EL PRINCIPIO DE CELERIDAD EN LA LEY 20.720: Celeridad v/s eficiencia, a dos años de la vigencia del nuevo Sistema Concursal Chileno

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Alejandro Wladimir Velastegui Gómez[2]

Abogado.

 

La Ley 20.720 es el reflejo de una de las anheladas reformas que propuso y concreto el Gobierno de Sebastián Piñera, poniendo fin a la regulación del Sistema Concursal que establecía el Libro IV del Código de Comercio. Por cierto, podemos decir que fue una verdadera meta legislativa, toda vez que su tramitación sólo duró 18 meses, lo que demuestra que se trató de un trabajo arduo pero no reposado ni acabado, con falta de reflexión sobre sistemas concursales comparados y de las Instituciones y procedimientos que establece. Así, la Ley de Insolvencia y Emprendimiento preceptúa o no –establece o no- diversos mecanismos que acabaron con –supuestos- procedimientos largos, costosos y estigmatizados por su complejidad técnica y falta de soluciones oportunas al sistema económico chileno. A consecuencia de lo anterior, uno de los ejes principales de la reforma concursal es dar una solución eficaz al derecho fundamental de desarrollar negocios o libertad a  la actividad económica, proponiéndose, entre otras, como carta de solución la eficacia de los procedimientos (y de las instituciones) mediante la inspiración e inclusión del principio celeridad. Celeridad, por cierto, que pretende tener procedimientos más agiles y eficientes; la entrega de herramientas que permitan a los emprendedores desprenderse rápidamente de negocios fallidos y reiniciarlos; permitiendo a su vez a los acreedores recuperar sus acreencias (o parte de ellas); de igual manera,  establece la posibilidad de  reorganización empresarial siempre que sea viable y exista colaboración por parte de los acreedores, y en caso contrario se otorga una solución inspirada en la entrega de herramientas idóneas para asegurar que el negocio sea liquidado en el menor tiempo posible[3] teniendo siempre como objeto el resurgimiento de una nueva iniciativa económica en el menor tiempo posible, con el propósito de que el desarrollo de la economía no se afecte, sino que se vea impulsada mediante instituciones que propendan a renacer aceleradamente la libertad y actividad  económica.

Teniendo en consideración uno de los ejes del nuevo sistema concursal y sus dos años de vigencia, se analizará si el camino escogido mediante  el establecimiento del principio de celeridad es el adecuado para los fines que propone la Ley 20.720, si ha solucionado los –supuestos- tiempos largos del antiguo sistema concursal, y en suma, si la aplicación de la celeridad ha sido eficaz mediante los procedimientos establecidos en la nueva legislación.

I. Manifestaciones del principio de celeridad 

en la Ley 20.720.

 La prescindencia de la insolvencia en la reorganización: Uno de los principales motores que ha optado el legislador para establecer la celeridad en el proceso es mediante su ámbito de acción, permitiéndose resolver a los deudores sus compromisos con sus acreedores. Es así que ante la insolvencia como base para la liquidación y permitir al deudor defenderse que dicha circunstancia no existe, se debe a que la normativa establece causales objetivas en razón de la celeridad –rapidez- que pretende el procedimiento. Pues, de esta manera se refleja y admite en un procedimiento omitir –prescindir- como supuesto –hecho a probar-la insolvencia, pues en caso contrario prolonga el objeto del proceso: la reorganización, independiente de su causa pero siempre que sea viable; Autorizándose de esta manera al deudor formar parte de una reorganización empresarial y obrar con mayor rapidez en el proceso sin necesidad de determinar si es o no insolvente.

Por su parte, lo referente a la oposición del deudor se manifiesta actualmente con nuevas aristas, que de una u otra manera se oponen a la situación que establecía el Libro IV del Código de Comercio[4], el cual el deudor aprovechaba aquella instancia para deducir incidencias, excepciones y defensas con el objeto de evitar la dictación de la sentencia de quiebra[5]. Sobre la justificación de esta aparente excepción al principio de bilateralidad, el antiguo procedimiento de quiebra se fundó en un modelo de contradictorio postergado, en que la fase de discusión y conocimiento se reservó para el recurso especial de reposición[6]. En aquella oportunidad de oposición los datos proporcionados por el deudor solo podían ser considerados como datos ilustrativos con la obligación del juez de “cerciorarse por todos los medios” de la efectividad de la o las causales invocadas[7]. Independiente de todas las interpretaciones que se puedan realizar a la antigua oposición del deudor es dable considerar que aquella norma era objeto de diversas críticas en atención que la celeridad que se pretendió y plasmo en el antiguo proceso, pues vulneraba –u omitía- el debido proceso tras infringirse el derecho a defensa del deudor[8].

