El Convenio 169 de la OIT y su incidencia en Chile.

conflictomapuche

Hace unos días escuché a una Eurodiputada, emplazar a Sebastián Piñera sobre la existencia de una exclusión social muy grande en Chile, y lo necesario que es priorizar a las comunidades mapuches; inmediatamente se me vino a la mente,  saber qué ha sucedido con el Convenio 169 de la OIT, y cómo se ha desarrollado en Chile desde su entrada en vigencia hace pocos años.

El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, es un Convenio ratificado por Chile el 15 de Septiembre de 2008 y con entrada en vigencia el 15 de Septiembre de 2009, con el cual se logro poner fin a dos décadas de compromiso chileno para con sus pueblos indígenas, puesto que desde 1991 se intentó ratificar este acuerdo internacional que Chile aprobó en 1989. Con este instrumento, los pueblos indígenas de Chile cuentan con la posibilidad de defender sus derechos e intereses.  El Convenio 169 que reemplazó al Convenio 107, constituye un cambio de dirección a la política anterior que promovía la asimilación de los pueblos indígenas en las sociedades mayoritarias. Sobre esta premisa, el Convenio reconoce derechos sobre la tierra y los recursos naturales y exige por parte de los Estados, que se consulte a los pueblos indígenas cuando éstos puedan ser afectados. No obstante, el propio  Convenio deja en claro, desde el preámbulo, que el reconocimiento de los derechos de los pueblos debe enmarcarse dentro de la legislación e institucionalidad vigente.

El Convenio en sí consiste en el establecimiento de mecanismos apropiados y eficaces para la consulta de los pueblos indígenas y tribales en relación con las cuestiones que les conciernen. El establecimiento de mecanismos de consulta es fundamental para garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Dentro del contexto del Convenio, de acuerdo con la OIT, la obligación de garantizar que se efectúen las consultas adecuadas recae en los gobiernos y no en particulares o empresas privadas. El Estado es el responsable de garantizar que se tomen las medidas de consulta y participación  necesarias. El Convenio establece un mecanismo basado en el respeto recíproco, por el cual los Estados deben reconocer la contribución a la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas, considerando al mismo tiempo que éstos deben enmarcarse dentro del respeto de la legislación o marco jurídico que los propios Estados se han dado.

Es por ello que en el proceso de reforma a la institucionalidad ambiental, sobre todo en lo que respecta a la ley 20.417, se introdujo la obligación para los órganos del Estado, en el ejercicio de sus competencias ambientales, de propender a la adecuada protección de los pueblos indígenas de conformidad a la ley y a los convenios internacionales ratificados por Chile, teniendo presente que la población indígena en Chile representa un 6,6% de la población nacional, lo que equivale a 1.060.786 personas.

El Convenio persigue, entre otras cosas, la protección de las tierras y recursos naturales, la protección del patrimonio cultural material e inmaterial, la protección de los recursos genéticos y las prácticas asociadas y la participación en los procedimientos y en los beneficios de explotación de recursos, por nombrar algunos. Este Convenio se refiere al concepto de tierra y territorio, también a los derechos de los pueblos indígenas a la posesión y a la propiedad, así como a los requisitos para identificar sus tierras, proteger sus derechos y solucionar las reivindicaciones. Cuando el Convenio habla de “tierra”, el concepto abarca la totalidad del territorio que emplea, lo que incluye los bosques, ríos, montañas y mares costeros, tanto la superficie como el subsuelo.

El Convenio menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado. El establecimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras se basa en la ocupación y en el uso tradicional que han realizado sobre estos espacios, y no en el eventual reconocimiento o registro legal oficial de la propiedad de la tierra por parte de los Estados. Ello en nuestro ordenamiento jurídico no es así, ya que se consideran tierras indígenas a aquellas que históricamente han ocupado y poseen los pueblos originarios, reconocidos por la Ley 19.253, siempre y cuando “sus derechos sean inscritos en el Registro de Tierras Indígenas que crea esta ley, a solicitud de las respectivas comunidades o indígenas titulares de la propiedad”. Se trata entonces de un concepto bastante más acotado que el empleado por el Convenio 169, ya que se rige por la propiedad inscrita.

