Daño ambiental previsto y tolerado en la Evaluación Ambiental: ¿es sostenible a la luz del principio preventivo?

La Ley N° 19.300 en su Artículo 2° Letra e) señala que Daño Ambiental es “toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes”.  La definición solo nos aporta un elemento del daño ambiental, el concepto de “significativo”, es decir, no cualquier daño al medio ambiente es daño ambiental. Ello, porque existe un mínimo de tolerancia. Ahora bien, ¿Cuál es ese margen de tolerancia? ¿Existen daños tolerados y aceptados en la Evaluación Ambiental? Es decir, ¿La Evaluación Ambiental sacrifica el bien jurídico protegido anticipadamente? De ser así, ¿Cómo conciliarlo con el principio preventivo, rector y fundante de toda Evaluación Ambiental? Son algunas de las preguntas que trataremos de responder.

En primer lugar, no vengo a develar una verdad. Existen diversos autores que hablan de “daños previstos y tolerados en la Evaluación Ambiental”. Ello se colige de esta manera: Si usted toma el concepto antes enunciado en el primer párrafo, lo concuerda con el Artículo 11 letra b) y e) de la Ley 19.300 que señalan:

“Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias:

  1. b) efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire;
  2. e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona”.

Es sumamente visible que cuando la ley dice frases como “Efectos adversos significativos” o “alteración significativa” está haciendo referencia a un daño ambiental. ¿Cómo puede ser impacto ambiental algo que supera la alteración no significativa? Es cuestión de literalidad. Para mayor entendimiento, aquí el concepto de impacto ambiental:

Art. 2 Ley 19.300: Para todos los efectos legales, se entenderá por:

  1. k) Impacto Ambiental: la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada.

Entonces, si un proyecto de los del Artículo 10 de la Ley 19.300 genera alguno de los efectos del Artículo 11 del mismo cuerpo legal, puede ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental, pero lo debe hacer a través de un Estudio de Impacto Ambiental. Enseguida, debemos explicarnos las razones de esta situación legal. Ocurre que la constante tensión entre la Libertad Económica (Art. 19 N°21 CPR) con el Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (Art. 19 N° 8 CPR)  y el Derecho de Propiedad (Art. 19 N°24 CPR) hace necesario un principio que resuelva las controversias atinentes. Es aquí donde aparece el Desarrollo Sustentable, que en conformidad a la Ley 19.300- tantas veces citada- es:

Art. 2: Para todos los efectos legales, se entenderá por:

  1. g) Desarrollo Sustentable: El proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras.

De manera que, se pueden realizar proyectos (libertad económica) mientras aquellos deben utilizar la mejor tecnología disponible para ir mejorando la calidad de vida de las personas en forma sostenida y equitativa, lo que significa el respeto por normas mínimas ambientales (Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación) para preservar el ambiente y dejarlo en estado de servir para las generaciones futuras.

Sin embargo, ¿Podemos aceptar esta solución? Lo señalo por lo siguiente: Con la lógica anterior dejamos con una aplicación sumamente restringida el principio preventivo ambiental, que – seguiremos sosteniendo hasta el cansancio- es la piedra angular, la pieza maestra, la idea matriz de toda Evaluación Ambiental. Es un elemento esencial, sin él no existe evaluación ambiental real. Y dicho principio, se convierte en solo un “baremo” de medidas de mitigación ante riesgos conocidos y científicamente probados. Para de esta manera, por un lado incentivar la inversión y por otro, en la eventualidad de un daño ambiental, presumir la culpa (culpa contra la legalidad o “Contra Legem”). Eso se desprende del Artículo 52 de la Ley 19.300.  Bajo estas premisas, entonces uno se explica proyectos tan ilógicos como [paso a enunciar]: Galpón de ATI, Tranque de Relaves el Mauro, refinería ventas de CODELCO, Centrales Termoeléctricas a mitad de pueblo (Mejillones y Tocopilla), etc.

En una próxima reforma – esperamos pronto- estas ideas debieran ir encaminadas a hacer efectivo el principio preventivo en la evaluación ambiental, evitando anticipadamente proyectos que son potenciales generadores de Daño Ambiental, esto porque la idea de tener una institucionalidad ambiental es reducir al mínimo la eventualidad de estas catástrofes.

Finalizo, citando a la Presidente Bachelet que el día 16 de abril del presente señaló en el acto público de la creación de una comisión para la creación de una nueva evaluación ambiental: Queremos que la naturaleza sea una oportunidad de desarrollo, que se proteja nuestro patrimonio natural y la calidad de vida. Para eso es clave escuchar a los ciudadanos. Estamos convencidos que la protección de nuestros recursos naturales es la única manera de cuidar el presente y el futuro de nuestra patria” (Emol, 16 de abril 2015).

Esperemos que esto no quede en los ya famosos “Grandes Acuerdos Nacionales” y sea una política ambiental efectiva que termine con impropiedades del calibre que hemos – si usted lo prefiere- denunciado en esta columna.

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