El Derecho a la Educación, un planteamiento Político-Constitucional

Educación

Autor: Manuel Yáñez.

29 de Junio de 2011.


Hoy en día nuestro país ha comenzado a debatir nuevamente el valor del derecho a la educación, su importancia como factor de progreso y parte esencial de la integralidad de la persona humana, potenciando su capacidad de contribuir al bien común. Por ello los invito a revisar la concepción que asume el Bloque Constitucional de Derechos.

El Artículo 19 N° 10 de nuestra Carta fundamental señala en su inciso segundo “La Educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida”. A su vez el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se integra al bloque de constitucionalidad por el Art. 5 Inc. 2 de nuestra Constitución prescribe “la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Al realizar el análisis de estas disposiciones es claro el objeto de la educación y partiendo de esto podríamos definirlo como el Proceso intelectual integral a través del cual la persona adquiere los conocimientos y aptitudes básicas para participar de forma integral en la vida del Estado, aptitudes y conocimientos  orientados al mantenimiento del orden democrático y con el fin de que la persona logre la máxima capacidad y contribución como individuo al bien común. Al parecer nuestra sociedad concuerda en que esto es la educación y no cabe duda que es un concepto de consenso entre los especialistas. Entonces si sabemos que cual es la educación que queremos como sociedad, ¿Cuál es el problema?

Desde el punto de vista del sistema constitucional chileno el problema se produce en el rol del Estado en materia educacional y en una clara confusión entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza de los individuos (tema que podríamos abordar en otra columna). Esto se produce, a mi entender, a una clara preeminencia de la visión original de la voluntad constituyente (no nos detendremos a realizar consideraciones valóricas) a la hora de abordar el asunto, pero para ello debemos recurrir a los principios de hermenéutica constitucional y abandonar consideraciones interpretativas de la Constitución que nos lleven a constreñir su eficacia y fuerza normativa, todo esto en pos de asegurar la vigencia del sistema republicano – democrático (Art. 4 de la CPR) y el aseguramiento de los Derechos fundamentales (Art. 5 Inc. 2  y 19 de la CPR).

Entonces ¿cuál es el rol que hoy asume el Estado en materia educacional? Es un rol subsidiario de los particulares y de los padres, lo que irremediablemente ha transformado a las políticas públicas en la materia a un rol secundario. El Art. 19 N° 10 Inc. 3 señala que “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección  al ejercicio de este derecho” de esta forma el inciso 7 agrega “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles…”. En primer lugar quisiera especificar que a la luz de nuestra sociedad contemporánea el Estado es evidentemente subsidiario de los padres en materia educacional, esto es concordante con el Art 1 Inc. 2 y el Art. 19 N° 11, es decir, la libertad de enseñanza. Es por ello que los padres pueden y deben educar a sus hijos conforme a sus principios y convicciones éticas y morales, dando la posibilidad a que los particulares – privados – dispongan el establecimiento de centros formativos que impartan educación, pudiendo los padres enviar a sus hijos a estos establecimientos y no a los que disponga el Estado con el fin de asegurar el ejercicio del derecho a la educación, con esto evitamos la figura del Estado Docente – que se constituye en un extremo en este sentido – Pero el Estado no debe entender que su rol educador es subsidiario de los particulares –los es sólo de los padres – debido a que es el Estado quien asegura el ejercicio de los Derechos y no los particulares quienes solamente participan de ellos en su ejercicio y respeto. En tal sentido los particulares no son quienes satisfacen el derecho a la educación, son los padres los que deben educar a sus hijos y el Estado secundarlos en esta labor, a contrario sensu y dentro del derecho de los padres a educar a sus hijos es que estos libremente pueden enviar a sus hijos a colegios sostenidos por privados. Entonces en el uso de las palabras como “fomento” que ha sido acogida como el apoyo a los particulares en materia educativa debe ser entendido a la luz de la hermenéutica constitucional como la “protección especial” del desarrollo de la educación en sus diferentes etapas… y todo esto concordando con el Art. 1 Inc. 4 e Inc. 5, es decir creando las condiciones sociales (recordar que el derecho a la educación es un derecho social) que permitan a todas las personas su mayor realización y al mismo tiempo todas estas puedan participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Respecto a la vital importancia del Derecho a la educación en nuestra sociedad Chilena, cabe destacar que la única forma de asegurar una sociedad democrática y conforme al bien común es a través de la Educación de todas las personas, con la misma base de calidad para poder cumplir con los mandatos constitucionales, que no son más que emanaciones de la razón y el sentido común en la materia.

Referente a esto último el bloque de constitucionalidad se ha dado en asegurar principalmente el “acceso”,  así lo dispone el Art. 19 N° 10 Inc. 5 de la CPR y el Art. 13 N° 2 lit.a y b del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los que sin lugar a dudas es parte esencial del Derecho a la Educación, pero respecto a la calidad de ésta y el aseguramiento de sus objetivos mínimos, no existe un detalle en la norma positiva, lo más desarrollado en este punto es el Art. 13 N° 2 lit.e, pero no es satisfactorio respecto de lo relevante del asunto.

Así en estos días de debate se ha formulado una moción de reforma constitucional la que es bastante interesante de analizar y en sus puntos esenciales incorpora elementos respecto del aseguramiento de la calidad y un sistema de administración Estatal para la educación.

Recordemos que lo esencial es el acceso al conocimiento, pero este debe ser de forma integral e igualitaria, para asegurar la finalidad última del Estado el Bien Común.

Agradecimientos por su apoyo a Ignacio Ramírez, Amanda Medina y Graciela Muñoz.

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