El Mercado y la actual enseñanza del Derecho Constitucional

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Autor: David Aníbal Ortiz Gaspar

22 de agosto de 2012


¿Existe alguna relación entre el mercado y la actual enseñanza del Derecho Constitucional? Pues dirán muchos de ustedes que es algo forzado decir ello o hasta un sin sentido buscar la relación antes planteada. Desde ya les digo que en el presente caso existe una relación negativa, puesto que de una u otra manera el mercado ha influenciado de manera perjudicial para el Derecho Constitucional.

Como se puede observar en la malla curricular de algunas universidades de nuestro país, el Derecho Constitucional[1] está siendo relegado y en algunos casos se ha convertido en un curso electivo, es decir, en un curso que ya no tiene el carácter de obligatorio, tanto así que algunos alumnos ya no prefieren llevarlo en el transcurso de su formación universitaria. Sobre esto, es pertinente comentarles que hace algunos meses tuve la oportunidad de conocer en el extranjero a un destacado profesor de Derecho Constitucional y me decía tristemente que -en la actualidad- las universidades se están dedicando a ofrecer lo que el mercado solicita y no lo que necesariamente vuestro Estado Constitucional requiere con suma urgencia.

Lo mencionado en el anterior párrafo me hizo reflexionar para realizar el presente artículo, dado que como profesional vinculado al estudio serio del Derecho Constitucional, también me apena que vuestra rama de estudios se esté quedando relegada ante el nacimiento de nuevas especialidades propiciadas por el mercado. Si ustedes observan con profundidad a estas nuevas disciplinas, se darán cuenta que basta con analizar su norma reguladora a fin de dominar dichos cursos, pero eso no sucede con el Derecho Constitucional, y no lo digo porque sea mi especialidad, sino porque el Derecho Constitucional es base y fundamento de todo nuestro Derecho.

Es propicio decir –sin vacilación alguna- que las universidades no son agentes del mercado, dado que tienen otras grandes responsabilidades para con la humanidad, en especial con los jóvenes y futuros profesionales que se están formando, puesto que dichos centros de formación superior tienen como mandamiento principal la de “formar” y no la de “deformar” a sus estudiantes por medio de la enseñanza de conocimientos parciales y mecánicos sobre la realidad que nos rodea.

En décadas pasadas el Derecho Constitucional se ha enseñado con énfasis en nuestras universidades[2], por progresividad, lo ideal sería que en la actualidad dicha enseñanza fuera perfeccionada, pero nos damos con la sorpresa que no hay un progreso considerable en esta materia. Situación contraria sucede en el exterior, si observamos la realidad Norteamericana, vemos que las universidades utilizan buena parte de su presupuesto a financiar cursos sobre Derecho Constitucional, como del mismo modo a capacitar constantemente a sus profesores.

Lamentablemente en los países Latinoamericanos la enseñanza del Derecho Constitucional no se está tomando en serio, pues claro, con la proliferación de diversas universidades que lo único que buscan es lucrar con la enseñanza, se viene dando más énfasis a lo que el mercado requiere. Por ejemplo, en el Perú actualmente la minería es una fuente de recursos que nos ha permitido mantenernos firmes ante la crisis económica internacional. Ante el boom señalado, lo que hacen las universidades es bombardear con diversos cursos sobre Derecho Minero y algunos profesionales rápidamente migran a estas especialidades, dado que en sus razonamientos, el Derecho Constitucional no les permitirá acumular la riqueza anhelada.

Pero lo que no se dan cuenta es que en la actualidad todas las especialidades –sin excepción alguna- se han constitucionalizado, es decir, para que puedan tener validez dentro de nuestro Estado Constitucional tienen que estar conforme a los parámetros establecidos por la Constitución Política. Ante lo referido, es importante hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué varios casos –sobre procesos de inconstitucionalidad- llegan a ventilarse en sede del Tribunal Constitucional? La respuesta es simple, dado que la mayoría de los asesores de los diversos entes que emiten las normas, desconocen diversas instituciones básicas que son estudiadas por el Derecho Constitucional, puesto que únicamente se han dedicado a especializarse en su especialidad.

