Colusión sin remedio

1 de julio de 2015


Cuando hablamos del caso ”Farmacias”, nos estamos refiriendo a varios ámbitos de interés, no es tan solo de relevancia penal, por las sanciones que deban tener los involucrados, si no también obviamente en ámbito económico, y por ultimo del interés publico, el cual afecta a todos.

Viendo este caso a nivel del interés social, que es lo que nos convoca, este  ganó enorme interés con el escándalo que provocó el año 2009, donde varios políticos próximos a campañas electorales lo denunciaron. El problema era el hecho de alterar el precio natural de los productos o servicios.

En fallo divido, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal determinó este martes, absolver a los 10 ejecutivos involucrados en el caso. Recordando que en el 2008 la Fiscalía Nacional Económica acusó a las cadenas Fase, Cruz Verde y Salcobrand de coludirse para fijar los precios de medicamentos (206 medicamentos llegando en ciertos casos en un 134% más del costo original).

La resolución contó con el voto en contra del magistrado José Flores, quien argumentó que la fiscalía sí acreditó la adulteración de los precios de los medicamentos. Por otra parte la jueza presidenta del tribunal, María Inés Collin, indicó que la colusión no existe en el tipo penal y que además la Fiscalía no logró probar la adulteración fraudulenta de precios, “Para que esa coordinación tenga repercusiones penales debe ser de carácter fraudulenta. No se puede inferir una tergiversación artificial”, comunicó.

Los monopolios obviamente no están amparados por ley, a excepción de los estatales por cierto, en este caso nosotros estamos hablando de un oligopolio colusorio, entendiendo específicamente por tal la conducta de oferentes de bienes y servicios al público que secretamente se ponen de acuerdo entre sí sobre los precios que cobrarán por tales bienes o servicios, dando lugar de este modo a un precio distinto del que hubiera resultado de no haber mediado dicho acuerdo. Si bien nosotros contamos con un DL211, y un tribunal de libre competencia cuya función es prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia, las sanciones del código penal no son las suficientes o la adecuadas para el efecto. El Ministerio Público para llevar a sede penal a los involucrados  acudió a el artículo 285 del codigo penal, que data cerca del 1800, y que nunca había sido utilizado.

Art. 285 del Código Penal: ”Los que por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas o de cualesquiera otras cosas que fueren objetos de contratación, sufrirán las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.”. Sigue, art. 286: ”Cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre mantenimientos u otros objetos de primera necesidad, además de las penas que en él se señalan, se impondrá la de comiso de los géneros que fueren objeto del fraude”. Los medios de prueba eran muy difíciles de obtener, por lo que el Tribunal considero que no había prueba suficiente.

Cuando hablamos del interés publico, nos preocupa saber que Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada, que representan al 90% del rubro presente en el mercado, estén coludidas en precios de medicamentos, los cuales, no son productos aislados, o de lujo, por el contrario, son necesarios, de los cuales la gente procura con mayor interés frente a otros productos.  Se esta jugando con la salud, con la necesidad de los enfermos, y quizás no es tan solo esos medicamentos, probablemente son muchos mas. Todos nos damos cuenta y acatamos, porque la competencia de ellos sigue siendo un escaso 10%.

Por otro lado, en ámbito constitucional, nos referimos a dos artículos, el primero; art. 19 n° 21 libertad para desarrollar una actividad económica licita (que por cierto no lo es), y por otro lado, número 9 del mismo articulo el cual establece el derecho a la protección de la salud, que si nos detenemos a analizarlo, no tan solo en su nivel macro, el Estado también debe coordinar y controlar acciones relacionadas con la salud, en el inciso siguiente vincula a estas con las instituciones encargadas de restablecer la salud, pero: ¿dónde quedan amparados los medicamentos?, el Estado no puede tener una farmacia estatal, seria ridículo, pero si controlar con mas énfasis, las empresas que ofrecen productos de necesidad básica de las cuales la persona no puede subsistir sin ellas. Este problema ha dado que hablar, tanto por la colusión en medicamentos, como su financiamiento en enfermedades ”raras” por parte del estado. El estado cuando habla de sus principios y sus preocupaciones, lo tiene que hacer en todos los ámbitos, no tan solo sobre un sector. Los problemas se ven de diferentes lados. Este por cierto, es un tema que no es de menor relevancia con respecto a las instituciones de salud, tiene directamente relación con ellos. La salud es cara, cara la atención,  como la recuperación y tratamiento. Mientras tanto la autoridad agrega que el actuar de los involucrados “no es una práctica maquiavélica”, por lo que para los enfermos, y las personas de escasos recursos esa ”practica” no es un juego.

El Estado por tanto, frente a estos actos contrarios a la moral, debe actuar, con un mayor control, y creando normas adecuadas a la época, época donde el libre mercado nos gobierna, y las necesidades de la población pasan a un segundo grado.

 

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