Respecto a los mecanismos de participación y consulta a las comunidades indígenas en decisiones que les afecten, hasta el momento no se cuenta con un mecanismo definitivo que estructure estos procedimientos. Sólo cuenta con el Decreto 124 del desaparecido Mideplan, que tiene carácter provisorio. Según Matías Abogabir, asesor especial para Asuntos Indígenas, quien dirige la repartición dependiente de la Segpres, éste “no define con suficiente claridad cómo debe ser este proceso de consulta, cuál es su objetivo, ni tampoco qué es la afectación directa del pueblo indígena”. Este decreto señala que la consulta se aplicará a actos de determinados órganos de la Administración del Estado. En lo referido a proyectos privados de inversión, se considera que los procedimientos sectoriales son suficientes, no obstante, se faculta a la Administración del Estado para aplicar estos procedimientos de consulta cuando lo considere pertinente. El Convenio en cambio, exige que los pueblos indígenas puedan participar de manera eficaz en los procesos de tomas de decisiones que puedan afectar sus derechos e intereses.

Es está indefinición respecto del procedimiento, uno de los factores clave en la judicialización de proyectos de inversión de distintos sectores, que han terminado por detener estas iniciativas. De hecho, según datos de la autoridad, quince proyectos han sido llevados a juicio para dirimir vulneraciones al convenio por la no aplicación o insuficiencia en el desarrollo de la consulta indígena. Las Cortes de Apelaciones y Suprema han visto más de una decena de casos y sus fallos indican que la consulta es una obligación a cumplir por el gobierno, que participación ciudadana en el SEIA no es lo mismo que consulta indígena según el Convenio 169, y que cuando esté la convicción que las disposiciones del Convenio no han sido respetadas, se fallará a favor de las comunidades.

Los grandes empresarios se muestran alarmados por la forma como han ido dando las cosas;  que el Convenio 169 se esté aplicando, que los pueblos indígenas tengan nuevos derechos cuya aplicación estén siendo garantizados por el poder judicial, que la autoridad gubernamental no está haciendo consultas donde debiera, que en definitiva se esté generando incertidumbre y afectando el clima para las inversiones. El Convenio 169 viene en serio y las comunidades defenderán sus nuevos derechos, la legislación chilena debe ser ajustada a las exigencias del Convenio, es necesario tener reglas del juego claras para todos los actores.

El Convenio 169 entonces es aquél que obliga al Estado a comportarse de una manera determinada con los pueblos indígenas que se encuentran bajo su jurisdicción. Por lo tanto, contiene, tal y como lo menciona el derecho internacional, normas integrales u objetivas, que obligan, no en relación con otro Estado sino, a Chile para consigo mismo. Por ello es preocupante la imagen internacional de Chile, de generar la percepción de ser un país que burla el cumplimiento de los Tratados que ratifica y por otra parte, confunde a los inversionistas, quienes necesariamente deberán cumplir normativas semejantes a las contenidas en el Convenio, si esperan que sus proyectos sean financiados por entidades internacionales. Esta incerteza que existe hoy para las comunidades indígenas y titulares de proyectos, afecta directamente al Estado de Chile, principal obligado a dar cumplimiento al Convenio. Además de un paulatino desgaste de la institucionalidad ambiental al verse permanentemente cuestionada ante los tribunales nacionales. Necesario es abrir el debate acerca de cómo se orientarán las políticas públicas ambientales en esta materia, si existe coherencia con el actuar de los organismos sectoriales públicos, si forma parte de las políticas o planes de desarrollo sostenible: el bienestar económico, social y cultural de los pueblos indígenas, en todo aquello que pueda potencialmente afectar a sus tierras, vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual.

0 Comentarios

Contesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CONTÁCTENOS

¿Desea comunicarse directamente con nosotros? Escríbanos acerca de sus requerimientos, comentarios o consultas a través del siguiente formulario.

Enviando

Lex Web Chile  |  Email: contacto@lexweb.cl   | Política de Privacidad   |   Términos de Uso y Propiedad Intelectual

o

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

o    

¿Olvidó sus datos?