Delitos medioambientales. Una gran deuda.

Dentro de nuestra variopinta legislación en materia penal, la gran deuda es en materia medioambiental, donde el Código Penal trata de forma bastante pobre, en escuetos cuatro artículos que van desde el 289 al 291 bis la tratativa en cuestión. Ni hablar de la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente, donde solamente se remite a calificar la responsabilidad administrativa y extracontractual civil de estos atentados, constituyéndose en un cabal error hacia la búsqueda de una protección a lo menos plena de este bien jurídico colectivo.

En la ley de bases, la responsabilidad imputable en estos ilícitos es por no decir absurda, solo por mencionar su Art. 51 manifiesta que: “Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá del mismo en conformidad a la presente ley… Sin perjuicio de lo anterior, en lo no previsto por esta ley o por leyes especiales, se aplicarán las disposiciones del Título XXXV del Libro IV del Código Civil”. Si vamos al grano como esta expresada la norma de esta ley, habría un delito penal puro y duro. Pero la ley de bases nada consigna de tratativa penal, sino que solamente se remite al Código de Bello, que de penal -como todos sabemos- no tiene nada.

Ahora viendo un caso, ya hace varios años, en la ciudad de Valdivia, la planta de celulosa CELCO hizo derrames deliberados e ilegales de sustancias toxicas hacia los cauces del rio Cruces, causando un grave daño al ecosistema al santuario del rio. En este caso, la Fiscalía Local de Valdivia el año 2010 decidió, después de casi 5 años de investigación, no perseverar en la investigación previa consulta al Fiscal Regional. Concluyendo que no existían fundamentos plausibles para fundar una acusación.

En este caso, el sustento penal estaba basado en el Art. 291 de nuestro Código Penal que expresa: “Los que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de cualquier otro orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población, serán penados con presidio menor en su grado máximo”. A pesar de los indicios de criminalidad, resulta incompresible -o quizá se entienda demasiado bien- que la Fiscalía Regional no fuera capaz de recabar los antecedentes necesarios para formalizar a los presuntos responsables. En todo caso, debemos reconocer la valentía de la Fiscalía de tomar una decisión al respecto y no dejar que el tiempo cure las heridas a través de la prescripción, mecanismo que viene siendo utilizado por el Derecho Penal chileno para afrontar la criminalidad de los más poderosos.

Con el hecho de no perseverar en la investigación, pone en la carpeta nacional las graves falencias de nuestro sistema, tanto sustantivo como adjetivo para perseguir este tipo de criminalidad compleja.

Inciden de manera especial en estos casos de discriminación estructural en la fase aplicación de las leyes penales las propias deficiencias de las agencias policiales y judiciales para perseguir esta clase de delitos; el variopinto elenco de infracciones u omisiones administrativas y delitos cometidos contra la Administración Pública y de Justicia, como pueden ser la prevaricación judicial y administrativa, la omisión de perseguir y aprehender delincuentes y todo tipo de obstrucciones a la Justicia; y por último, el denominado discurso de exclusión de las clases más poderosas.

De esto, se deduce como conclusión que se requieren reformas urgentes para la persecución efectiva de esta forma de criminalidad, ya que como se darán cuenta, no solo se trata de una forma mono ofensiva de afectación de bienes jurídicos -como lo es el medio ambiente-, sino que ataca a otros bienes jurídicos, que, indirectamente se ven afectados, como por ejemplo la administración pública y de justicia, la salubridad pública  y otros bienes jurídicos más.

No obstante, la contaminación del Santuario y la atención que suscitó no sólo en la opinión pública, sino también en los operadores jurídicos, ha contribuido discursivamente a que en el futuro, ante un caso similar, nuestro sistema penal esté en condiciones de ofrecer una respuesta satisfactoria con el Estado de Derecho.

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