De lo Público o lo Privado

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5 de Diciembre de 2012


Comentarios en torno al artículo 19 n°5 de la Constitución Política de la República.

Actualmente vivimos en una sociedad de constante cambio o evolución, nuestros sistemas de comunicación cada vez más necesarios y cercanos han llevado a que empresas y el mismo Estado adquiera tecnología para alcanzar una plena comunicación y respaldo de la misma.

En virtud de esto, se arrojan diversos problemas jurídicos institucionales, como por ejemplo, el uso de correos electrónicos particulares en un computador público, esto es, perteneciente al Estado, o hacer un uso malicioso del mismo; entre otros problemas, tenemos el uso de correos institucionales para envíos de mensajes particulares, el uso de vehículos públicos para usos particulares, ver películas en horarios de trabajos, etc. Además, tenemos a los trabajadores, quienes utilizan medios de comunicación que entrega su empleador para fines personales, lo cual es muy normal encontrarse con el caso en que un trabajador envía correos electrónicos personales a través de un computador del empleador, siendo este último quien le solicita que le muestre los correos.

Todo esto trae diversas sanciones, diversos derechos y diversas obligaciones. Analicemos los supuestos.

En Chile, el artículo 19 n°5 de nuestra Constitución señala: La Constitución asegura a todas las personas: la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley.  Por tanto, si la persona requirente de información de correos electrónicos, o de cualquier medio de comunicación privada, no tiene un fundamento legal, ese requerimiento es totalmente ilícito.

Si bien el computador pertenece a la empresa, el correo es institucional; lo que uno escribe se entiende totalmente incorporado a una comunicación privada y carecería de ser vigilada.

En los casos de uso de vehículos fiscales para fines particulares la sanción de esta malversación puede ser el despido a través de un sumario o puede ser visto como una falta anotando en la hoja de vida y además con una rebaja de sueldo. Esto lo hemos visto también en los casos en que nuestros honorables son sorprendidos viendo películas en horarios de trabajos y la Comisión de Ética los sanciona a través de sumario con rebaja de su sueldo o dieta parlamentaria.

Ahora, tratare de abundar un poco más del tema en virtud de un proceso laboral visto en Copiapó y que fue analizado a nivel nacional por nuestra doctrina, toda vez que tiene características importantes, esto porque fue uno de los primeros procesos en donde se utiliza un procedimiento de reclamo por vulneración de derechos, y además nuestros jueces realizan su razonamiento en base a la teoría de Robert Alexy sobre la ponderación de derechos.

La sentencia data del 15 de septiembre de 2008, en el que una persona, doña María Natalia Madrid Obregón, demanda a su ex empleador, la sociedad de profesionales  Kronos argumentando que su despido fue vulneratorio de derechos fundamentales.

Los hechos son los siguientes: Con fecha de cuatro de junio de dos mil siete fue contratada para cumplir funciones administrativas en la sociedad. Con fecha de 2 de junio de dos mil ocho se le comunica el término del contrato de trabajo a través de correo certificado aplicando la causal 160 n°7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo fundado en que “supuestamente habría entregado información confidencial vía electrónica, sin autorización de sus jefes, a personal profesional de la empresa Salfa Construcciones, la cual era su fiscalizada”.

Agrega para argumentar la causal que se ha vulnerado el artículo 19 n°5 de la Constitución Política de la República, es decir, el derecho a la inviolabilidad de toda comunicación privada, entre lo que se debe considerar Messenger, programa que respalda en carpetas contenidos de las conversaciones sostenidas con otros contactos pero que sólo se puede ingresar con clave personal (la que en ningún momento le ha entregado la clave a  persona alguna, menos a la empresa Kronos). Además, señala que en ningún reglamento, ni en su contrato de trabajo se señala que se autoriza a la empresa conocer el contenido de los correos enviados y recibidos por los trabajadores.

