Corte de Servicios de Aguas: Una Oportunidad para la Ciudadanía

derechocivil

23 de Enero de 2013


La ley no obliga a pagar al empleador, señalaba la ministra Matthei en los noticieros de hora de almuerzo; empero, mi pregunta es: ¿es la ministra Matthei un juez con facultades conferidas por la ley para señalar que el incumplimiento del servicio de agua es por un caso fortuito? La respuesta más evidente es NO. El juicio de reproche particular que cada persona en su fuero interno pueda hacer a la tendencia política de la ministra es en sí mismo subjetivo, y por lo tanto, carente de fuerza y toda justicia (en principio). Pese a eso, es de la esencia de un ministro representar los intereses de la comunidad en general, de sus representados, etc ¿es tan fuerte este perjuicio a la ciudadanía que afecta sus derechos fundamentales? ¿el contrato que todo ciudadano suscribe con la empresa que suministra el servicio de agua debe contener los derechos fundamentales como fuente directa? Por la importancia de este tipo de contratos podemos decir que sí, ya que es un contrato dirigido, y este tipo de contratos tiene la característica esencial, como señala el Profesor López Santa María: “las reglas legales en materias de contratos, casi siempre son supletorias de la voluntad de las partes. En los contratos dirigidos, la reglamentación legal tiene carácter imperativo, sin que las partes puedan alterar, en el contrato particular, lo establecido de manera general y anticipada por el legislador, sea en su contenido y efectos, o en la persona con la cual se debe contratar”. Lo primero que podemos colegir de esto es: 1) El legislador debió haber previsto que en todo evento la empresa respondiese de todo perjuicio; 2) En cuanto a lo anterior, en la ley del consumidor se establecen multas, las cuales son bastante altas para un ciudadano común y mortal, mas no para una empresa que lucra con algo tan esencial como el agua; 3) La consecuencia lógica de lo anterior es que debemos como ciudadanos compeler a los legisladores a que realicen una revisión crítica de la actual legislación. Como señala el Profesor citado, es la reglamentación legal la que tiene un carácter superior en este tipo de contratos. Pese a todo, esto es una cuestión a largo plazo y de carácter supletorio a la necesidad actual, que es resarcir el daño.

Veintiún comunas afectadas, muchos habitantes dañados, empresas que no pudieron entregar sus servicios, hospitales sin agua, etc. Como es evidente, el daño que se provoco es bastante alto. Ahora bien, mi pregunta es ¿se deben tener en cuenta los derechos fundamentales en el eventual litigio? ¿podemos decir que existe alguna especia del Estado por el daño de rebote? ¿podemos solicitar la recisión del contrato por no tener en consideración los derechos fundamentales? otros dirán, ¿pero qué carajo tienen que ver los derechos fundamentales en este tipo de contratos? ¿es el efecto horizontal suficiente para exigir que se le contemplen? A mi juicio, diría a todo que sí.

La tesis del efecto horizontal de los derechos fundamentales ha sido aceptada con un efecto mediato, vale decir, según cierta jurisprudencia es posible señalar que no contemplar los derechos fundamentales en un contrato es una causal de nulidad absoluta, así fue señalado en el famoso caso de las isapres. Congruentemente con esto, solo al activar el motor jurisdiccional de la justicia se debe tener en cuenta esta cuestión del efecto horizontal de los derechos fundamentales: Pese a todo, el problema mayor es que nuestra jurisprudencia no es fuente obligatoria, lo cual implicaría que el juez no tome en consideración estos argumentos, más aun teniendo en cuenta la zigzagueante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y en general, el carácter político de este tribunal en general en su juicio (esto a modo personal).

Así, en relación con lo anterior, se establecen variadas críticas al efecto horizontal de los derechos humanos. Señala Aldunate, citando a Forsthoff: “la adopción de la teoría de la eficacia de los derechos fundamentales respecto a terceros lleva a abandonar dos pilares fundamentales del Estado de Derecho, la reserva legal a que queda sometida la regulación de los derechos fundamentales, y la idea de la ley, entendida como precepto general y abstracto, y la participación del representante  popular en su elaboración y aprobación”. Lo anterior, en este caso particular, no creo se aplique bajo ningún respecto, ello debido a que este tipo de contratos es dirigido, con las características esenciales que antes señale.

La responsabilidad de la empresa de aguas en este caso ya se encuentra contemplada bajo una determinada suma de dinero, sin embargo, el análisis de un tema tan complejo como este no debe resolverse con algo tan simple como, “una rebaja de $1000 o $2000 pesos a la cuenta de fin de mes”,  creo con toda fuerza y vigor, que este caso es un momento especial en el que los ciudadanos debemos presionar al gobierno de turno para dar una nueva revisada a la legislación global de este país en su legislación en cuestiones tan globales y esenciales como es el agua.

En relación a todo lo anterior la empresa dirá: “CASO FORTUITO”; es imposible prever un aluvión, y es más, el Código Civil, en su artículo 45, señala ejemplos similares para eximirse de responsabilidad, tales como, “… un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”. Sin embargo, es de lo suyo prever la situación de un suministrador de agua, en el que su actividad pueda detenerse por diversos motivos, hasta por un terremoto. En este caso en particular, la actividad como tal genera una responsabilidad y por tanto un grado de diligencia mayor en el emplear este tipo de actividad específica. Es por esto y muchas otras razones que esta oportunidad es una oportunidad única, una oportunidad en la cual podemos presionar a nuestros legisladores, al Estado por su cuidado o diligencia en establecer normas legales a la empresa que suministra el agua (que estas sean lo suficientemente rigurosas y eficaces), y además, solicitar una rescisión del contrato y expulsar a una empresa que no ha hecho más que exprimir a la ciudadanía a través de un aparato legal que no considera cuestiones básicas de derechos fundamentales.

 

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