Comentario de Jurisprudencia Constitucional

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Fallo Rol Nº 2042-11

28 de mayo de 2014


En el fallo en cuestión, doña Pamela Bahamondes Moreno, solicita al tribunal constitucional la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos 1º y 2º del artículo n º 43 de la ley n° 19.966 (Auge), el cual establece “El ejercicio de las acciones jurisdiccionales contra los prestadores institucionales públicos que forman las redes asistenciales definidas por el artículo 16 bis del decreto ley Nº 2.763, de 1979, o sus funcionarios, para obtener la reparación de los daños ocasionados en el cumplimiento de sus funciones de otorgamiento de prestaciones de carácter asistencial, requiere que el interesado, previamente, haya sometido su reclamo a un procedimiento de mediación ante el Consejo de Defensa del Estado, el que podrá designar como mediador a uno de sus funcionarios, a otro en comisión de servicio o a un profesional que reúna los requisitos del artículo 54.

En el caso de los prestadores privados, los interesados deberán someterse a un procedimiento de mediación ante mediadores acreditados por la Superintendencia de Salud, conforme a esta ley y el reglamento, procedimiento que será de cargo de las partes. Las partes deberán designar de común acuerdo al mediador y, a falta de acuerdo, la mediación se entenderá fracasada.”

Esta exigencia previa que impone este precepto al ejercicio de las acciones jurisdiccionales, consistente en que el interesado, antes de demandar, haya sometido su reclamo a un procedimiento de mediación, vulnera, en su aplicación a la gestión judicial las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2°, 3°, 24° y 26°, de la Carta Fundamental.

Uno de los requisitos para poder interponer la acción en cuestión ante el tribunal constitucional, dice relacion con que la norma sobre la cual se ejerza la acción, se trate de un precepto de rango legal, para lo cual se debe tener presente que la acción de inaplicabilidad no es la vía para impugnar decisiones judiciales, tampoco convertirse en un mecanismo para cuestionar la constitucionalidad de una sentencia, lo cual va de la mano de otro requisito que es la existencia de una gestión pendiente, requisitos que se cumplen por la requirente ya que se trata de una disposición contenida en una ley (auge), y la gestión pendiente estaría probada por una demanda de indemnización de perjuicios por negligencia médica, que se encuentra actualmente ante la Excma. Corte Suprema bajo el Rol N° 5195-2011, gestión judicial que tiene su origen en las lesiones sufridas por la demandante de indemnización de perjuicios y requirente, a causa de haberse incumplido los deberes de diligencia y cuidado que debían haber brindado en la atención médica del parto de su hija, todo ello en virtud del contrato de hospitalización celebrado.

Pero la controversia existe acerca del requisito de la acción consistente en que la aplicación del precepto resulte decisiva en la resolución del asunto, entendiendo que lo relevante es que el juez de la instancia pueda aplicar el precepto para resolver alguno de los asuntos o materias que le han sido sometidos a su conocimiento. En autos el Tribunal Constitucional estima que “no constituirían preceptos de aplicación decisiva en la gestión pendiente que motiva este proceso constitucional, esto es, en el recurso de casación en el fondo que se encuentra pendiente ante la Excma. Corte Suprema, ya que resulta necesario resolver esta alegación antes de entrar al fondo del conflicto planteado a la decisión de este Tribunal”. A nuestro juicio un razonamiento errado en virtud de que la parte petitoria del recurso de casación que pende ante la Corte Suprema solicita que se acoja en todas sus partes dicho recurso y que se “dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que la revoque y que resuelva precisa y específicamente que se rechazan las incidencias de nulidad de todo lo obrado en autos, interpuesta por una parte de los demandados, y que se acogen las excepciones dilatorias también opuestas en primera instancia”.

Así las cosas, se generan incidencias de nulidad interpuestas por la parte demandada en la causa por indemnización de perjuicios, utilizando como argumento para alcanzar la nulidad de lo fallado, siendo el motivo por el cual se recurre de casación en el fondo ante la Exca Corte Suprema, lo establecido en la ley 19.966, relativo a la exigencia previa de mediación antes de recurrir a su legitimo derecho a defensa, y el Tribunal razona en el sentido de que la ley Auge en ninguna de sus partes señala que la omisión del trámite de mediación prejudicial sea sancionada con la nulidad absoluta de todo lo obrado en autos y que la omisión del trámite de mediación es un vicio de carácter subsanable, y que los incidentistas de nulidad de todo lo obrado debieron interponer las respectivas excepciones dilatorias.

Por lo tanto postulando que el recurso de casación en el fondo deducido por la requirente no guarda relación con el articulo 43 de la ley n° 19966, pero el tema es que la parte demandada de indemnización de perjuicios en este caso la institución sanitaria tanto en primera instancia y posteriores, argumentó que el no cumplimiento por parte de la Sra. Bahamondes Moreno de la mediación prejudicial, basándose en lo establecido en el artículo 43 de la ley Auge, que efectivamente vulnera garantías constitucionales, como la igualdad de acceso ante la justicia, mas allá de que la existencia de la mediación y su carácter de equivalente jurisdiccional, no es admisible que se establezca como exigencia y no como una instancia voluntaria, que mas allá de que interrumpa los plazos de prescripción de las acciones civiles y criminales a su haber, debería respetarse el carácter voluntario de la mediación como se manifiesta en todo nuestro ordenamiento jurídico en la mayoría de los procedimientos, y no una imposición, y es por ello que dicho precepto vulneraria dicha garantía.

La Decisión del Tribunal de rechazar la acción en comento considerando que la aplicación del precepto de la ley n° 19.966 no resulta decisivo en la resolución del recurso de casación en el fondo, es ignorar que es dicho precepto el que desencadenó todas las instancias desfavorables a la requirente, de recurrir a tribunales de jurisdicción ordinaria en pos de ver resguardada sus legítimos derechos concebidos por la Constitución Política de nuestro país, no obstante la resolución se ajuste a derecho y procedimiento, no es la mas acertada, para lo cual se debería extender los efectos de una acción en el entendido de tomar en consideración todo el transcurso de la causa y no solamente lo que ante ellos se presenta.

2 Comentarios
  1. omegle girls 11 meses

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