Defensa Penal a victimas

Con mucha parafernalia fue aprobada y publicada el 11 de Julio la ley 20.516 que otorga defensa a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y no pueden procurárselas a sí mismas.

Este nuevo organismo cuyo funcionamiento orgánico aun no se encuentra del todo claro vendrá a reparar una situación que era inaceptable; al imputado se le defiende mediante la defensoría penal publica, por otra parte al Estado le representa el ministerio público, quedando así la víctima en total indefensión, aun cuando el ciudadano común crea que es el Ministerio Publico quien le representara.

En virtud del principio de oportunidad del artículo 170 del Código Procesal Penal el Fiscal puede no iniciar la persecución penal o abandonar una investigación ya iniciada cuando se trata de hechos que ‘’no comprometen el interés público’’, es decir, he aquí la manifestación explicita de que el MP defiende el interés social, en desmedro del interés particular puesto que lisa y llanamente hay cientos de víctimas de escasos recursos que no tenían cabida en el actual escenario penal.

Ahora, como ya mencione, esto se remedio, pero ¿el hecho de su existencia asegura su efectividad?

En primer lugar, esta situación crea un perjuicio al libre litigante en materia penal, cada vez más su campo de acción queda reducido, el estado limita el mercado económico en beneficio del interés superior de darle acogida a la víctima.

En segundo lugar, y de suma importancia es el hecho que este nuevo órgano, así como la defensoría Penal y el Ministerio PUBLICO dependen de la administración pública, es decir, del Estado.

Esto nos da luces del posible conflicto de intereses de un órgano dependiente económicamente de otro y su eventual imparcialidad.

Sin abundar en la materia, expongo el ejemplo del caso del Pueblo Mapuche, afirmo aquí y ahora que en ningún momento se podrá considerar al pueblo Mapuche por parte de este nuevo órgano ‘’victima’’ y ¿Por qué no?.

El Doctor Ferrajoli plantea una verdadera Democracia Constitucional, donde democracia es garantía, ¿la garantía de quien?, de TODOS, porque democracia no es la mayoría, sino todos. También plantea una democracia en donde el poder político este supeditado al Derecho y no al revés como sucede, y, lo más importancia para efectos de esta columna, es la independización de los públicos ministerios, defensorías de victimas e imputados y de las policías investigadoras, solo así se podría concebir un verdadero Estado de Derecho, puesto que el nuestro es francamente un chiste mal contado.

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