Cuestiones de constitucionalidad ante los tratados internacionales

bibioteca

4 de Enero del 2012


Hace un par de días leía un texto de don Jorge Correa Sutil, ministro del Tribunal Constitucional hace un par de años; libro denominado “Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”[1], el cual, al respecto, me causó cierta curiosidad respecto un punto en particular, el cual me gustaría tratar en esta oportunidad.

El tema en específico versa sobre los tratados internacionales y la acción de inaplicabilidad; más preciso es entrar en la siguiente pregunta ¿se consideran los tratados internacionales como “precepto legal”?

Si bien analicé en una anterior oportunidad la acción de inaplicabilidad en el ordenamiento jurídico chileno[2] me parece pertinente enfatizar en aspectos básicos de la acción, que como bien es sabido, recae en un precepto legal que, en una gestión pendiente, contraviene a nuestra Constitución, siendo esta norma decisoria en la resolución del caso concreto; por lo tanto, lo que solicitamos es que no se aplique esta norma, por ser perjudicial al litigio en cuestión debido a su carácter contrario a nuestra carta fundamental.

Es así como debemos, en primer lugar, precisar sobre lo que se considera “precepto legal”, señalando en su oportunidad que es aquel tramitado como una ley y con fuerza normativa; esto es según doctrina, dado que no hay norma que lo indique, ni siquiera la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, la cual precisa ya en un aspecto residual que “las acciones de inaplicabilidad deben declarase inadmisibles cuando se promuevan respecto de un precepto que no tenga rango legal”[3].

Respecto a los tratados internacionales y su relación con el concepto, es que Emilio Pfeffer hace un planteamiento más que acertado a mi parecer, el cual señala: “La Constitución, siguiendo la práctica internacional, ha establecido su propio procedimiento interno para la celebración de tratados, entregando al Presidente de la República su negociación, conclusión, firma y ratificación (Artículo 32, Nº 17) y al Congreso, aunque no respecto de todos los tratados, un acto intermedio de aprobación (Artículo 50, Nº 1).

Se advierte de lo señalado que nuestro régimen constitucional no sigue el sistema de «transformación» de los tratados en leyes internas para su vigencia, sino que se aplica un régimen de «incorporación».

En efecto, el Congreso aprueba los tratados siguiendo los trámites de una ley, pero ni este acto ni ningún otro relacionado con la puesta en vigencia del tratado, tiene el carácter de ley. Dicha vigencia se realiza mediante un decreto promulgatorio que se publica en el Diario Oficial.

La Constitución distingue claramente entre tratado y ley, como fuentes de Derecho. Así el artículo 5 alude a la Constitución y a los tratados internacionales; el artículo 50 habla de someter la aprobación de los tratados a los trámites de una ley; y el artículo 82, Nº 2, distingue entre la tramitación de los proyectos de ley y la tramitación de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso”[4].

Es así como Pfeffer nos indica un punto de vital relevancia en nuestra pregunta inicial: cuál es el valor que tiene un tratado en relación a las fuentes formales del Derecho. Como bien él precisa, y como se ha debatido ampliamente en la doctrina, para el mencionado autor no es un tratado internacional una ley, como consecuencia de que existe una clara distinción respecto ambas normas; por tanto, es posible descartar así una relación directa.

Por otro lado, si consideramos al tratado internacional como precepto legal, sería totalmente aplicable la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (este es el planteamiento que tiene don Jorge Correa Sutil en el citado libro), sin embargo, considero de vital importancia hacer una distinción práctica y necesaria, lo cual es diferenciar entre un tratado internacional y un tratado internacional que versa sobre derechos humanos (precisión que no hace Correa, y es por ello que difiero un poco de lo mencionado en su texto; punto y precisión que bien hace Pfeffer en el mencionado texto, párrafos más delante de lo ya citado).

Si bien, como señala Correa en su libro, la acción de inaplicabilidad es posible deducirla contra un tratado internacional, en los mencionados ejemplos de su obra en que el Tribunal Constitucional ha actuado de dicha manera son tratados internacionales que no tratan sobre derechos humanos, sino que de otras materias[5].

