El polémico “Observatorio Judicial”

El año Dos Mil se inicia en Chile el cambio más importante que tal vez haya sufrido nuestra legislación, la Reforma Procesal Penal, con ella de deja atrás el Sistema Inquisitivo antes existente y se reemplaza por uno de tipo Acusatorio, más acorde con los estándares de legislación internacional y las garantías fundamentales que los distintos tratados internacionales establecen. Este nuevo sistema traía como una de sus características y principales novedades la existencia de un procedimiento oral y público, lo que permite a los interesados asistir a las distintas audiencias y también a los medios de comunicación una nueva área que informar. Entonces a medida que ha transcurrido el tiempo y han ocurrido casos con una mayor connotación mediática hemos venido escuchando en materia de seguridad Pública expresiones tales como “Tolerancia Cero”, “Puerta Giratoria” y ahora se ha sumado una última “Observatorio Judicial”. Expresiones todas cargadas de un sesgo crítico y negativo, y con alta repercusión mediática donde se acusa a los jueces de excesivo garantismo, de proteger más los derechos de los “Delincuentes” por sobre los de las víctimas o la ciudadanía, cuestionándose con ello los criterios tenidos en cuenta al decidir.

Cabe hacer presente que parece ser que son solo los jueces penales lo que están siendo cuestionados, ya que nunca se hace mención a la labor de los jueces en materia de familia, los laborales o incluso los civiles, a pesar de los conocidos problemas de nuestra justicia civil, en cuanto a la lentitud del sistema.

Ahora en el contexto de las elecciones presidenciales, un sector político ha propuesto la creación del llamado Observatorio Judicial, entidad que tendría por función hacer un monitoreo y detallado seguimiento de la labor de los magistrados, pero esto no ha quedado en una promesa de campaña, el gobierno la ha acogido y ha anunciado a través del Ministro del Interior que “se abrió un proceso de postulación para asignar el desarrollo de esta nueva entidad, con el objetivo de que esté en funcionamiento antes del fin de la administración de Sebastián Piñera”. A partir de aquí me pregunto, ¿es esto una vulneración a la Independencia del Poder Judicial y al Principio de Separación de Poderes?

Nuestra Carta Fundamental en su Artículo 76 Inciso Primero, establece “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Este inciso consagra el principio de independencia externa del poder judicial, en cuanto, prohíbe expresamente que los otros dos poderes del Estado intervengan en las causas que son de su conocimiento, en este sentido el Artículo 7 inciso primero de la Constitución Política establece “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”. Esta norma está limitando la actuación de los organos del estado acotándola exclusivamente al ámbito de su competencia. Pues bien, pareciera ser que la propuesta del “Observatorio Judicial” si vulnera el principio de la independencia que es el principio máximo de la organización judicial en virtud del cual el ejercicio de la jurisdicción compete exclusiva y privativamente a los tribunales establecidos en la ley, a los cuales, a su turno, no les es lícito mezclarse en las atribuciones conferidas a los demás poderes públicos. Tal independencia permite a los tribunales de justicia conocer y juzgar con exclusividad y autonomía las causas civiles y criminales sin que ningún otro poder del Estado pueda revisar sus decisiones.

Jorge Correa Selamé va incluso más allá y sostiene “La pretendida iniciativa no tiene otra finalidad que incluir a los jueces en una especie de lista negra que, además de exponerlos al escarnio público, sin lugar a dudas influirá en el poder político al momento de efectuar las designaciones de los magistrados en los distintos tribunales y condicionará el ascenso de ellos a los Tribunales Superiores, lo que atenta abiertamente contra el principio universal de independencia de los jueces. A los ya controvertidos mecanismos existentes, en cuanto a la generación de los jueces, se quiere agregar otro para asegurarse que en las causas de interés de las autoridades de turno, los magistrados resuelvan a gusto de ellas”[1].

Con todo esto no estoy sosteniendo, que no deba existir un control y una mayor transparencia, que siempre es buena en todo órgano, pero esta debe lograrse de forma adecuada y no con fines populistas y tan intromisivos que intervengan en la forma en que los jueces toman sus decisiones, las que a pesar de los cuestionamientos son ajustadas a la legislación vigente. Pero esta propuesta no solo es cuestionable desde la perspectiva de la independencia judicial sino de principios como la Presunción de Inocencia del Imputado o la legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad, ya que convengamos que es este el punto en discordia, ya que se cuestiona con afanes mediáticos que los jueces de garantía no están decretando medidas cautelares como la prisión preventiva para aquellas personas que cabrían bajo el ambiguo término de “Peligro para la Sociedad”, olvidándose que el principio rector del sistema procesal penal es la Presunción de Inocencia del Imputado donde según el Artículo 4° del Código Procesal Penal “Ninguna persona será considerada como culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme” y que la medida cautelar de prisión preventiva ya es atentatoria contra este principio y por eso su establecimiento debiera hacerse dentro de estrictos criterios, constituyendo una última ratio.

Pero el argumento de que los jueces de garantía no están decretando la prisión preventiva cuando deben hacerlo, parece no ser cierto ya que según las Estadísticas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) nueve de cada diez solicitudes de prisión preventiva pedidas por el Ministerio Público, fueron otorgadas por los juzgados de garantía de todo el país, entre el año 2006 y octubre de 2013. De acuerdo a los datos entregados por la CAPJ, durante los siete años indagados, los fiscales del Ministerio Público solicitaron -en todo el país- como medida cautelar la prisión preventiva de los imputados en 223.615 casos. De ellas, en 196.104 ocasiones fueron acogidas y decretadas por los tribunales de primera instancia, lo que equivale al 87,69% del total de peticiones[2].

En definitiva, los argumentos que justificarían la implementación de este Observatorio parecen ser más infundados que reales, ya que las estadísticas dicen lo contrario, pareciera ser que se cree que subiendo las penas y llevando a más personas a la cárcel se solucionarán los problemas de delincuencia, el seguir entendiendo y enfrentando la criminalidad de esta forma no sirve, ya que en el último gobierno ha quedado demostrado que este tipo de medidas no tienen mayor resultado si no van acompañadas o mejor dicho antecedidas de reformas más profundas, que no necesariamente tienen que ver con nuestro sistema punitivo, sino más bien con mayor igualdad y mejores condiciones para todos los ciudadanos de éste país, porque solo de este modo se podrá evitar la intervención del Sistema Penal, que acurre cuando todos los otros medios han fallado. Las politicas siempre van dirigidas a intervenir una vez que ya se han cometido los delitos y no se hacen reformas sustanciales que permitan evitar la producción de éstos, ya que los delitos cometidos dicen relación de lo que somos como sociedad, donde se privilegia la propiedad y los bienes de consumo por sobre otros bienes jurídicos, por esto es que la mayor cantidad de delitos violentos cometidos son aquellos que atentan contra el derecho de propiedad. Bueno el debate se encuentra abierto.

[1] Artículo publicado en Blog de la Biblioteca del Congreso nacional [En línea]

<http://bloglegal.bcn.cl/observatorio-judicial> [Consulta: 10 de noviembre de 2013]

[2] Corporación Administrativa del Poder Judicial [En línea]

<http://www.pjud.cl/modulos/Home/Noticias/PRE_txtnews.php?cod=5987&opc_menu=&opc_item=> [Consulta: 14 de noviembre de 2013]

Camila Zapata Molina

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