El derecho a la igualdad por razón de sexo no es discriminatorio en relación a los trabajadores a tiempo parcial

PoderJudicia333l

Autora: Sonia Gallardo M.

15 de Mayo de 2013


El TC en su fallo N° 71/2013, publicada  el pasado viernes 10 de mayo del año en curso, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que da la razón a las trabajadoras demandantes.

La recurrente solicitó a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Girona la pensión de incapacidad permanente absoluta por enfermedad común, que le fue denegada por resolución de 17 de noviembre de 2004, por no alcanzar el período de cotización exigido por la  Ley general de la Seguridad Social de 1994 (LGSS), teniendo en cuenta que las cotizaciones efectuadas por sus contratos a tiempo parcial fueron computadas en función de las horas trabajadas, de acuerdo con lo establecido en la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la LGSS y el Real Decreto 1131/2002, dicha reclamación fue desestimada por resolución de 20 de enero de 2005, por los mismos fundamentos.

En efecto, el TC ha procedido a anular senda sentencia del TSJ de Cataluña y de la Sala Social del Tribunal Supremo, que denegaban a las respectivas trabajadoras una pensión de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común porque no reunían el periodo de cotización exigido para cobrar pensión, debido a que las cotizaciones efectuadas por sus contratos a tiempo parcial fueron computadas en función de las horas trabajadas.

En esta sentencia anulada, se daba la razón al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que denegó dicha pensión a la mujer. La trabajadora recurrió la resolución administrativa del INSS ante el Juzgado de lo Social, que falló a su favor y ordenó la concesión de la pensión.

Sin embargo, el INSS interpuso recurso de suplicación ante el TSJC, que le dio la razón, y la demandante presentó entonces recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Supremo, que lo desestimó por no encontrar contradicciones entre el fallo recurrido y la sentencia invocada como contraste.

La trabajadora optó posteriormente por presentar recurso de amparo ante el TC, cuya Sala Primera, tras ofrecer los mismos argumentos que en la sentencia en la que anuló las reglas de cálculo de las cotizaciones a tiempo parcial, ha resuelto declarar la nulidad de las sentencias en las que se le denegaba la pensión de incapacidad permanente y la firmeza del fallo que dictó el Juzgado de lo Social de Girona en abril de 2005 ordenando al INSS al pago de la pensión.

En concreto, la demandante había cotizado 15 años y dos meses de cotización a tiempo parcial, pero con el sistema de cálculo vigente, ya anulado por el TC, sólo obtenía la acreditación real de 2.070 días cotizados, por lo que para alcanzar los 5.465 días requeridos necesitaría más de 30 años de cotización.

Al mismo tiempo, el TC estableció declarar inconstitucional y nula la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley general de la Seguridad Social, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 15/1998, en cuanto establece que para determinar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de Seguridad Social que señala, incluidas las de incapacidad permanente, se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización, obtenidos mediante la operación de dividir el número de horas trabajadas entre cinco, si bien en el caso de las pensiones de jubilación e incapacidad permanente se aplicará el coeficiente multiplicador del 1,5.

Por su parte, el TC estimó procedente hacer mención en sus fundamentos, a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de noviembre de 2012, asunto Elbal Moreno c. España, dictada en relación con la prohibición de discriminación indirecta por razón de sexo derivada del art. 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo —sobre aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social—, y mediante la que se resuelve una cuestión prejudicial, relativa también a la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley general de la Seguridad Social, la STC 61/2013, FJ 6, considera “que las reglas que acompañan a la previsión cuestionada en relación con el cómputo de los períodos de cotización en los contratos a tiempo parcial para causar derecho a una prestación de jubilación no permiten superar los parámetros de justificación y proporcionalidad exigidos por el art. 14 CE, dado que las medidas de corrección en su momento introducidas no consiguen evitar los resultados especialmente gravosos y desmesurados a que la norma puede conducir”.

La regla  correctora impuesta por el TC “facilitará, sin duda, el acceso a la protección de aquellos trabajadores a tiempo parcial con jornadas de trabajo de duración más elevada, así como el de aquellos en cuya vida laboral los períodos de trabajo a tiempo parcial representen una pequeña proporción respecto del conjunto. Sin embargo, cuando el trabajo a tiempo parcial no sea un episodio más o menos excepcional en la vida laboral del trabajador y cuando la jornada habitual del mismo no resulte muy elevada, la aplicación del criterio de proporcionalidad seguirá, a pesar de la regla correctora, constituyendo un obstáculo desproporcionado para su acceso a la pensión”, de modo que la aplicación del coeficiente multiplicador al criterio de proporcionalidad no impide que, en tales casos “se produzcan resultados desproporcionados pues, igual que ya dijimos en la STC 253/2004, ‘se dificulta el acceso mismo a la prestación, al exigir un mayor número de días trabajados para acreditar el periodo de carencia requerido en cada caso, lo que resulta especialmente gravoso o desmedido en el caso de trabajadores con extensos lapsos de vida laboral en situación de contrato a tiempo parcial y en relación con las prestaciones que exigen períodos de cotización elevados’ (FJ 6)” (STC 61/2013, FJ 6).

El fallo del TC reconoce a la trabajadora su derecho fundamental a la igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) y anula la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2007, dictada en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 2314-2006, así como la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 23 de marzo de 2006, dictada en el recurso de suplicación núm. 4718-2005, y declarar la firmeza de la Sentencia de 22 de abril de 2005 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Girona dictada en los autos núm. 148-2005.

 

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