El Galpón de Piedra.

Durante estas semanas, se ha ido politizando cada vez más el conflicto que tiene detenida la construcción del famoso “Galpón de ATI”. La historia nos remonta a 2011 cuando minera Sierra Gorda SCM decide presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el cual pretendía explotar mineral, transportarlo por tierra (camiones y ferrocarriles) y a través de un minero ducto, en forma de concentrado hasta el puerto de mejillones donde sería acopiado para su posterior comercialización. Más tarde, ya en 2012, decide modificar sustantivamente esto y establece que no construirá minero ducto alguno, ni se encargará de transportar el concentrado. Ahora, serían empresas contratistas las que ejecutarían esas obras por su cuenta y riesgo. Todo ello plasmado en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Hasta aquí todo parece ir en regla. Empero, hubo un cambio significativo, ya que ahora el concentrado no sería transportado hacia mejillones, sino que  iría al Puerto de Antofagasta. Mientras tanto, la empresa portuaria de ATI (Antofagasta Terminal Internacional S.A.) presentaba una DIA para ejecutar las obras relacionadas con el acopio de este concentrado que recibiría del proyecto minero ante dicho.  En síntesis, ¿No debía haberse efectuado todos estos cambios mediante un EIA? Lógico, si lo que la empresa Minera Sierra Gorda SCM hizo fue modificar la línea de base, que conforme a la ley 19.300 es “la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución”. ¿Cuál es la importancia de esto? Claramente, la ley busca abrir el espacio para que opere el principio preventivo del derecho ambiental, que sigue el viejo adagio de “Mejor prevenir que curar”. Lo anterior, es el argumento que utiliza la corte de apelaciones de Antofagasta para dejar sin efecto todas las RCA (Resolución de calificación Ambiental) favorables a estos proyectos, dejando en foja cero las modificaciones.

Conveniente es que explique el porqué de insistir con la necesidad de contar con un EIA.

En alguna columna anterior, me he referido a la participación ciudadana en los procedimientos administrativos de calificación ambiental. Precisamente, la línea de base es la que determina la zona en la cual se debe abrir un proceso de participación ciudadana. Lo cual implica que se hagan publicaciones en el Diario Oficial como en medios locales. Con la DIA, el SEA solo tiene la obligación, conforme al Art. 30 de la ley 19.300 inciso final de publicar una lista de todas las DIA presentadas en el mes anterior, por una sola vez. En cambio, cuando se trata de un EIA se publica un extracto individual de aquél, que es una obligación del titular del proyecto, tanto en el Diario oficial como en uno de circulación regional. De tal forma que es mucho más fácil para el ciudadano común imponerse del contenido de un EIA que de una DIA. Además, de acuerdo con el art.30 bis inciso primero, cuando se trate de un proyecto iniciado por DIA y que genere cargas ambientales, podrá – facultad- abrirse un proceso de participación ciudadana. ¿Qué entendemos por carga ambiental? La misma ley lo establece en este mismo artículo, de la siguiente forma: “Aquellos proyectos que generen beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su construcción u operación”. Esto en circunstancias que los EIA siempre deben ser sometidos a este proceso como requisito esencial para su adecuada tramitación.

Entonces, ahora debemos cuestionarnos ¿Si debía abrirse un proceso de participación ciudadana en este caso en el que se ha presentado una DIA? La respuesta será la siguiente: depende. ¿De qué depende? De la autoridad administrativa, ello porque la ley solo lo faculta y no lo obliga a iniciarlo en estos casos. Por ende, no comete infracción alguna la autoridad al no decretarla.

Ahora bien, ¿Es esto conveniente? Pareciera que no. Si se hubiese abierto un proceso de participación ciudadana probablemente – no lo podemos saber a ciencia cierta- no se habría judicializado este proyecto y se hubiese corregido dentro del mismo procedimiento administrativo.

La conclusión hasta aquí es solo una: mejorar el SEA. Es abrumador, al revisar el expediente de estas DIA que solo la SEREMI de medio ambiente presta atención al proyecto. Las demás reparticiones públicas responden con un mero, efímero, desinteresado y hasta indolente, “Conforme sin observaciones”. Quizás ello sea la causa basal del denominado “problema”- que para la ciudadanía no lo es- de la judicialización. Ya tendré en otras columnas la oportunidad de referirme a aquello.

Finalmente, debemos esperar ahora el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre este caso y enseguida continuar con el análisis de este “invitado de piedra” que ATI insiste en convidar a nuestra ciudad.

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