En la contestación, la empresa señala que no han vulnerado el derecho de la actora, toda vez que la señorita María Madrid Obregón, desde un computador de uso no exclusivo, en el cual cada usuario tenía las herramientas tecnológicas para restringir la información personal que manejare, envió información confidencial de la empresa a una funcionaria de la empresa contratista, y es más, habría entregado textualmente correos o mail electrónicos enviados por el jefe de proyectos de la empresa, información que era confidencial y altamente sensible. Este hecho al ser descubierto y teniendo en consideración que el reglamento de la empresa, recepcionado en su oportunidad por la actora, señala como deber de todo funcionario “el respetar a la empresa y a su representante, en su persona y dignidad, actuando en todo momento con la debida lealtad; considerándose contrario a este deber, el transmitir o  traspasar a otras empresas del rubro, informaciones de carácter privado en la empresa que trabaja”. Agregando: la trabajadora no tomó en consideración que “al dialogar electrónicamente por internet a través de un chat, que habría sido el modo en que se envío la información, el sistema crea una carpeta de respaldo que queda almacenada en la carpeta MIS DOCUMENTOS, debiendo restringirse dicha función cuando no se quiere que cualquier persona que use el equipo tenga acceso a la información enviada, sin necesidad de poseer clave de entrada”.

El razonamiento de los jueces es el siguiente: Siguiendo al profesor Eduardo Camaño Rojo, señalando que, en el sentido que los derechos fundamentales sean específicos, inespecíficos, laboralizados o no, no son absolutos y por lo mismo reconocen como limite el ejercicio de otros bienes o garantías constitucionales; en razón de ello, en su ejercicio y siempre teniendo presente que nunca se puede afectar el núcleo irreductible de un derecho fundamental en el ejercicio de uno de estos derechos puede producirse un conflicto con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos. Agrega que, como lo ha señalado la Dirección del Trabajo, el sistema jurídico ha dotado al empleador de lo que la doctrina llama el poder de dirección y de disciplina, esto es, la facultad de dirigir y mantener el orden dentro de la empresa. Estos poderes, reconocen su fundamento en el Derecho Constitucional “Propiedad” y “en la libertad para desarrollar cualquier actividad económica”.

Es ante esta colisión de derechos que nuestros jueces señalan que, si bien existen normas que aluden a esta tensión, no existe ninguna que en definitiva resuelva el caso concreto. Es por esto, que a partir de esta problemática, los sistemas jurídicos se han impuesto el método de la ponderación para resolver esta controversia, el cual encuentra sus orígenes en escritos de Robert Alexy. Este método consiste básicamente en “pesar los derechos y bienes en juego, persiguiendo que cada derecho se sacrifique por el otro en la menor medida posible y sólo en la medida que ese sacrificio sea racional y no afecte el ya mencionado núcleo esencial de los derechos fundamentales”. Este opera a través de tres juicios: a) adecuación; b) necesidad; c) proporcionalidad.

Y es a través de estos tres juicios que el juez expresa: el demandado no ha dado suficientes fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad, por lo que necesariamente deberá instarse por la protección del derecho fundamental del trabajador, materializando con ello la tutela judicial efectiva del mandato contenido en el inciso primero del artículo quinto del Código Del Trabajo, que ha dispuesto que el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de estos. Además se debe vincular el artículo sexto de nuestra Constitución Política de la República, el que dispone que los preceptos de esta Constitución obliguen tanto a los titulares como integrantes de los órganos del Estado, como a toda persona, institución o grupo.

Y es por todo lo antes dicho, que se debe resguardar la inviolabilidad de los medios de comunicación, más ahora que existen otros medios de comunicación, como por ejemplo, las videoconferencias y/o semejantes, etc., y todas estas pueden ser usadas para desvirtuar o morigerar el núcleo esencial de este derecho.

 

1 Comentario
  1. Margie 12 meses

    All things codendsrei, this is a first class post

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