Desafíos Pendientes a la Ley Nº 20.066.

derecho constitucional

Nuestra norma actual de violencia intrafamiliar deja mucho que desear, un poco desfasada de las situaciones actuales y graves en las que se vive en dicho contexto, más aun, en situaciones no reguladas todavía, como lo es la violencia en el pololeo, situación que pasa a ser vista como un delito normal, e inclusive, me atrevo a decir sin un órgano que patrocine a una víctima en ese sentido.

A la fecha, van 13 femicidios durante el año 2016, todos con un grado de violencia bastante grave, por no decir inhumano. Si bien la ley 20.066, cuenta con herramientas de protección como lo son las medidas cautelares, a modo de ejemplo, el abandono de hogar común y la famosa prohibición de acercamiento e inclusive en la actualidad prohibición de comunicación, las eficacias de las mismas están sometidas a un cumplimiento y vigilancia de otro órgano que son las policías, quienes además están encargadas de otras labores. Señalar que, en otros países para hacer frente a esta situación, la policía se ha especializado teniendo funcionarios para enfrentar dicha violencia intrafamiliar y además dar cumplimiento a esas medidas lo que ha logrado reducir tiempos de respuesta y lograr una mayor eficacia al cumplimiento de dichas normas.

Ahora bien, en otros casos, es el Estado quien asume un compromiso más activo ante estas situaciones de violencia, en donde la reubicación en ciertos casos es primordial, teniendo el Estado casas que son entregadas a modo de usufructo a personas que victimas de estos hechos repudiables. Es dable recordar que la
violencia no solo afecta a la víctima, ya que existen grupos familiares en donde la composición está dada por tercera edad como por niños, quienes además pueden ser testigos de dicha violencia por lo que al final, victimas al fin y al cabo.

También, se debe analizar la situación de los juzgados y la forma de término de dichos actos de violencia intrafamiliar. En un juzgado de familia, pareciera ser que la suspensión condicional de la dictación de la sentencia es una joya, ya que para resolverá el denunciado debe reconocer los hechos y si no cumple las condiciones que se acuerdan, se dicta sentencia con el solo merito del reconocimiento. Esto, sin entrar a discutir si los actos que se hicieron son o no violencia, ya que cada juez, mas allá de la jurisprudencia, entiende dichos actos de manera distinta, sea por un sesgo cultural, social y económico; situación que no debiese de ser. Además, existe la complicación que la víctima no puede declarar sobre sus propios hechos a contrario de un juicio penal, por lo que como la mayoría de estos actos de violencia ocurren en la intimidad casi en un 90% no hay mejor testigo que la víctima (como es el caso del delito de amenazas, que se realizan dentro del hogar).

Lo último que señalar, son las sanciones. Por actos de violencia intrafamiliar descritos en el artículo 5 de la ley 20.066, multas que en pocas ocasiones son aplicadas y que en nada reparan a la víctima, sino que van destinadas a programas o a beneficio fiscal. Por otro lado, las sanciones penales con las salidas alternativas preferidas por fiscales ya que ponen termino a la causa y en donde a posteriori se puede dar lugar al delito de desacato que en ocasiones tiene penas mayores al delito de amenazas, como por ejemplo.

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