Corte de Apelaciones de Arica deja sin efecto resolución que aprueba el Proyecto de Manganeso “Los Pumas”.

Por: Nicolás Pinochet Escobar

La segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica acogió el día martes 26 de noviembre, 5 recursos de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el Comité encabezado por el intendente de la Región, José Durana, luego que ellos hubieran aprobado el proyecto minero.  De esta manera, se deja sin efecto la resolución Exenta N°050, del 19 de Agosto de 2013, que calificaba como favorable el proyecto.

El proyecto consistía en el ejercicio de labores mineras a 37 km de la comuna de Putre, donde se proyectaba la existencia de 18,3 millones de toneladas de Manganeso, se trataría de una explotación a tajo abierto. Se estimaba una producción anual de 400 mil toneladas, mineral que sería trasladado a una sección de chancado o molienda cercano al punto de extracción, en cuyo proceso se consideró la utilización de agua proveniente de la vertiente ubicada en la quebrada Tarapacá, por medio de un ducto. Luego, el relave[1] seria vertido en un tranque de relave. El mineral sería transportado por camiones de 30 toneladas hasta el sitio de acopio, en la zona industrial de Arica, lo cual implica la construcción de un camino desde el yacimiento hasta la Ruta A-23, desde Arica se transportaría el mineral por unos 10 km dentro de la ciudad hasta el puerto para ser exportado.

Algunos de los motivos por los cuales se presentan los recursos de protección, dicen relación con la omisión de la consulta indígena, lo cual vulnera, principalmente, las disposiciones del Convenio Internacional N°169 de la OIT;

Del fallo de la Corte resulta importante destacar los siguientes aspectos:

  • El permiso ambiental se fundó en el Decreto Supremo n°86/70 del Ministerio de Minería, siendo que con fecha 11 de Abril del 2007 entro en vigencia el Decreto Supremo 248 que aprueba el reglamento para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relave, el cual derogaba el Decreto antes mencionado. Por lo tanto, la aprobación se realiza infringiendo la normativa vigente, al fundarse en una norma derogada.
  • Por otra parte, resulta relevante que de la realización del camino hacia la ruta A-23, se tendría que intervenir 2.320 ejemplares de Azorella Compacta, conocida como Yareta, interviniendo, además, el Parque Nacional Lauca. Lo que a juicio de la Corte generaría un impacto Alto e irreversible. Es importante mencionar que está es una especie protegida, de categoría de conservación vulnerable, y que a juicio de la Corte estamos en presencia de una variable económica, en virtud de la cual el criterio para la elección del camino, no es otro, sino la eficiencia económica de la Empresa, a costa de la intervención del Parque y la especie ya mencionada.

Resultan importante, además, las siguientes consideraciones, por cuanto vienen a confirmar la jurisprudencia nacional, de acuerdo a ciertas hipótesis siempre controvertidas:

  • La recurrida señala que la Corte no tiene competencia para conocer de la materia, toda vez que se está discutiendo materias de carácter técnicas, y que por lo tanto escapan del ámbito de propio del Recurso de Protección. Sin embargo la Corte es capaz de demostrar la vulneración de garantías constitucionales, y además, la propias Constitución establece que este recurso procede sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacer valer ante la autoridad o tribunales correspondientes, por lo que si bien existen tribunales ambientales con competencia en estas materias, aquello no obsta a la posibilidad de conocer de la Corte por la vía del Recurso de Protección.
  • La Corte deja claro que las labores de construcción del camino, como también el transporte del mineral, sustancias y residuos peligrosos, son obras y actividades que forman parte integrar del proyecto minero Los Pumas, y no un proyecto distinto.
  • En cuanto a la consulta indígena, según el Convenio 169 de la OIT, la empresa señala que el hecho de realizar una consulta indígena propiamente tal, es una interpretación errada del convenio, toda vez que no se trata de una norma de carácter ambiental que deba someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo la Corte es precisa al citar el art. 1 de la Ley 300 que establece: El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia. Por lo tanto, el Estudio de Impacto Ambiental[2] debe ser rechazado cuando no cumple con la normativa ambiental (art. 16 inciso final de la Ley 19.300), como ocurre en este caso.

En este sentido, la Corte Suprema el año 2012 señalo: “tal carencia (la de la consulta indígena) forma ilegal la decisión al faltar un deber de consulta que correspondería acatar la autoridad por imperativo legal, proceder que lesiona la garantía de igualdad ante la ley, porque al no aplicarse la consulta que el convenio dispone, niega trato de igualdad a dichas comunidades indígenas”.

De esta manera, el fallo de la Corte viene a clarificar la aplicación del convenio de la OIT, además, resuelve un tema de competencia, en virtud del cual independiente de la facultad de los tribunales ambientales de poder conocer, aquello no obsta que la Corte pueda conocer a través del recurso de protección, ni tampoco el hecho de que la discusión se trate de aspectos técnicos del proyecto, siempre que aquello vulnere garantías establecidas por la Constitución.

[1] Desechos tóxicos subproductos de procesos mineros y concentración de minerales, usualmente una mezcla de tierra, agua, minerales y rocas. Lo cual en su mayoría no puede ser reprocesado ni reutilizado.

[2] Documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación, el que deberá proporcionar antecedentes fundados para predecir, identificar o minimizar los efectos significativamente adversos.

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