A modo de ejemplo quiero señalar la siguiente experiencia; cuando laboraba en la Procuraduría Constitucional del Poder Ejecutivo del Perú, junto con la Procuradora Constitucional observamos que el Gobierno Regional de Ayacucho a través de una ordenanza regional[3] estaba dando competencia a los funcionarios de dicha jurisdicción a aplicar el control difuso[4]. Para ganar el caso, nos bastó únicamente tener en consideración algunas categorías básicas sobre Derecho Constitucional, tales como: la naturaleza del control difuso y quienes son los encargados de aplicarlo, etc, dado que conforme a nuestra Ley Fundamental[5] los únicos que tienen la competencia para aplicar el control difuso son los jueces del Poder Judicial y jurisprudencialmente[6] el Tribunal Constitucional ha señalado que también tienen competencia los tribunales administrativos, pero con algunas limitaciones.

De lo señalado se puede apreciar que los funcionarios de los gobiernos regionales no tienen competencia para aplicar el control difuso y así lo ha ratificado el Tribunal Constitucional a través de la sentencia recaída en el expediente N° 0025-2010-PI/TC. ¿Entonces por qué el Gobierno Regional de Ayacucho a través de una ordenanza regional pretendió dar dicha competencia a los funcionarios de su jurisdicción? Como ustedes saben, en temas jurídicos un gobierno regional se guía de una área de asesoría jurídica, ¿qué pasó en el presente caso? ¿Acaso los asesores del Gobierno Regional de Ayacucho desconocían lo referido? Ahí radica la importancia de la enseñanza del Derecho Constitucional.

Ante el panorama nada alentador descrito, es importante destacar la existencia de diversas organizaciones que se dedican a la difusión y estudio del Derecho Constitucional, sinceramente ellos contribuyen a capacitar a los profesionales que han comprendido la importancia del Derecho Constitucional, en el caso del Perú podemos citar a las siguientes instituciones y/o organizaciones: Centro de Estudios Constitucionales (CEC) del Tribunal Constitucional, Centro de Estudios de Derecho Constitucional (CEDC) de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, Constitucionalismo Crítico, Instituto Palestra, Equipo de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Taller de Derecho Constitucional de la Universidad Mayor de San Marcos, entre otros.

Finalmente señalar que las autoridades de las diversas universidades deben reflexionar sobre la problemática planteada en el presente artículo y no dejarse llevar por las “supuestas bondades económicas” que en la actualidad ofrece el mercado, de lo contrario tendremos futuros profesionales que desconozcan la real importancia que tiene para su formación profesional el Derecho Constitucional. Además, no olvidemos que el Derecho Constitucional expresa la unidad de todo el Derecho que conforma nuestro ordenamiento jurídico-constitucional, las demás especialidades únicamente manifiestan la diversidad del universo jurídico, ya que sin el Derecho Constitucional no existiría el Derecho como ordenamiento.


[1] Y otros cursos afines, tales como el: Derecho Constitucional Comparado, Análisis de Jurisprudencia Constitucional, Seminario de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, entre otros cursos.

[2] Aunque años atrás también se le denominó con el nombre de Derecho Público.

[3] Norma con rango de ley, conforme el artículo 200°, inciso 4 de la Constitución Política del Perú.

[4] Un estudio más detallado sobre el caso bajo comento se puede encontrar en: ORTIZ GASPAR, David Aníbal. El control difuso en el Estado Constitucional peruano. Análisis a partir de la STC Exp. N° 00025-2010-PI/TC. Publicado en el N° 50 de la Revista Gaceta Constitucional.

[5] Artículo 138° de la Constitución Política del Perú.

[6] A través del Expediente Nº 3741-2004-AA/TC.

 

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