El CPP v/s NCPP

Mucho se dice de lo maravilloso que resulta la reforma procesal penal, pero en mi quehacer diario he descubierto la falta de conocimiento, principalmente de los jóvenes estudiantes de Derecho e incluso de principiantes abogados en el antiguo proceso penal.

Bueno o malo (juicios de valor sin ningún sustento) no podemos concebir que un cuerpo legal que nos rigió durante tantos años, heredado de la santísima inquisición pase al olvido en tan pocos.

En estas líneas bajo un prisma critico atenderemos a las principales diferencias que detectamos entre en antiguo Procedimiento Penal confrontado al nuevo Proceso Penal.

El nombre ‘’Procesal Penal’’ apunta específicamente a una evolución del proceso Penal, nos lleva inmediatamente a la idea de una agilización del mismo.

En el antiguo procedimiento Penal encontramos dos grandes etapas o fases que eran la etapa o fase de sumario y la etapa o fase de plenario.

La finalidad de la etapa de sumario, entre otras era la de determinar la existencia de un delito y de quien lo habría cometido y además en que calidad, vale decir calidad de autor, cómplice o encubridor. Entonces era claramente una etapa de investigación realizada por el juez del crimen, o del respectivo juez de letras con competencia criminal.

Las principales características de esta fase era la omnipotencia del juez, lo que se traslucía claramente en los plenos poderes de que gozaba y, además del carácter secreto que llevaba la investigación.

El juez podía conceder vista del sumario a la parte que lo solicitaba, siempre y cuando a criterio de él, esta vista no obstaculizaría la investigación. Esta vista no se concedía prácticamente nunca, lo que llevo al auge a las verdaderas ‘’mafias’ de actuarios, pero eso ya es otro asunto.

La investigación comenzaba por denuncia, querella o por requisición del fiscal judicial, ahora, eso es realizado por el Ministerio Publico. Respecto del fiscal judicial, en primera instancia era imposible ya que no existían aquí los fiscales judiciales, a menos de que la investigación la llevase un ministro en visita. Esta investigación podía ser de oficio también por el juez, mediante el llamado auto cabeza de proceso, el cual daba inicio a una investigación.

En esta etapa la principal resolución adoptada es el auto de procesamiento, de reo o encargatoria de reo.

Valido es recordar, que en virtud del artículo 483 del Código Procesal Penal, los delitos acaecidos antes de la entrada en vigencia del mismo, conocerán los tribunales penales antiguos.

Volviendo a la etapa de sumario, no había plazo para cerrarlo, este se cerraba cuando el juez estimaba que estaba agotado.

El juez podía acusar, en virtud del artículo 401, del Código de Procedimiento Penal, o sobreseía en forma temporal articulo 409 o definitiva articulo 408, ambos del código de Procedimiento Penal.

Las resoluciones dictadas por el si no eran apeladas, de igual forma eran consultadas lo cual es una institución del antiguo procedimiento mediante el cual conocía en forma forzosa la corte de la resolución que era susceptible de esta dictada por el tribunal de primera instancia.

Respecto de la prisión preventiva, esta era la regla general y la libertad había que solicitarla, y si se decretaba lo cual era sumamente inusual se llamaba libertad provisional. Respecto del acusado se hablaba de inculpado y no de imputado.

Entonces la regla general era la presunción de culpabilidad y la privación de libertad.

Posteriormente, respecto del periodo de prueba, este era de 20 días, al igual que en el juicio ordinario de mayor cuantía, y al igual que en materia civil el sistema de prueba era legal, tasado o tarifario, lo cual entorpecía por la naturaleza de este la investigación y la de probar la inocencia ya que, recordemos, la presunción de culpabilidad era la regla general.

Al igual que ahora, la confesión no era suficiente para cerrar todos los flancos a probar, solo serbia para establecer la participación en los hechos y no el hecho punible.

Vencido el probatorio había que solicitar se certificara esto, tal como aun algunos abogados lo solicitan respecto de materia civil, aunque dicho requisito sea inexistente.

Después de todo esto aparecía recién la figura del juez del expediente, lo que nos da innegables señales de que era el actuario quien llevaba la investigación. Ahora es impropio hablar de expediente, puesto que existe carpeta y es de carácter virtual, no material. Para esto tenía seis días, y básicamente el juez se abocaba a constatar la omisión de diligencias de importancia para la causa, si prevenía la existencia de esto, dictaba medidas para mejor resolver, las que no tenían plazo para decretarse. Generalmente las dictaba cuando estaba en presencia de una investigación poco satisfactoria.

Posterior a esto tenía el plazo de 5 días ampliables por el número de fojas para dictar sentencia definitiva.

Esta sentencia era generalmente consultada, en virtud del artículo 527 del antiguo código, podía incluso la corte pronunciarse sobre asuntos no controvertidos.

Existía la llamado reformatio in peius, o reforma en perjuicio, institución que inhibía, coartaba el legitimo Derecho de recurrir, puesto que podía empeorar la situación del inculpado. Por ejemplo, era absuelto, se iba en consulta y la corte estimaba que era culpable y se le condenaba.

No obstante, como la consulta era obligatoria, y con el mismo efecto de la reformatio in peius, prácticamente no había escapatoria.

Ahora en virtud del artículo 360 del código Procesal Penal, esto es improcedente.

Ahora nos cabe la pregunta ¿Cómo subsistió tanto tiempo un procedimiento de estas características, prácticamente inconstitucional?

He ahí el error. La regla era la culpabilidad, lo cual podía ser desvirtuado en una sentencia definitiva, por lo tanto no era una presunción de Derecho, lo cual tiene perfecto asidero en nuestra Constitución, específicamente en su artículo 19 N° 3 inciso 6, en la cual deja la ventana abierta a una presunción de culpabilidad penal simplemente legal. Como dato de la causa, hay que señalar que el artículo 4 del Código Procesal Penal establece que lo que se presume es la inocencia, no obstante, este cuerpo legal no paso por el examen de Constitucionalidad del Tribunal Constitucional.

Espero que la presente, alenté a los lectores a indagar mas en este tema, y se constituya en Tribunal Constitucional y revise el Código Procesal penal, así como también rescate aquellas instituciones del antiguo código, como por ejemplo la reglamentación del recurso de Amparo, que hoy por hoy no tiene.

Pese a esto, me sumo a las palabras del comienzo y si, la reforma resulto maravillosa sobre todo en lo que respecta a la división de facultades lo que significa controles y balances en algo tan delicado como lo son las garantías constitucionales que por un hecho punible pueden ser coartadas. Maravilloso, pero como todo orden de cosas con reparos.

1 Comentario
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