Pese lo dicho, en el nuevo sistema concursal se ocupa de proteger, al menos en esta etapa, el debido proceso, permitiendo el derecho a la defensa mediante la aplicación del principio de celeridad que se pretende. Se pretende, porque de cierta forma igual su celeridad conlleva a situaciones extralegales, como veremos. Así, es dable detenernos a analizar la posibilidad que la empresa deudora se oponga por escrito a la demanda de liquidación, entre otras[9], dando lugar al juicio de oposición[10], siempre que se cumpla con los requisitos legales y el juez conste su cumplimiento; de no cumplirse, se dictará la resolución de liquidación[11]. La sentencia que falla la oposición manifiesta de igual manera la celeridad en el proceso, toda vez que si se rechaza en conjunto debe dictarse la sentencia de liquidación de oficio por el Tribunal. Pese al esfuerzo del legislador de apurar la dictación o no de la resolución de liquidación, presumimos desde luego una celeridad extrema que puede conllevar al juez y las partes marginarse del texto legal dispuesto, toda vez que, si bien se protege el derecho a la defensa, los plazos y la forma en que deben desarrollarse las audiencia que forman parte de esta etapa procesal (audiencia inicial, audiencia de prueba y audiencia de fallo), resultan complejas por la cantidad de materias que deben analizarse por el Tribunal en cada una de ellas. A mayor abundamiento, entre otras situaciones, se dispone que la Audiencia de Fallo debe realizarse diez días hábiles después del “término” de la Audiencia de Prueba y no del “día” de la Audiencia, lo que podría dar paso a que el tribunal lleve a cabo esta audiencia en días sucesivos y no en una única oportunidad, dilatándose así el procedimiento, propinando que la praxis otorgue soluciones extralegales en su desarrollo, dada la dificultad que se ha presentado para cumplirlas todas en los plazos legales. A esto se debe tener presente que las materias concursarles son de competencia de los jueces de letras, los cuales no tienen la especialidad y conocimiento necesario –ni menos la infraestructura y personal- adecuado para dar cabal cumplimiento a los plazos, o mejor dicho la celeridad que se pretende con los plazos legales establecidos[12].

La celeridad y el sistema de recursos de igual manera se manifiestan en el nuevo sistema concursal, regulándose expresamente recursos de reposición, apelación y casación. Así, es tal la celeridad que se exige, que los litigantes deberán estar correctamente preparados, con los antecedentes suficientes ante una eventual reposición, toda vez que si bien el artículo 4 de la Ley 20.720 no lo expresa, lo cierto es que esta impugnación deberá ser deducida verbalmente y en la misma audiencia, lo que significa una excepción a las reglas generales[13].  Por su parte, la apelación no ha dejado estar exenta de críticas y llama la atención la manifestación de la celeridad en esta materia. Así es, pues la apelación permite que su vista y fallo tenga preferencia en la agregación de la tabla siendo una manifestación más que “requiere” la celeridad que informa el procedimiento concursal. Al respecto el Máximo Tribunal se ha manifestado cuestionando la preferencia que se ha otorgado en esta materia, señalando que “respecto a las agregaciones extraordinarias  y preferencias… ellas deben ser reservadas sólo para casos excepcionales, cuya necesidad de solución inmediata sea equivalente a la requerida en la acción de amparo o protección, situación que hace cuestionar que en materia de quiebra –a pesar de su importancia– sea necesario establecer tal preferencia”.[14]

 La protección financiera concursal. Es de gran avance que el procedimiento concursal de reorganización se iniciará mediante solicitud de la empresa deudora, gozando de esta manera de protección financiera concursal, no pudiendo solicitarse ni declararse su liquidación, ni iniciar ejecuciones de cualquier clase o restituciones en los juicios de arrendamiento[15][16].  Ahora, la reorganización tiene por objeto producir los efectos requeridos, es decir, potenciar la reorganización sobre la liquidación, pero se puede comentar y observar que el plazo de protección financiera concursal es muy acotado. Ahora, este plazo, de 30 dias, puede ser prorrogado, pudiendo solicitarse por la parte deudora a los acreedores prendarios o hipotecarios una prórroga de la protección financiera concursal (30 días también prorrogables)[17]. Sin perjuicio del gran avance comentado, la celeridad establecida en esta materia mediante los plazos regulados no son suficientes para obtener las aprobaciones requeridas para el acuerdo de reorganización, priorizándose en esta oportunidad la celeridad del proceso frente a la rehabilitación del deudor de poder conservar el negocio, existiendo un choque de principios que motivaron la nueva legislación concursal, y que por cierto ponen en duda si la celeridad adoptada es la adecuada para alcanzar los fines que inspiraron el nuevo sistema concursal.

