Condiciones de detención y CIDH en 2005

Pena

Autor: Manuel Yáñez Espinoza

25 de Abril de 2012


 

Integridad personal y condiciones de detención:

Es interesante analizar qué es lo que sostiene la Corte en este periodo respecto de las Condiciones de detención, pues es un aspecto de gran importancia en nuestra realidad latinoamericana, donde día tras día vemos las difíciles situaciones que viven los presidiarios.

Ya en el caso Caesar se pronuncia al respecto, debido a sus condiciones de cumplimiento de la condena. Donde señala “[…] toda persona privada de libertad tiene  derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal.  En otras oportunidades, este Tribunal ha señalado que la detención en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una violación a la integridad personal”[1]. Cosa que también se observa en el caso Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes, en este último en términos muy similares a la cita anterior en su párrafo 75.

La gran importancia de la protección de la integridad personal respecto de las personas en situación de prisión, viene dada, por la posición en la que se encuentra el Estado frente a las personas en dicha condición. Es decir el Estado es quien se encuentre en una posición de fuerte superioridad frente a los individuos que ya han visto restringidos sus derechos fundamentales (derecho a la libertad personal por la comisión de delito o por imputación del mismo), en tal sentido el Estado es el garante del resto de sus derechos humanos, pues no por estar en condición de prisión las personas pierden su dignidad humana inherente. En este sentido la Corte sostiene en el caso Caesar, “que frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición  especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un control o dominio total sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia.  En este particular contexto de subordinación del detenido frente al Estado, este último tiene una responsabilidad especial de asegurar a aquellas personas bajo su control las condiciones que les permitan retener un grado de dignidad consistente  con sus derechos humanos inherentes e inderogables”[2].

 Respecto a si los Estados pueden esgrimir como argumento la falta de recursos económicos, como motivo de incumplimiento de sus obligaciones internacionales referente al trato y condiciones de los detenidos, la Corte cita al Comité de Derechos humanos, señalando, “En el caso Mukong el Comité insistió sobre la universalidad del derecho a un trato digno y humano y rechazó la escasez de recursos como excusa para la inobservancia de este derecho”[3].

En otra arista respecto de las condiciones de detención, es importante detenerse a analizar el fenómeno del corredor de la muerte, situación que se produce mientras los condenados esperan cumplir con la sentencia de muerte. Respecto de este fenómeno en el caso Caesar (a pesar de no tener relación directa con el asunto) la Corte señala en lo tocante a los agravantes del caso lo siguiente “el dolor y el daño físico causados por la flagelación fueron exacerbados por la angustia, el estrés y el miedo padecidos durante el período en que el señor Caesar estuvo esperando su pena corporal en la cárcel. Más aún, en tres o cuatro diferentes ocasiones fue expuesto al sufrimiento de otros reclusos sometidos a penas  similares”[4]. Ya en directa relación con el fenómeno, en el Caso Raxcacó la Corte cita al TEDH, el cual en el caso Soering “determinó que el llamado “fenómeno del corredor de la muerte”, constituido por un período de detención prolongado en espera y previo a la ejecución, durante el cual el condenado sufre de angustia mental y está sujeto a una tensión extrema y a trauma psicológico por la constante espera de lo que será el ritual de la propia ejecución, implica un trato cruel, inhumano y degradante”[5]. Así mismo el TEDH considera que toda imposición de pena de muerte debe ser analizada a la luz del Art. 3 de la Convenio Europeo de Derecho Humanos, teniendo en especial consideración las particularidades del detenido y de sus condiciones de detención.

Finalmente, cabe señalar que tanto en el Caso Caesar, Fermín Ramírez y Raxcacó, la Corte asocia las graves condiciones carcelarias a un trato cruel, inhumano y degradante.


Reseñas:

[1]  Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 10, párr. 102; Caso Tibi, supra nota 16, parr 150; y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C, No. 112, párr. 151. Ver también ONU. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el E.S.C. res. 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, Reglas 10 y 11.

[2] Cfr. Caso Caesar. Sentencia de 11 de Marzo de 2005. Serie C No. 123, párr. 97.

[3] Cfr. Caso Raxcacó Reyes. Sentencia de 15 de Septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 96.

[4] Cfr. Caso Caesar. Sentencia de 11 de Marzo de 2005. Serie C No. 123, párr. 77.

[5] Cfr. Caso Raxcacó Reyes. Sentencia de 15 de Septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 97.

 

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