Colombofobia, o la historia de una región sin gobernador

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Autor: Ernesto Manriquez.

18 de mayo de 2011.


Tal vez el Derecho Administrativo no sea tan sexy como algún tema relativo al Derecho Penal, al Derecho Ambiental o al Derecho Civil. Quizás, en vez de escribir una columna haciendo alusión al Derecho Administrativo, usted piense en ir a alguna marcha en contra de algo mucho más relevante, como Hidroaysén o el Convenio para la Protección de Obtenciones Vegetales. Sin saber, por supuesto, que eso, que todos asumimos como algo tan normal, es ilegal. ¿Ilegal?, dirá toda la audiencia a coro sorprendida. Ilegal, pues. Algún conocedor del Derecho me dirá, espantado por mi falta de conocimiento jurídico, que las marchas no son ilegales, pues la Constitución establece el derecho a la libertad personal y para pedir permiso para marchar sólo es necesario elevar una solicitud al gobernador provincial (artículo 4º, letra c) LOCGAR) con el trazado de la marcha y ella, seguramente, será concedida, debiendo el Gobernador avisar a Carabineros.

El único detalle es… que en la provincia de Santiago no hay gobernador.

De nuevo el coro me dirá, aterrado por mi falta de conocimiento del Derecho, ¿estás loco? ¿no ves que hemos presentado dos docenas de solicitudes de autorizaciones a la Intendencia Metropolitana y ellas han sido acogidas, hemos negociado el trazado de las marchas con el Intendente y ellas se han ido por aquí y por acá? ¿No ves que cuando pedimos hablar con el Gobernador de Santiago podemos hacerlo, y aparece un tipo de aspecto circunspecto, con cuatro hermosas damiselas flanqueándolo, que se presenta como el gobernador? Sí, pero todas esas autorizaciones son ilegales, respondo. También son ilegales las aplicaciones de la ley de extranjería, el requerir el auxilio de la fuerza pública o la vigilancia de los bienes nacionales de uso público, y Contraloría ha estado de acuerdo en así declararlo. Y, en cuanto al tipo de aspecto circunspecto, él no es un gobernador, es un delegado provincial, puesto en ese sitio para enmascarar la falta de gobernador. Como ha sido desde el retorno a la democracia.

Esta es la triste historia de cómo la provincia más habitada del país perdió su gobernación, sin que nadie se diera cuenta.

La Región Metropolitana de Santiago

El D.L. 575 sobre Regionalización del País, en su texto original, señalaba que junto con las primitivas doce regiones, existiría “además, un Area Metropolitana de Santiago, que comprende la actual provincia de Santiago, excluyendo el departamento de San Antonio”. Este decreto ley diferenció a las regiones, en las que configuró un sistema de gobierno regional que es el precursor de la actual LOCGAR, de las Áreas Metropolitanas, señalándose que ellas serían regidas, en cambio, por una ley propia.

Esa ley fue el D.L. 3.260 de Abril de 1980, que estableció la regulación especial de la Región Metropolitana de Santiago. Fue esta ley la que dividió la Región Metropolitana de Santiago en sus seis provincias actuales, y fue esta ley la que le asignó al Intendente Regional Metropolitano (con ese nombre definido, a su vez, en la ley) su función como gobernador de la provincia de Santiago. Dice su texto original lo siguiente.

Artículo 6°.– El gobierno y la administración superiores de la Región Metropolitana de Santiago residen en el Intendente Regional Metropolitano, a quien corresponderá ejercer las funciones y atribuciones que para los Intendentes Regionales se asignan en las normas constitucionales y legales, fundamentalmente en los decretos leyes Nos. 573 y 575, ambos de 1974. Le correspondera en especial:

  1. Coordinar la actuación que deban desarrollar los organismos metropolitaños en la Region;
  2. Coordinar la acción de los Municipios y de los organismos competentes de la Región, en materia de transporte y tránsito público;
  3. Coordinar las acciones tendientes a la preservación del medio ambiente en la Región y supervisar el cumplimiento de las medidas acordadas, y
  4. Ejercer las funciones y atribuciones de Gobernador Provincial en el Area Metropolitana.

Esta ley no sólo le entregaba al Intendente las atribuciones de Gobernador Provincial, sino que le daba algo más, algo que está ausente en la LOCGAR, que es el rol de coordinación entre los municipios del Área Metropolitana para la planificación y ejecución de obras comunes. El intendente del D.L. 3.260 era un intendente, un gobernador, pero sobre todas las cosas, un burgomaestre, capaz de coordinar de forma centralizada las obras de una ciudad grande como Santiago. Coordinación que aún estamos esperando.

La letra d) fue rápidamente derogada, puesto que la Constitución de 1980, recientemente aprobada, era incoherente con este texto. La planta del Servicio de Gobierno Interior, aprobada en 1976, no contemplaba una posición de gobernador para Santiago, y el texto positivo que señalaba quién era el Gobernador de Santiago era derogado por la Constitución. La posición oficial fue que para Santiago seguía rigiendo la ley anterior al gobierno militar, que también entregaba las atribuciones del Gobernador provincial al Intendente de la Provincia.

