El precedente Jurisprudencial en materia Penal

Cuando comenzamos el estudio del Derecho Procesal, dependiendo de los programas curriculares de cada Escuela, pero por lo general dentro de los principios inspiradores de nuestro Derecho Procesal esta aquel en el cual no se reconoce el precedente jurisprudencial, es decir que los jueces son autónomos al momento de dictar sentencias en lo que refiere a otros tribunales y especialmente respecto de sus superiores jerárquicos.

Dicho principio por lo general era cumplido puesto que los recursos de casación en materia civil que solapadamente tenían la intención de que la Suprema Corte unificara ciertos estándares básicos de aplicación del Derecho nunca resulto tan efectivo.

Posterior a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, que en palabras del profesor Tavolari se trata de la nueva columna vertebral del Derecho Procesal Chileno, desplazando así al procedimiento civil, se comenzó nuevamente a estudiar la forma de unificar – aunque se niegue – la jurisprudencia en Chile.

A modo de ejemplo cabe manifestar que en materia laboral existe en recurso de Unificación de Jurisprudencia y en el proyecto de reforma procesal civil existe el recurso especial a que se refiere, que aún carece de título pero se trata de unificación de jurisprudencia. Cabe mencionar que desaparecen los recursos de casación.

En materia procesal penal, aunque no muchos lo adviertan respecto del recurso de nulidad existen tres situaciones en que conoce la Suprema Corte, estos son

Primero, cuando el recurso de nulidad se funde en la letra a) de la causal del artículo 373 del código procesal penal, de competencia exclusiva y excluyente de la Corte Suprema, es decir básicamente en la vulneración de Derechos Fundamentales.

Segundo, cuando se funda el recurso en la letra b) del artículo 373 del código procesal penal y exista discordancia jurídica que emane de fallos diversos de tribunales superiores de justicia y;

Tercero, cuando se funde el recurso de nulidad en diversas causales y una de ella corresponda a conocimiento de la Corte Suprema, por lo que en virtud de su competencia atractiva esta conocerá de todos.

Debemos centrarnos básicamente en la segunda situación, sin perjuicio que a nuestro juicio las tres hipótesis tienen como finalidad la intención de unificar la jurisprudencia.

A más abundamiento, en una rama del Derecho tan íntimamente ligada a las garantías más esenciales del Hombre como lo es el Derecho Penal, nos parece inaceptable cualquier intento de unificación de jurisprudencia, puesto que se habla de la vida y de la integridad física, no del tonelaje en la carga de un buque.

Volviendo al punto en cuestión, cuando existen diversos fallos emanados de tribunales superiores de justicia, nos debe parecer absolutamente entendible que eso pueda suceder, ya que el Derecho Penal es una materia en que con mayor nitidez se debe estar a lo que ocurra caso a caso, tomando en atención diversas variables, incluso, por qué no, el juez sopesar acerca de la necesidad de aplicar la pena o no.

Para Roxin, quien acude constantemente a la política Criminal, el juez debiera ser soberano en orden a analizar caso a caso inclusive sin miramiento a Derecho Positivo y poder fundamentar su decisión en razón de la política criminal.

También debemos explicitar la poca especialización de las salas que conocen de los diversos asuntos penales, ya leí en la semana un comentario de un destacado abogado penalista que se quejaba puesto que en la sala de la corte de apelaciones en que le toco litigar, estaba integrada por tres destacados profesores y jueces civiles, lo cual es inaceptable para, en palabras del conocer de un ‘’complejo caso de materia procesal penal’’

Atendamos a la especialización de nuestros jueces superiores, no basta con dividirlos en sala funcionalmente, sino que en merito a sus conocimientos, y también comencemos a dar más libertad de acción a nuestros jueces.

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