Caso “La última tentación de Cristo vs. Chile”. Confrontación entre DIDH y Derecho Interno

PoderJudicial22

Autor: Manuel Yáñez E.

24 de Octubre de 2012


 

En este importante caso, la Corte IDH condenó al Estado de Chile a introducir reformas a su ordenamiento jurídico para cumplir con sus obligaciones derivadas del Derecho Internacional, señalando al efecto la Corte “En el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas (…)  La Convención Americana establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos en ella consagrados.  Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile) (…)  Dichas medidas sólo son efectivas cuando el Estado adapta su actuación a la normativa de protección de la Convención.” [1]

Es decir, frente a las violaciones de Derechos Humanos convencionales la Corte establece que es necesario enfrentar con medidas efectivas de Derecho Interno, principio del efecto útil para garantizar dichos derechos; debiendo si es necesario introducir las reformas al ordenamiento jurídico interno para terminar con la responsabilidad internacional que se puede generar. La resolución de la Corte, en definitiva, fue ordenar al Estado la modificación de su ordenamiento jurídico para eliminar la censura previa, lo que trajo como resultado la reforma de la Constitución Política de la República[2].

En el voto concurrente del Juez Antonio Cancado hizo una serie de reflexiones claves en la materia, indicando por ejemplo “aquella responsabilidad estatal se compromete a partir del momento en que el Estado deja de cumplir una obligación internacional independientemente de la ocurrencia de un daño adicional (…) La Convención Americana, juntamente con otros tratados de derechos humanos, “fueron concebidos y adoptados con base en la premisa de que los ordenamientos jurídicos internos deben armonizarse con las disposiciones convencionales, y no viceversa”[3]. En este sentido, y citando reflexiones de otro voto razonado[4], nos señala que los tratados de Derechos Humanos no pueden aguardar al Derecho interno, sino que este último debe adecuarse al primero, y continúa: “no se puede legítimamente esperar que dichas disposiciones convencionales se ‘adapten’ o se subordinen a las soluciones de derecho constitucional o de derecho público interno, que varían de país a país (…). La Convención Americana, además de otros tratados de derechos humanos, buscan, a contrario sensu, tener en el derecho interno de los Estados Partes el efecto de perfeccionarlo, para maximizar la protección de los derechos consagrados, acarreando, en este propósito, siempre que necesario, la revisión o revocación de leyes nacionales (…) que no se conformen con sus estándares de protección”[5]. De esta manera, las reflexiones del juez interamericano instan que los jueces nacionales hagan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, una ley más del orden interno, con el fin de maximizar la protección del ser humano.

Más adelante, el mismo Juez nos relata que “los Estados Partes tienen la obligación general, emanada de un principio general del Derecho Internacional, de tomar todas las medidas de derecho interno para garantizar la protección eficaz (effet utile) de los derechos consagrados”[6]. Agregando: “La adecuación de las normas de derecho interno a lo dispuesto en los tratados de derechos humanos puede efectivamente ser considerada una obligación de resultado. Pero ésto no significa que pueda ser su cumplimiento postergado indefinidamente”[7]. Es claro en reafirmar la idea de que los órdenes internos deben, en virtud del principio del efecto útil, adecuar las normas del Derecho Nacional al Internacional, no pudiendo hacer de dicha adecuación, una situación de desprotección, asignándole un carácter de urgente.

Siguiendo con sus reflexiones indica; “Una nueva mentalidad emergerá, en lo que concierne al Poder Judicial, a partir de la comprensión de que la aplicación directa de las normas internacionales de protección de los derechos humanos es benéfica para los habitantes de todos los países, y que, en vez del apego a construcciones y silogismos jurídico-formales y a un normativismo hermético, lo que verdaderamente se requiere es proceder a la correcta interpretación de las normas aplicables a fin de asegurar la plena protección del ser humano, sean ellas de origen internacional o nacional.”[8]  Agregando más adelante que “Siendo así, la normativa internacional de protección, incorporada al derecho interno, no podrá dejar de ser directamente aplicada por los tribunales nacionales en todos los países de América Latina y del Caribe”[9]. Es claro el mensaje del Juez Cancado, el Derecho Nacional debe aplicar directamente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de forma urgente, siendo el principal llamado el juez nacional para efectivizar la protección del ser humano.

Nos debe llamar la atención cómo se realiza el control de convencionalidad concentrado en sede internacional, así como se empiezan a configurar en los votos particulares lo que hoy conocemos como el control de convencionalidad en sede interna.


Reseñas:

[1] Corte IDH. La última tentación de Cristo vs. Chile, 05 de febrero de 2001, párr. 87.

[2] Ley de reforma constitucional  N° 19.742 de 23 de agosto de 2001.

[3] Voto razonado juez Antonio Cancado, Corte IDH. La última tentación de Cristo vs. Chile, 05 de febrero de 2001, párr. 4.

[4] Voto disidente juez Antonio Cancado, Corte IDH. El Amparo vs. Venezuela, 18 de enero de 1995.

[5] Voto razonado juez Antonio Cancado, Corte IDH. La última tentación de Cristo vs. Chile, 05 de febrero de 2001, párr. 5.

[6] Voto razonado juez Antonio Cancado, Corte IDH. La última tentación de Cristo vs. Chile, 05 de febrero de 2001, párr. 8.

[7] Voto razonado juez Antonio Cancado, Corte IDH. La última tentación de Cristo vs. Chile, 05 de febrero de 2001, párr. 27.

[8] Voto razonado juez Antonio Cancado, Corte IDH. La última tentación de Cristo vs. Chile, 05 de febrero de 2001, párr. 37.

[9] Voto razonado juez Antonio Cancado, Corte IDH. La última tentación de Cristo vs. Chile, 05 de febrero de 2001, párr. 39.

 

3 Comentarios
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