pena debe guardar estricta relación con el injusto penal, que vulnera a este bien jurídico protegido, determinado por el legislador. En este punto convergen distintos principios rectores del Derecho Penal, como el principio de legalidad, ya que, el hecho determinado por el que se intenta juzgar a este, debe haber estado con anterioridad establecido en una ley Penal, describiendo la conducta a través de un elemento esencial de la Teoría del Delito, la tipicidad.

Notamos que los principios en si no pueden verse como instituciones rígidas e inconexas, esto le da certidumbre jurídica al hecho de privar a una persona de libertad, y el principio de la proporcionalidad, vela por que esta privación no sea excesiva, pero que tampoco sea irrisoria, busca el equilibrio, quizás no matemático, debido a que es imposible, pero si social en cuanto al hecho lesivo y la pena por su realización.

Pero este equilibrio no es caprichoso, y se deben tomar en cuenta ciertos factores al momento de determinar la pena precisa, en detrimento del hecho acaecido que vulnera el bien jurídico protegido; estos son:

La magnitud de la lesión; vinculado a la puesta en peligro del bien jurídico protegido en pos de una convivencia pacífica, legitimando la actividad represiva del Estado. Cercanamente relacionado al principio de lesividad (otra vez nos encontramos con principios Penales convergentes)

La intensidad del reproche a su autor; ha de tenerse presente al momento de determinar la gravedad del castigo estos dos elementos, la reprochabilidad y la intensidad. Volvemos a vincular a un factor con otro principio rector del Derecho Penal, el de Culpabilidad.

Por último, la nocividad social del comportamiento; se ve afectado de forma directa el sentimiento de seguridad y la conciencia jurídica de la sociedad, por la desobediencia del hechor a los mandatos y prohibiciones que establece el ordenamiento jurídico, siendo preponderante para así determinar la pena.

Ahora, estos mandatos se ven disminuidos por la legislación Chilena, dejando un escaso margen al juez para poder aplicar este principio, fijando reglas estrictas al momento de valorar las conductas punibles, a través de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, obviando y modificando las penas para el caso concreto, también citando el caso del artículo 69 del Código Penal donde señala los limites de cada grado en que el tribunal podrá determinar la cuantía de la pena en atención a las circunstancias agravantes y atenuantes y la mayor o menor extensión del mal producido.

A la luz de este análisis de la proporcionalidad, cabe consignar, que el principio en sí, es bastante relegado ya que no es aplicado en su máxima expresión y se ve atenuado por las normas estrictamente establecidas por el legislador penal.

A su vez, se debe entender este principio como una garantía del imputado frente al poder punitivo del Estado, ahora en relación a las medidas cautelares, como por ejemplo, la prisión preventiva, ¿Se da una correcta aplicación de esta institución?, ya que en los casos de privación de libertad por esta medida, y que terminan con personas tras las rejas durante la investigación de un delito; y a la resolución de esta investigación, se determina que la persona privada de libertad es inocente. Me hace preguntar ¿Esta medida fue proporcional?

Ahora, en relación a las garantías procesales Penales, que obviamente tienen presupuestos establecidos por la ley, ¿se hacen proporcionales, en estricta relación, con la seguridad social y la conciencia jurídica de la sociedad en relación a la nocividad social del comportamiento del hechor?; dejando en claro que los beneficios procesales no están establecidos para todos los delitos, pero aun así, generan cierta incertidumbre en el colectivo de la sociedad.

Entonces esta demás preguntarse el por qué la sociedad no es capaz de entender el principio de proporcionalidad, ya que ellos simplemente ven salir fácilmente de la cárcel a los imputados sin ir a una razón jurídica más de fondo.

Habrá que preguntarse entonces de quien es el problema; ¿la mala aplicación del principio?; ¿El poco interés de la política criminal en la manifestación de este?; o ¿la percepción de inseguridad de la sociedad frente a un sistema que se le hace imposible entender?

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