Constitucionalización del Derecho de Daños: Caso Responsabilidad Médica

09 de julio de 2014


En las siguientes palabras trataremos de analizar la procedencia y extensión de una indemnización que, frente a la imposibilidad de volver las cosas a su estado anterior, otorgue a la víctima una reparación económica por los perjuicios y menoscabos sufridos, para lo cual se analizará el derecho de daños desde la perspectiva constitucional.

A nivel constitucional, si bien hay normas específicas referidas a la indemnización con motivo de menoscabos a derechos en particular, no existe disposición alguna en la Constitución que lo consagre expresamente de manera genérica. Nuestra Constitución Política consagra en su artículo 19 y sus consecuenciales numerales los derechos y deberes constitucionales, en virtud de los cuales se podría sostener la fuente constitucional del “Derecho de Daños”, con especial mención  en casos de responsabilidad médica, ya que en la mayoría de los casos que se someten a la decisión de los tribunales de justicia por mala praxis, o negligencia médica, se alega por las victimas generalmente haber sufrido un daño tanto patrimonial como extrapatrimonial, pero ocurre que en la práctica que de dicha conducta negligente se derivan diversos daños que no son posibles incorporar dentro de la noción de daño moral o daño patrimonial para su resarcimiento, como es el caso de una afectación a la integridad física o psíquica de la víctima, atentados contra la vida misma de la persona, y además teniendo en consideración que las consecuencias que se producen son muchas veces de carácter permanente e irreversible. En virtud del artículo 19 n° 24, que consagra el derecho de propiedad, es posible sustentar la fuente constitucional del daño patrimonial, ya que está revestido de una protección constitucional, que se manifiesta en la acción de protección (artículo n° 20 de la Carta Fundamental), sustentando como un principio que fundamenta que todo daño debe ser indemnizado, en este caso en materia patrimonial, como a su vez de la protección a la dignidad, vida e integridad física y psíquica que consagra nuestra Constitución, por lo cual también podemos sostener la fuente constitucional del resarcimiento del daño moral.

En las últimas dos décadas se ha provocado una evolución casi sin cesar de los casos de responsabilidad médica, y la discusión que de ello se han ido  detonando en los tribunales de justicia en términos de la complejidad de los casos, la especialidad de la materia involucrada y los montos discutidos. La jurisprudencia y la revisión de casos que se ha hecho en esta materia indica que mas menos el 99% de los montos pretendidos en las demandas que se interponen en los casos de responsabilidad médica dice relación con el concepto de daño moral y casi el 100% de los montos condenados en materia de responsabilidad médica tanto en el ámbito publico como privado dicen también relación con el concepto de daño moral, es decir aflicción que penetra a la persona en relación al evento dañoso en virtud del cual ha sido victima. No hay por ende un desarrollo jurisprudencial alguno en temas vinculados a otros daños que si se han invocado como el daño corporal o como el daño a la vida en relación, el daño estético, daño a la vida sexual.

Entrar a discutir sobre estas categorías nuevas es asumir que estamos en una sociedad en desarrollo en que a medida que se va logrando cierto grado de desarrollo también va creciendo la necesidad de las personas y su percepción en los daños por ellos sufridos, hoy puede ser considerado un daño, por ejemplo, el que se le arruine un viaje importante de trabajo producto de un error de la agencia de viajes en la reserva de los pasajes, también puede ser considerado daño el temor a una afección futura al momento que se detone una enfermedad producto que soy portador del VIH y no tenga los medios adecuados para tratar con la terapia indicada las complicaciones que se puedan derivar de esa afección, etc.

En el Derecho Comparado, en relación a estas nuevas categorías de daños, se ha ido desarrollando el concepto de “daño a la salud” como una categoría general y su base ha estado fundamentalmente en algunos principios constitucionales sobre el derecho a la dignidad de la persona, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, como es el caso del derecho Italiano. En América esta es una categoría casi desconocida, existe un solo código latinoamericano que establece algo parecido a la figura de daño a la salud o daño corporal que es el código peruano que establece dentro de las categorías de daño, el daño material, daño a la persona y el daño extrapatrimonial.

La responsabilidad médica ha sido generosa en términos de situaciones que afectan la integridad física y psíquica de las personas, en el sentido que por más que se sancione la negligencia, las secuelas quedaran permanentes en la victima. El daño fisiológico es una categoría autónoma de daño, que se diferencia del daño moral y el lucro cesante y su no reconocimiento a la fecha proviene del hecho de que la doctrina no ha podido desvincularse de aquella noción material de que dichos daños solo pueden reconocerse medirse en función de la capacidad de generar ingresos o recursos o incluso no ha podido desvincularse de su absorción del daño moral.

¿Qué se entiende cuando hablamos de daño fisiológico? Es un daño que se causa a la persona en su organismo o su integridad física del individuo, produciendo un perjuicio a la salud y compromete el bienestar de la persona, es un daño que afecta a la integridad física y psíquica como ser humano. Se distingue claramente del daño moral porque no recae en la esfera puramente emotiva o espiritual de la persona sino que tiene una existencia o materialidad un contenido preciso y refleja una realidad efectiva.

Por lo tanto se hace necesario por parte de la doctrina ir confeccionando una teoría de constitucionalización del Derecho de Daños, estructurada sobre la base de los distintos principios fundamentales de nuestra constitución como la dignidad humana, derecho a la vida, integridad física y psíquica, para sí ir generando una ampliación en la clásica clasificación tripartita del daño en lucro cesante, daño emergente y daño moral, dando cabida a la existencia de un daño biológico o fisiológico, para así lograr una completa reparación del daño sufrido y no solo recurrir a tribunales solo por vía patrimonial o extrapatrimonial.

 

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