De la aplicación del error judicial

PoderJudicia333l

9 de Noviembre de 2011.


La acción por error judicial, contemplada en nuestra Constitución en su artículo 19 n°7 letra i), es una acción que poco se ha recogido por nuestra jurisprudencia.

En su conocido inicio en nuestra Constitución de 1925, tenemos que su regulación era entregada a una ley (sistema de Constitución programática), una ley que nunca llegó a nacer, totalmente inexistente, y de la cual, nunca hubieron siquiera ánimos de realizarla. Al respecto, es que las vagas acciones por error judicial interpuestas en dicha época no tuvieron éxito, dado que no era posible su tramitación (entregada a una norma ausente), y por tanto, la Corte la rechazaba sin más trámite.

Resulta un poco inoficioso al respecto precisar que previa a la citada Constitución no había ninguna disposición que contemplara la responsabilidad del Estado en su actividad jurisdiccional.

Al respecto, en la Constitución de 1980 se pretendió reformar la idea que se traía desde el año 1925, ya que bien existía la idea de que el Estado debe ser responsable por sus actos jurisdiccionales (aunque más que el Estado, es el juez propiamente tal); idea recogida del Derecho Comparado el cual fue identificando la responsabilidad del Estado desde inicios del siglo XX. Es por esto que se le “quita” la facultad que se entregaba a la ley de regular la acción, y es la Constitución misma la que se va a aplicar respecto la acción. En este sentido, se opta por una forma de Constitución operativa, la cual privilegia el principio de fuerza normativa de la Constitución precisado en el artículo 6 de nuestra carta fundamental.

La acción por error judicial también es regulada por un auto acordado de la Corte Suprema del año 1996, el que, a grandes rasgos, regula el plazo para recurrir a la Corte (6 meses), el legitimado activo (víctima del error judicial) y los antecedentes que deben acompañarse (todo antecedente que dé cuenta de la inocencia de la persona y su privación de libertad). Pero no es sino la norma constitucional del artículo 19 n°7 letra i) la que permite que la Corte Suprema declare el error judicial, para así, perseguir esta responsabilidad en un juicio posterior (de carácter sumario y en sede civil).

Cabe señalar, para quienes no conocen  la acción o poco saben de ella, que es una acción lenta en la práctica; además de ser, como dije anteriormente, contados los casos en que se ha acogido (al día de hoy, sólo seis casos en toda nuestra jurisprudencia).

En nuestro país se ha entendido esta acción en un sentido restringido, es decir, sólo procede ante casos de materia penal, donde una persona es procesado o condenado de forma injusta, pese a que ésta es totalmente inocente, y esta calidad de comprueba con posterioridad dictándose el sobreseimiento o condena absolutoria respectiva. Bajo estos supuestos es que la procedencia de la acción por error judicial es sumamente restringida.

Creo fielmente que el principio de responsabilidad por parte del Estado es de vital importancia como parte del Estado de Derecho, sin embargo, siento que esta acción no es realmente utilizada y acogida por términos de conveniencia, ya que son los mismos jueces de la Corte Suprema quienes tienen que “enjuiciar” y acusar a sus pares (otros jueces a quienes se les acusa incurrir en el hecho dañoso). Es por ello la baja aplicación y acogida de esta acción, ya que más allá de la dificultad de la procedencia en cuanto a los mencionados requisitos objetivos (por llamarlos de algún modo), suele concurrir también el elemento subjetivo como es la fidelidad del Poder Judicial, más allá que con el afán de justicia, con sus pares en la misión de velar por ella.

Otro problema respecto esta acción es la incidencia que tuvo en ella la Reforma Procesal Penal del año 2000 y siguientes; esto porque con la reforma hay ciertos términos que han sido modificados, como lo es el auto de procesamiento; además de reconocer que hay un gran número de juicios penales que no terminan en sentencia definitiva (por tanto no se configuraría uno de los requisitos de esta acción), sino que tienen salidas alternativas, mediante el cual, si un inocente es obligado a cumplir esta salida, que le es improcedente, no podrá interponer esta acción al no estar condenado por sentencia condenatoria. Es similar la analogía respecto a la prisión preventiva, ya que esta acción no tiene cabida respecto dicha institución.

Creo que la responsabilidad siempre ha sido un importante principio, tanto como en Derecho Público como Privado, y es importante que los hechos dañosos acometidos por los jueces, en este caos, sean resarcidos en su totalidad; más allá de generar también un sentido más amplio respecto la acogida de esta acción, y así no dejar vulnerable a quien ha sufrido perjuicios en otras sedes jurisdiccionales ajenas a la penal, y que bien se han generado perjuicios en su patrimonio y su persona.

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