 II. La Jurisprudencia[18] v/s celeridad.

¿Cómo se computan los plazos de los procedimientos en Sede administrativa?

Los plazos, y en especial los tiempos de demora que pretenden la Ley en análisis son reflejo propio de la celeridad que pretende regir los procedimientos concursales. Es así que al comienzo de la vigencia de la Ley 20.720 se suscitó un conflicto interpretativo: cómo debe aplicarse –entenderse- el artículo 7, toda vez que en el se expresa: “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días domingos y feriados, salvo que se establezca que un plazo específico es de días corridos”. Ahora, la duda interpretativa surge tras implementarse procedimientos que pueden ventilarse ante sede administrativa de Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, debiendo intervenir la jurisprudencia administrativa fin de que se pronuncie si aplicar las reglas de cómputo de plazos que contiene la Ley N° 19.880 a las actuaciones, inherentes a procedimientos administrativos, se deben o no aplicar ante procedimientos que se deben ventilar ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.  Ello es de vital importancia, hablamos del tiempo –plazos- en que se desarrollaran los procedimientos en la instancia administrativa, algo de suma importancia para efectos de verificar si en aquella oportunidad rige la celeridad en que se sustenta la Ley 20.720. Así las cosas, el objeto del análisis se centra básicamente si el día sábado debe ser o no considerado día hábil para efectos de llevar a cabo las diligencias, trámites, actuaciones u otro requerimiento en aquel día. Sin la necesidad de abundar, se resuelve por parte de la Contraloría que los días sábados no pueden ser considerados días hábiles, debiendo suscitarse los procedimientos administrativos entre los días lunes y viernes, considerándose para estos efectos el día sábado, domingo y festivo como días inhábiles. Las razones son, al parecer, claras y se centran principalmente en los artículos 1, 2, 25[19] de la Ley 19.980, de igual manera fluye lo resolutivo por los dictámenes N°s.20.119, de 2006 y 1.084, de 2014, los cuales, en suma, determinan que la Ley 19.880 (apoyados en sus articulo 1 y 2°) se aplicaran de manera supletoria siempre y cuando se disponga de un procedimiento especial y cuyas normas sean conciliables “con la naturaleza del respectivo procedimiento especial”. Al cabo, se concluye que la norma en cuestión –artículo 7 de la Ley 20.720- si bien se encuentra dentro del capítulo “de las disposiciones generales” la Contraloría señala “la regla que contempla no atiende a la manera como está estructurado el funcionamiento de la entidad recurrente, y en definitiva carece de una regulación especial al efecto, por lo que procede acudir a las normas supletorias que regulan los procedimientos ante la Administración, con el objetivo de alcanzar una interpretación que dé sentido a su preceptiva”. Es decir, en definitiva los procedimientos administrativos solo podrán desarrollarse durante el funcionamiento del Organismo, debiendo considerarse el día sábado como día inhábil para todos los efectos. Lo anterior, sin duda es controvertido a la celeridad que se busca, no existiendo antecedente de discusión en la Historia de la Ley al respecto, demostrándose falta de discusión y madurez en el desarrollo y praxis al establecerse este tipo de procedimientos; debiéndose haber preceptuado un procedimiento especial administrativo acabado, totalmente regulado, a fin de evitar la supletoriedad de la Ley 19.880 y de esta forma cumplir con la celeridad pretendida en toda instancia: administrativa y judicial.

III. Critica

En conformidad con el Mensaje del Ejecutivo[20], uno de los propósitos de la nueva regulación es entregar las herramientas necesarias para propender al desarrollo económico del país, mediante la entrega de una regulación legal concursal responsable y colaborativa a la ciudadanía, y a su vez despegarse del plano internacional concursal secundario en el que se encontraba, o se encuentra, el País[21].

