El análisis de costo-efectividad: una solución al sistema regulatorio chileno

Autor: Oscar Donoso Hernández

En los últimos 30 años Chile ha implementado y mejorado su estrategia en miras al desarrollo económico y social, profundizando la apertura comercial e incentivando el funcionamiento eficiente de las distintas instituciones; Lo que se traduce en importantes avances en el desarrollo de los mercados –Motores del crecimiento económico en Chile- Reflejado en un ingreso per cápita duplicado entre los años 1988 y 2004 alcanzando un nivel de US$ 12.737 en el año 2006[1]. La distribución de beneficios derivados de este desarrollo económico no ha sido del todo equitativa – Especialmente por las desigualdades en el acceso a oportunidades para emprender-, A modo de ejemplo, en la actualidad existen en Chile aproximadamente 721.000 empresas formales inscritas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) con ventas positivas, de las cuales un 78% son microempresas, un 18% pequeñas empresas y solo un 2,7% son medianas empresas. Sin embargo, aun con la alta participación de este grupo de empresas, denominadas EMT (Empresas de menor tamaño), solo aportan al 15% del total de ventas en el país.[2] Con todo, las EMT aportan en un 52% al empleo generado por el total de las empresas.[3]

Si bien se han fomentado y creado instituciones y mecanismos que promueven el crecimiento y desarrollo de las EMT, se hace necesario aumentar los esfuerzos, ya que, es responsabilidad del sector público propender a que las empresas puedan cumplir los diversos requisitos legales y corregir aquellos aspectos normativos y administrativos que resulten desproporcionados para el tamaño de las unidades productivas más pequeñas. En el actual contexto económico internacional, el rol de la regulación es esencial y la mejora en esta área es un proceso fundamental para el desarrollo económico y social.

Las acciones de mejora regulatoria consisten en los cambios que aumentan la calidad del sistema jurídico, en particular el perfeccionamiento de instrumentos legales, mediante cambios a normas vigentes y propuestas, así como también puede incluir nuevas legislaciones que cubran los vacíos existentes. Una primera etapa de mejora regulatoria para las empresas debiera ser la revisión y adecuación de la normativa vigente, la modificación de normas redundantes o que impongan costos que induzcan al incumplimiento –incluso, tal vez, su derogación-, y la introducción de nuevas regulaciones en casos que, bajo un análisis exhaustivo, sean necesarias. A este respecto la actual Ley de Quiebras (Ley. 20.004) contenida en el Libro IV del Código de Comercio es la imagen de una regulación con altos costos y complejos procedimientos relativos a EMT que induce, en la práctica a que estas casi nunca formalicen su cierre, solo a modo ilustrativo, esta ley en su Artículo 44 Inciso segundo, respecto al proceso formal para declarar la quiebra prescribe que “Junto con solicitar la quiebra, el acreedor peticionario deberá acompañar vale vista o boleta bancaria a la orden del tribunal por una suma equivalente a cien unidades de fomento, para subvenir a los gastos iniciales de la quiebra. Dicha suma será considerada como un crédito del solicitante en contra del fallido, que gozará de la preferencia establecida en el número 4 del Artículo 2.472 del Código Civil”; cuestión que no se subsana con el Proyecto de Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas que en su Artículo 118           -también relativo al procedimiento formal de quiebra- prescribe que “La demanda que se presentará ante el tribunal competente, señalará la causal invocada y sus hechos justificativos y acompañará los siguientes antecedentes: 2) Vale vista o boleta bancaria expedida a la orden del tribunal por una suma equivalente a 200 unidades de fomento para subvenir los gastos iniciales del procedimiento concursal de liquidación”.

En derecho comparado las problemáticas regulatorias son resueltas mediante la institución de los “Regulatory Impact Asssesment/Analysis” (RIA) en su versión europea y de la OCDE o “Cost Benefit Analysis” en su versión norteamericana.[4] RIA se entiende para estos efectos como un enfoque sistemático para la evaluación crítica de los efectos positivos y negativos de la regulación –futura y existente-. La OCDE ha señalado que la realización de RIA dentro de un marco sistemático apropiado puede apoyar la capacidad de los gobiernos para garantizar que las normas sean eficientes y eficaces en un mundo cambiante y complejo[5]

De lo anterior se infiere que el marco regulatorio es un factor fundamental en la competitividad y viabilidad de –en el ámbito económico- las empresas, debiendo crearse políticas que disminuyan los costos administrativos, las barreras a la entrada o salida y los problemas de competitividad derivados de la normativa que afecten el ciclo de vida de un negocio. Por ello es que al implementar nuevas regulaciones se debe tener en cuenta principios de costo-efectividad que permitan fortalecer el emprendimiento de manera que los costos de la normativa no sean mayores que los beneficios que de ella provengan y que al mismo tiempo cumpla el objetivo deseado. En Chile existe un modelo de regulación sectorial obsoleto como lo es por ejemplo, la falta de independencia de las Superintendencias –Por la fácil influencia gubernativa sobre estas- que puede potencialmente significar un atentado a los propósitos de “política pública” ya sea que esto signifique un resultado o programa de la actividad de una autoridad investida de poder público o gubernamental, o que sea todo aquello que los gobiernos decidan hacer o no hacer para con sus gobernados. Sin embargo, una regulación costo-efectiva puede: contribuir a la igualdad de oportunidad para emprender, potenciar la competitividad de las empresas de menor tamaño y posibilitar nuevos emprendimientos entre otras cosas; generando en definitiva efectos directos en puestos de trabajo, participación ciudadana y equidad social.

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