Durante el gobierno de Pinochet no hubo problemas. Ellos se presentaron con la dictación, en 1991, de la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, que configuró el sistema actual de gobierno regional y buscó ser una solución para un sistema poco democrático heredado del gobierno militar. Pero no arregló el problema de Santiago, y la planta funcionaria del Servicio de Gobierno Interior tampoco fue modificada. ¿Resultado? Santiago se quedó sin gobernador, pero adquirió un pomposo nombre, Región Metropolitana de Santiago, que le había sido asignado por el D.L. 3.260.

Con el tiempo, se buscó enmascarar este error, ante la falta de voluntad política y la falta de glamour en patrocinar algo tan aburrido como la corrección de un guarismo en la ley de planta del Servicio de Gobierno Interior, y se nombró un delegado provincial. Del Consejo Económico y Social Provincial de Santiago, mejor no se hable.

Colombofobia

Es así como, tras un largo historial de apariencias y de ficciones jurídicas producidas, en parte, porque nadie quería creer lo que estaba pasando, una constructora, Colombo Ltda. incumple un contrato de construcción de una comisaría suscrito con el Estado. El Estado pone término unilateral al contrato administrativo y decide desalojar a Colombo de la comisaría, que es territorio del Fisco. Colombo se queda, y el Ministerio del Interior decide tomar cartas en el asunto, encargándole a la Intendencia Metropolitana el desalojo. Otras empresas habrían claudicado, pero los abogados de Colombo sabían qué era lo que pasaba, y se asilaron en un simple argumento: la facultad de desalojar a un contratante contumaz estaba entregada por la LOCGAR (artículo 4 letra h)) al gobernador provincial. Santiago no tenía gobernador provincial.

Luego de ineficaces recursos administrativos jerárquicos, llega el golpe de la Contraloría, que, en su dictamen 37.801/2005, devuelve el decreto del Ministerio del Interior que expulsa a Colombo Ltda. del terreno fiscal con el siguiente razonamiento.

“En efecto, con arreglo a lo previsto en el artículo 4°, letra h), de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, disposición que se consigna como fundamento de la mencionada resolución exenta N° 429, corresponde al gobernador ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, y en uso de esta facultad le compete, entre otras materias, exigir administrativamente la restitución de tales bienes cuando proceda.

Pues bien, tal como lo señala el inciso segundo del precitado artículo 4°, la referida atribución ha sido conferida directamente por la ley al gobernador, sin que se advierta alguna disposición legal que habilite al intendente para ejercer dicha potestad, como ha sucedido en la especie.

La Intendencia insiste, sólo para encontrarse con la dura respuesta de Contraloría, que, en dos considerandos de su dictamen 27.552/2006, borra de un plumazo toda posibilidad de que sea la Intendencia quien, mediante delegación, pueda atribuirse funciones de los gobernadores.

“De esta forma, y como puede apreciarse, carece de fundamento lo afirmado en la solicitud que se informa, en el sentido de que el legislador nunca consideró que la Región Metropolitana debía regularse, en cuanto a su administración, igual que las demás regiones. Antes bien, del estudio de estos antecedentes aparece que en la actualidad no existe ninguna norma constitucional o legal que permita discriminar respecto de las otras, regiones del país estableciendo sistemas especiales de administración para dicha Región Metropolitana.”

[…]

“En estas condiciones, no es jurídicamente posible, sobre la base de una interpretación extensiva de las reglas que asignan atribuciones generales a los intendentes, o de prácticas que tienen su origen en disposiciones que hoy no están en vigor, deducir para estos funcionarios la existencia de facultades que el ordenamiento no les asigna y que específicamente la ley vigente ha conferido a otra autoridad, particularmente cuando las mismas inciden en los derechos y libertades de las personas.”

Colombo fue finalmente echado del terreno por las órdenes aquí recurridas de la Intendencia, pero el daño fue hecho. Las atribuciones de los gobernadores habían sido, finalmente, perdidas por la Intendencia de la Región Metropolitana.

¿Qué significa esto?

Varias cosas simpáticas. Si usted defiende a peruanos inmigrantes ilegales, ha de saber que mientras estén en la provincia de Santiago a ellos no se les puede tocar un solo pelo, porque quien aplica las leyes de Extranjería es el gobernador de Santiago. Lo mismo ocurre con la Oficina Nacional de Emergencia: quien activa los procedimientos de emergencia en Santiago es el gobernador, por lo que, legalmente, no pueden haber evacuaciones, o (esto es lo interesante) simulacros de emergencias.

Tal vez lo más notable es que quien requiere el auxilio de la fuerza pública en las manifestaciones es el Gobernador Provincial, según la LOCGAR. Eso significa que, si usted dejó de leer esta columna por larga y se fue a marchar contra Hidroaysén, se perdió el fundamento jurídico que podría haber usado contra los carabineros que lo reprimieron, en un recurso de protección contra la Intendencia por actuación ilegal de Fuerzas Especiales. A veces quedarse leyendo Derecho Administrativo tiene sentido.

10 Comentarios
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