Discriminación. Casos Fundados e Indicios

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25 de Julio de 2012


La publicación de la ley N° 20.609 denominada “Medidas Contra La Discriminación” ha llamado la atención de muchos sectores políticos, sociales, pero hasta este momento no he visto ningún análisis jurídico critico de la misma, es por esto que trataré de dar una pincelada desde el punto de vista procesal penal, toda vez que mi centro de investigación es el control de identidad.

La normativa promulgada es bastante simple, son tres títulos desglosados en 18 artículos. A mi entender, lo más importante tiene que ver con el titulo primero, toda vez que se encuentra de manera bien explícita el propósito de la ley, la definición de que se debe entender por discriminación arbitraria, lo demás es todo procesal ya que trata las acciones, el tribunal competente, entre otras cosas.

Para comenzar, es menester hablar sobre el propósito de esta ley, una de las tantas que tiene vieja data legislativa pero que en virtud de lo que podría llamar un populismo legislativo toma  mayor rapidez o urgencia para tratar. Pero bueno, como dice el refrán, vamos al grano.

El propósito de esta norma, en su ratio legis, es instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. En pocas palabras, todo derecho debe tener una garantía correlativa; en caso de que el derecho se vea perturbado, la garantía debe restaurar el imperio del derecho. Esto es bastante simple de entender, pero la pregunta es la siguiente: ¿era necesario la dictación de esta ley para evitar la discriminación?, en nuestro ordenamiento tenemos bastantes declaraciones, millones; nuestra constitución es un verdadero océano de ellas, tenemos el derecho a la honra, existe en nuestro derecho también la indemnización por daño moral, un abanico de tratados internacionales que vienen a resguardar también la honra, como por ejemplo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Con todo esto, ahora agregamos una ley que viene a restablecer el imperio del derecho. ¿No es acaso un oxímoron?, en vista de todos estos antecedentes quizás la situación cambie, esperemos que esta norma venga a educar y no a que se comience a criminalizar, puesto que siempre se debe tener en cuenta que este paso es breve y el derecho penal es de ultima ratio.

Sigamos analizando esta ley, en el inciso segundo del artículo primero se señala: “Corresponderá a cada uno de los órganos de la administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la Republica, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Este inciso es una verdadera carta de navegación para los órganos de la administración de Estado, aunque ya redundante, toda vez que es la Constitución la que nos entrega las verdaderas directrices de los órganos de la administración en su artículo sexto, señalando que deben someter su acción a la Constitución y a las leyes dictadas conforme a ellas; no obstante el artículo quinto inciso segundo es claro al señalar que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los Tratados Internacionales ratificados por chile y que se encuentren vigentes”. Esto es, hay que tener, desde antes de la dictación de esta norma, todos los tratados que Chile a suscrito relacionados con la discriminación de la mujer, discapacitados y trabajadores.

El artículo dos de la ley 20.609 tiene como objeto definir qué se entiende por discriminación arbitraria. Teniendo en cuenta las normas de interpretación que nos entrega el Código Civil, esta definición es vinculante puesto que es el mismo legislador quien la da. El artículo dos dice:

“Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda la distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legitimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación económica el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.

Y es en base a este artículo particularmente que quiero relacional el control de identidad, toda vez, que esta institución tiene larga data de abusos ya que se utilizada para detener personas y luego investigar.

Pero el asunto principal que quiero señalar es que esta ley 20.609 viene a restablecer el imperio del derecho en los casos en que agentes del estado o particulares realicen o practiquen un tipo de discriminación arbitraria, la duda que viene de por sí, es ¿por qué no derogar el control de identidad? ya que es una institución que tiene como base la discriminación socioeconómica, la apariencia personal, la raza y religión (en países como Francia y España especialmente, pero en particular causa una privación a la libertad personal resguardada por nuestra Constitución). Político-criminalmente en donde mayor cantidad de control de detención se realizan es en los sectores vulnerables y a personas que por apariencia, por “olfato policial o experticia” justo se le realiza un control y resulta que esta persona no tiene antecedentes, no era un caso fundado ni se encontraba con las hipótesis de flagrancia. Esta norma es de temer. Es una norma que se presta claramente para romper estas medidas contra la discriminación.

Quizás la norma sea constitucional (porque para mí no lo es, ya que atenta contra la libertad), en este caso poco probable pudiese ser que sean las conductas poco efectivas usadas por nuestras policías las que sean las discriminatorias y no la norma en sí, es como decía Torrente, las drogas no son malas, son las conductas de las personas las que convierten algo bueno en malo.

Por tanto, es de mi opinión que esta nueva normativa redunda en lo mismo, la única diferencia es que existe un proceso, una garantía para reinstaurar el imperio del derecho, que al final es una indemnización con un tope legal, esto me lleva a la pregunta de ¿cuánto vale la honra de una persona?. Espero que la normativa chilena se adecue al mandato legal, quizás no sea la normativa sino más bien las conductas, las acciones del diario vivir, vivimos en una sociedad prejuiciosa que pulveriza lo mejor de nosotros, nuestra dignidad, en lo posible libres e iguales como lo señala la carta fundamental. Además quisiera agregar que tenemos que empezar a dejar el populismo legislativo y ver las cosas más serias, es imposible que en una sociedad se derogue una institución y que en vista de la nula política criminal  y qué decir de normas sobre el control social, se legisle sobre la misma institución con otro nombre y que además en su poca efectividad se reforme, que de ser una norma alternativa pase a ser un imperativo pero ¿contra quienes?, contra personas que su apariencia física sea sospechosa, contra extranjeros, contra personas que vivan en lugares desposeídos, esto no es humano, es discriminar.

Mas, para finalizar hay que rematar con lo que se indica en el último artículo, esto es, “Los preceptos de esta ley no podrán ser interpretados como derogatorios o modificatorios de otras normas legales vigentes, con la sola excepción  de las disposiciones señaladas en los tres artículos anteriores”, por lo que se cierra la posibilidad de aproximarnos a una derogación de dicho control que es totalmente inconstitucional por vulnerar una libertad y además, ahora, discriminador.

 

11 Comentarios
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