El Derecho Penal en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. STC Rol N° 1191-08 (19/05/2009)

Nuestra carta fundamental sufrió el año 2005 uno de los cambios más grandes en nuestro ordenamiento jurídicos. Uno de los órganos más modificados fue el Tribunal Constitucional, punto en el cual muchos autores han dicho que con esta reforma estamos en presencia de un “nuevo” Tribunal, no sólo en cuanto a la designación de sus integrantes, sino que también en cuanto a su competencia y el valor de sus declaraciones.

Una de las decisiones en las cuales se ha referido el Tribunal Constitucional en materia penal es –de hecho es una de las más interesantes de analizar – se refiere al principio de legalidad y como en algunos cuerpos legales puede verse vulnerada la norma constitucional. En efecto, el principio de legalidad – nullum crimen, nulla poena, sine lege– es uno de los pilares fundamentales de la ciencia penal, es más, su principal integración se remite a que toda ley penal emane de un órgano legislativo democráticamente electo. En otras palabras, lo que se exige es que solo la ley tipifique la conducta punible. Esta exigencia responde a que al legislador le corresponde no solo la tipificación, sino que también la valoración de los bienes jurídicos a tutelar y que esa tutela se haga mediante normas jurídico-penales.

El caso que salta a la vista es el Art. 215 del Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del 2006 del Ministerio de Economía, que tipifica el “hurto de energía eléctrica” que dice a la letra:“El que sustrajere energía eléctrica, directa o indirectamente mediante conexiones clandestinas o fraudulentas, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 446 del Código Penal.

En los casos de reiteración, se procederá en conformidad a lo prevenido en el artículo 415 del Código”.

Si miráramos la norma tal cual, la inconstitucionalidad salta a la vista de forma notoria, sobre todo si tomamos en cuenta que la Constitución excluye de la delegación legislativa todas aquellas materias relacionadas con garantías fundamentales, entre las que se halla el principio de legalidad (Art. 64 Constitución).

El Tribunal Constitucional, tomo en consideración que el principio de legalidad implica exigencias materiales, como la taxatividad, la irretroactividad, etc., pero también una exigencia formal, de que la norma haya sido originada en un proceso legislativo, en que el legislador sea efectivamente el que valore el bien jurídico y la tutela del mismo. Luego, expone que los DFL son prácticas constitucionales reconocidas desde 1925, pese a no estar contempladas en la Carta fundamental de ese año. A través de esa práctica aparentemente inconstitucional, los tribunales le otorgaron plena validez jurídica.

Esta judicatura incorpora una variante bastante especial al señalar que la interpretación debe propender al máximo respeto y promoción de los derechos fundamentales, armonizándolos con la garantía de un adecuado funcionamiento del Estado democrático de derecho, por lo que la aceptación de validez de los Decretos con Fuerza de Ley que incursionan en materias que les son prohibidas se hará siempre que no lesionen los derechos y libertades fundamentales. Más aun, el Tribunal afirma: “la norma en cuestión…está incorporada en la conciencia jurídica del pueblo como asimismo validada por notables profesores y por la jurisprudencia”.

El principio de legalidad tiene por objeto cumplir ciertos fines, salvaguardando algunos bienes como la seguridad y certeza jurídica que permiten al ciudadano orientar su conducta hacia lo permitido –lo que se denomina la función de garantía del tipo–. Lamentablemente este fallo encierra una lógica un poco riesgosa, los principios bien pueden ser dejados de lado, en tanto al final del día se cumpla con lo que justifica su existencia. Pero lo cierto es que los principios deben observarse rigurosamente, aun a costa de que esa observancia parezca arbitraria o contraproducente.

Finalmente, y como señala un autor, la “invasión del DFL en materia de derechos fundamentales y libertades públicas conculca la voluntad de los constituyentes de evitar su limitación por una minoría, en este caso, el Ejecutivo, mediatizado por su función social de reprimir la criminalidad”. En otras palabras, aún concediendo que se halla a salvo la función garantística del tipo –lo que ya es conceder mucho–, no ha sido el legislador el que ha valorado el bien jurídico protegido, la necesidad de que se tutele penalmente, y la penalidad asignada, etc., por lo que igualmente debería declararse la inconstitucionalidad de la norma.

0 Comentarios

Contesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CONTÁCTENOS

¿Desea comunicarse directamente con nosotros? Escríbanos acerca de sus requerimientos, comentarios o consultas a través del siguiente formulario.

Enviando

Lex Web Chile  |  Email: contacto@lexweb.cl   | Política de Privacidad   |   Términos de Uso y Propiedad Intelectual

o

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

o    

¿Olvidó sus datos?