Ahora bien, es de larga data y sabido por la doctrina constitucional la discusión sobre el valor de los tratados sobre derechos humanos, ya que dependiendo del autor se le dará una fuerza vinculante distinta, pudiendo pasar así de ser infralegal, legal, supralegal pero infraconstitucional o supraconstitucional, todo esto en virtud del artículo cinco de nuestra constitución, el cual señala que los tratados internacionales ratificados por Chile constituyen una limitación a la soberanía, al igual que los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

Por un lado, la ministra del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, nos señala en un texto[6], citando al artículo 50 de nuestra Constitución, el cual señala que la aprobación de los tratados por el Congreso se somete a los trámites de una ley, admite cierto precedente a estimar por la doctrina que el valor de los tratados es de rango legal, y por tanto, sería procedente el recurso de inaplicabilidad. Bien por otro lado, luego de la reforma del año 2005, el artículo 54 de nuestra carta fundamental en su inciso quinto indica que “las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional”. Es así como desestimamos la aplicación de la acción, y con ello, el rango legal de un tratado internacional, ya que no podría ser derogado éste de un modo ajeno al contenido en su texto o normas de Derecho Internacional, a lo cual, no da esta afirmación cabida a la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que nuestro ordenamiento contempla para preceptos legales.

A mi parecer es un tanto ambiguo el valor de los tratados en nuestro ordenamiento, toda vez que las consideraciones mencionadas me parecen de gran importancia, y por lo mismo, creo que la doctrina no está conteste en el valor. Estimo que es el constituyente quien intenta otorgar, sin éxito un valor a los tratados, y por tanto, me aventuro a señalar que son los tratados sobre derechos humanos supraconstitucionales, esto al someterse a normas externas a nuestro ordenamiento, como bien señalaba anteriormente citando la respectiva norma.

Es entonces como vuelve a surgir la pregunta y el planteamiento: ¿Es posible deducir una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sobre tratados internacionales? Cabe precisar, de este modo, a mi entender según los argumentos antes esgrimidos que no es posible tal acción respecto los tratados, dado que estos tienen su propia reglamentación en cuanto normas de Derecho Internacional. Sin embargo, y creo que como contrapartida a esta negativa, existe un control de éstos de forma previa por el Tribunal Constitucional, esto en el proceso legislativo del mismo y como consecuencia de la responsabilidad internacional que acarrea tal compromiso internacional, dado que de modo que se declarara inconstitucional de forma posterior a su entrada en vigencia en el ordenamiento jurídico chileno no se aplicaría, siendo que se adquiere un compromiso internacional al ratificarlo de que tendrá plena vigencia en nuestro país.

Es a mi parecer entonces señalar que el planteamiento de don Jorge Correa Sutil en su libro “Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional” es errado en cuanto a considerar los tratados como precepto legal[7], ya que bien, y pese a la mencionada jurisprudencia del tribunal, en los tratados, al menos sobre derechos humanos, sería improcedente la acción en cuestión.


Reseñas:

[1] Legal Publishing Chile. Enero 2011.

[2] VARGAS CISTERNAS, Loreto. “Uso del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad como mecanismo de protección de derechos sociales”. 8 de Diciembre del 2011. [Formato Digital] <http://www.lexweb.cl/uso-del-recurso-de-inaplicabilidad-como-mecanismo-de-proteccion-de-derechos-sociales> [Fecha consulta: 3 de Enero 2012]

[3] Articulo 47 letra F de la Ley N°20.381, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.
Publicada en el Diario Oficial el 28 de Octubre de 2009.

[4] PFERFFER URQUIAGA, Emilio. “Los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y su ubicación en el orden normativo interno”. Revista Ius Et Praxis. Año 9, n°1. Talca, 2003. [Formato Digital] <http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122003000100021&script=sci_arttext> [Consulta: 3 de Enero de 2012]

[5] Íbid. Pp. 10.

[6] PEÑA TORRES, Marisol. “Control de Constitucionalidad de los Tratados Internacionales: La experiencia chilena un año después de la reforma de 2005”. XXXVI Jornadas de Derecho Público. Universidad de Chile. [Formato Digital] <http://www.derecho.uchile.cl/jornadasdp/archivos/Marisol%20Pena%20Torres.pdf> [Consulta: 3 de Enero 2012]

[7] Íbid. Pp. 11.

 

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