Las reformas procesales en el país se han centrado en que deben existir procesos transparentes, verbales, rápidos, eficaces y económicos, con el propósito de cambiar el paradigma de la justicia en la sociedad. Ello, al parecer se propuso tácitamente en el nuevo sistema concursal, pero escudándose de dar mayor garantía al desarrollo económico y laboral de la nación. Sea cierto o no, la celeridad que se refleja a lo largo del texto legal en análisis cae en la praxis en soluciones extralegales o se debe recurrir a Instituciones ajenas para que se pronuncien y coordinen el sistema concursal con el ordenamiento jurídico (…).  Es correcto que se pretenda mediante la celeridad el resurgimiento de la libertad económica, pero para para la eficacia es del todo necesario que las herramientas y procedimientos por sobre la celeridad se deben centrar en llegar prontamente a él de manera correcta y sin entorpecimientos que provoquen dilación innecesaria.

A dos años de vigencia de la Ley 20.720, el Sistema Concursal necesita reposo, madurez y que la praxis detecte las falencias y sus consecuencias en la celeridad propuesta a lo largo del texto legal, con el objeto de que se solucione la rapidez y eficacia que se pretenden en los nuevos procedimientos e instituciones concursales.

Esto no significa que el sistema este mal planteado. La idea de generar procedimientos oportunos y rápidos dan mayor seguridad a la economía, lo cual fortalece el bien común. Pero como todo sistema nuevo e innovador necesita la reflexión necesaria por todos los sectores (sociales, políticos, económicos, jurídicos, etc) para que las finalidades de la misma Ley sean las correctas y se concreten en su totalidad eficazmente. De esta manera, se evita la secuencia sucesiva de reformas legales que solo otorgarían inseguridad e inestabilidad económica al País. Por lo dicho, los procedimientos breves no se han cumplido a cabalidad en su esencia, ya que la celeridad se refleja pero no se plasma mediante la concreción efectiva total de las finalidades del nuevo sistema concursal chileno, demostrándose en ciertas ocasiones que el privilegio de la celeridad ha ocasionado injusticias.

Bibliografía

 

                SANDOVAL LOPEZ,  RICARDO (2006): “DERECHO COMERCIAL INTERNACIONAL”,  TOMO IV, 5ta edición, pp. 71.

                RAFAEL GÓMEZ y GONZALO EYZAGUIRRE (2004): DERECHO CONCURSAL: EL JUICIO DE QUIEBRA, Editorial Jurídica de Chile, 3era edición, pp. 252-254.

                GOMEZ BALMACEDA y EYZAGUIRRE SMART (2011): “EL DERECHO DE QUIEBRAS”, Editorial Jurídica, pp. 177 – 178

                PUGA VIAL, JUAN ESTEBAN (2014), “DEL PRECEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN”,  Cuarta edición actualizada (2014), pp. 9.

 

JURISPRUDENCIA

  • Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol Nº 1239, de 22 de enero de 2009.
  • Dictamen número 2800, año 2015, Contraloría General de La Republica. Fecha 13 de enero de 2015

 

OTRAS FUENTES

  • Mensaje de S.E. el Presidente de la Republica Sebastián Piñera Echeñique, mensaje 081-360. Cuenta en Sesión 21. Legislatura 360. Fecha 15 de mayo, 2012. Historia de la Ley 20.720.
  • Oficio Nº 59-2012 de la Corte Suprema, de 27 de junio de 2012. Historia de la Ley 20.720.

 

 [1] El análisis propuesto reflexiona la celeridad en diversas disposiciones de la Ley 20.720, se comenta brevemente la intervención de jurisprudencia admnistrativa que ha reflexionado conflictos de interpretación y por último se critica la eficiencia de la celeridad presentada.

[2] Abogado.  Alumno Magister en Derecho LLM-UC. Correo electrónico: awvelastegui@uc.cl.

[3] Mensaje de S.E. el Presidente de la Republica con el que se inicia un proyecto de ley que crea una nueva legislación concursal mediante la Ley de Reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la Superintendencia del Ramo. Fecha 15 de mayo, 2012. Cuenta en Sesión 21. Legislatura 360. Mensaje 081-360

[4] artículo 45 inciso 2º Libro IV CCom, según el cual “La audiencia  del deudor sólo tendrá carácter informativo, no dará lugar a incidente, y en ella éste podrá consignar fondos suficientes para el pago de los créditos que hubieren servido de base a la solicitud de quiebra y las costas correspondientes, en cuyo caso no procederá la declaración de quiebra”.

[5] Sandoval López (2006), T. IV, p. 71.

[6] Puga Vial (2004), T. I, pp. 253-254.

[7] Gómez y Eyzaguirre (2011), T. I, pp. 177-178. Para estos autores, la intervención del deudor puede  asimilarse a la del deudor que se apersona al juicio ejecutivo antes de la dictación del mandamiento de ejecución y embargo, conforme al artículo 441 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil.

[8] Véase Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol Nº 1239, de 22 de enero de 2009 (requerimiento de inaplicabilidad de Agrícola Lago Dial Limitada respecto del artículo 45, incisos primero y segundo, de la Ley de Quiebras, en la causa Rol Nº 61.308-2008, del 30º Juzgado Civil de Santiago, caratulada “Agromas S.A. con Agrícola Lago Dial Limitada”). En dicha sentencia, se señala que “el precepto impugnado no impide el derecho de defensa y prueba del deudor, sino que lo limita temporalmente en el último aspecto. La audiencia le permite formular todas las alegaciones que le resulten apropiadas, incluidas las que versen sobre la existencia de la obligación, la eficacia del título o la insolvencia. La plena actividad probatoria de las partes está restringida por la ausencia de un término dentro del cual rendirla, que es sustituida por la obligación del juez de cerciorarse, por todos los medios a su alcance, de la efectividad de la causal invocada, lo que permite al deudor proporcionar los antecedentes que, de manera auténtica e irrefutable, en esta fase habiliten al tribunalpara formarse la convicción de que es improcedente la declaratoria de quiebra”.

[9] Artículo 284 de La ley 20.720, establece las actitudes que puede adoptar el deudor en la audiencia inicial.

[10] Articulo 121 y siguientes de la Ley 20720.

[11] Artículo 123 de la Ley 20.720.

[12] Al respecto es dable considerar que se delegó a la Corte Suprema dictar un Auto Acordado para la correcta  -adecuada- distribución de las demandas concursales, y por su parte se instruyó a la Academia Judicial el otorgamiento a los jueces de proporcionar los conocimientos necesarios para la especialidad que requiere la nueva legislación concursal.

[13] Por ejemplo, artículos 125, 131, letra d), 190 Nº 5, 204 letra b) y artículo 219 de la Ley 20720.

[14] Véase Corte Suprema, Oficio Nº 59-2012, de 27 de junio de 2012, que informa (desfavorablemente) el Proyecto de Ley que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo (Boletín Nº 8324-03).

[15] Artículo 57, n° 1 de la Ley 20.720.

[16] La situación descrita pone a la nueva legislación chilena en una vereda similar a las avanzadas en materia de estructuración. Véase Automatic Stay de la legislación de los Estados Unidos de América en su Chapter 11.

[17] El artículo 58 de la Ley 20.720, establece en este caso, que los acreedores hipotecarios y prendarios que presten su apoyo para la prórroga de la Protección Financiera Concursal no perderán su preferencia y mantendrán el derecho a impetrar medidas conservativas

[18] Dictamen número 2800, año 2015, Contraloría General de La Republica. Fecha 13 de enero de 2015.

[19] El articulo 1 regula las bases del procedimiento administrativo, y añade que en el evento de que la legislación establezca procedimientos administrativos especiales, esa ley se aplicará de manera supletoria; El art. 2 determina para estos efectos que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento queda sujeta a la Ley 19.880; el art. 25, regula los plazos en los procedimientos administrativos, norma central para zanjar la discusión.

[20] Mensaje del ejecutivo número 081-360, de fecha 15 de mayo de 2012. Cuenta en Sesión 21. Legislatura 360.

[21] Conforme al doctrinario Puga Vial, lo dicho en el Mensaje de la Ley falta de precisión, toda vez que señala que el proceso de liquidación de activos y distribución de su producto entre los acreedores  no llega al año. Lo que ocurre es que el estudio aludido media las duraciones desde la declaración de quiebra hasta la aprobación de la cuenta definitiva el síndico, y esa medición es doblemente errada. Las cuentas se retardaban años por asuntos administrativos y por el interes de algunos síndicos de rendirla en épocas en que ya nadie estuviere pendiente del proceso. Puga Vial, Del procedimiento  Concursal de Liquidación, Ley 20.720, cuarta edición actualizada (2014), pp. 9.

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