CASO CAIMANES: Denuncia de obra nueva y el principio preventivo ambiental.

El caso caimanes, radica principalmente en un tranque de relaves ubicado a 10 Km de Caimanes, localidad ubicada en la provincia de Choapa, Cuarta Región de Coquimbo. La explicación fáctica del caso, la hicimos en una columna anterior hace unos años atrás [Ver: ¿Por qué en mi pueblo?]. Por ello, no destinaremos esta columna a explicar el caso. Sino que nos remitiremos a la cuestión jurídica tangencial.

La denuncia de obra nueva interpuesta por la comunidad de caimanes, que en primera y segunda instancia es desestimada, en sede de casación en el fondo, ante la Corte Suprema, es acogida, ordenando a Minera los Pelambres a devolver a su curso normal el escurrimiento de agua al estero Pupío, lugar donde se emplaza el controversial tranque de relaves. Dicha sentencia ordena que  la minera debe presentar un plan de ejecución de obras para ser aprobado por el Tribunal de Primera Instancia para llevar a cabo la decisión del máximo tribunal de la república. Dicho mandato aún no se verifica, dada las diligencias ordenadas por el Juez de Primera instancia. Esto ha generado un conflicto en la comunidad que se ha quedado literalmente sin agua. Sin perjuicio de ello, la sentencia de reemplazo tiene un valor especial. Se fundamenta en el principio preventivo ambiental. Razona en una acción posesoria especial, sobre un principio clave, elemental y sustentador de toda la legislación ambiental. Esto es lo que queremos destacar el día de hoy.

Los autores clásicos de nuestro Derecho Civil, citando una sentencia de corte de apelaciones de Talca de 1931, hacen suyo el planteamiento de que las Acciones Posesorias Especiales no tienen la misma finalidad que las Acciones Posesorias Ordinarias, ya que las especiales tienen por objetivo la mera conservación provisional de un orden de cosas existente en la actualidad y por ende, no es requisito de admisibilidad la posesión por un cierto tiempo antes de deducirlas, basta la posesión actual y la prueba del hecho que da nacimiento a la acción (Alessandri y Somarriva. Curso de Derecho Civil. Los Bienes y derechos reales. Tercera Edición, Editorial Nacimiento, Santiago 1974. Pág. 937).

Lo anterior, convierte estos interdictos que se encuentran regulados en la legislación de derecho privado, en procedimiento de urgencia, en tutela cautelar. Y que sumado con el fundamento en el principio preventivo, los convierten en verdaderos “Interdictos Ambientales”.

Esto es poderosamente interesante por lo que explicaremos ahora. En Chile, ha existido un verdadero “cisma” entre el derecho ambiental y el derecho de los recursos naturales. Por un lado, el derecho ambiental preventivo y por otro, el derecho de los recursos naturales regulado en forma preferentemente privatista y dotada de principios basados en la distribución de los recursos y de su regulación. Sin embargo, esta división tajante es imposible de ser sostenida en nuestros tiempos. El Derecho Ambiental es único e involucra a los “recurso naturales”. El derecho de Agua, el derecho minero, el derecho eléctrico, el derecho de recursos pesqueros, agrícolas y ganaderos, etc. Se funden en un estatuto jurídico protector del bien jurídico Naturaleza que converge en el Medio Ambiente.

Esto que hemos dicho es una conclusión basada en lo siguiente. La Corte recuerda, que la acción posesoria especial de denuncia de obra nueva, en conformidad a ley procede en dos casos:

  1. a) Para pedir que se prohíba toda obra nueva que se trata de construir por otra persona en el suelo del que estamos en posesión; y
  2. b) Para pedir que se prohíba toda obra nueva que otra persona trata de construir en su propio predio y con la cual se embaraza el goce de una servidumbre constituida en él, o que se trata de sustentar en edificio vecino no sujeto a tal servidumbre, o que atraviesa la línea divisoria de dos predios de distinto dueño.

 En el caso sub-lite, el supuesto es la letra b). Luego, la servidumbre es de aquellas denominadas por nuestro Código Civil como “Naturales”. Recordemos en síntesis lo que es una servidumbre. Conforme dispone el Artículo 820 del Código Civil, “Servidumbre predial, o simplemente servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño”. Enseguida, el artículo 831 del mismo cuerpo legal señala que “Las servidumbres o son naturales, que provienen de la natural situación de los lugares, o legales, que son impuesta por la ley, o voluntarias, que son constituidas por un hecho del hombre”. Finalmente el Artículo 833 del Código Civil señala en concreto cuales son algunas de las servidumbres naturales. Y señala, “El predio inferior está sujeto a recibir las aguas que descienden del predio superior naturalmente, es decir, sin que la mano del hombre contribuya a ello (…)”  y esta disposición, es decir, que las aguas escurran desde el superior al inferior, no puede verse afectada por existir, esta servidumbre natural. Entonces, claramente los recursos naturales no solamente son susceptibles de regulación privada. ¿Por qué considerar servidumbres naturales si el que desee tener agua deberá comprar su derecho de agua? La respuesta es única: porque se trata de un bien – el agua- que compone la naturaleza a la cual todos tenemos derecho. Esto, como vemos, escapa de la lógica privatista del Derecho Civil.

Con este argumento, es más que suficiente para acoger la denuncia de obra nueva, dado que la obra del tranque de relaves embaraza esta servidumbre y además, concurriendo los demás requisitos legales. Pero, la corte no solo se queda en esto, avanza y se refiere al desarrollo sustentable y al principio preventivo. Los hace fundamentos de la sentencia. Y ello se debe, principalmente por lo que más arriba decíamos, estas acciones posesorias especiales tienen una finalidad distinta que proteger la posesión.

Sin embargo, pese a lo que hemos venido razonando queda una duda sin resolver. ¿Por qué el Sistema Ambiental no fue capaz de prever esta situación? Con ello, me refiero a las circunstancias actuales de caimanes, es decir, dejarlos sin agua, cuando ya el código civil- insisto norma de derecho privado- señala que ello no puede acontecer. La respuesta no la encontraremos en la sentencia que hemos comentado. La encontraremos en la legislación ambiental, en la institucionalidad ambiental que falla, una vez más, dando una estocada profunda a uno de los principios fundamentales de ella, el principio preventivo. ¿Alguien podría sostener, sin temor a caer en falacia argumentativa, que lo de caimanes no era previsible? Era absolutamente previsible, que una obra de esta magnitud podría generar este problema y dejar a muchas personas sin agua, sin siquiera hacer un análisis tan profundo.

Dicho lo anterior, solo nos queda recalcar que una vez más el derecho ambiental no ha dado respuesta a las flagrantes afectaciones a su bien jurídico protegido, y ha sido el Derecho Civil, el derecho privado, el que ha puesto remedio a la situación antes descrita en caimanes.

Lamentablemente, la legislación civil es más lenta de lo que la premura de la contingencia amerita, y es por ello que hasta el día de hoy, caimanes sigue sin agua.

Para finalizar, solo queda esperar a que Minera los Pelambres se decida a devolver el cauce natural de las aguas del Estero Pupío, sin contaminantes, tal como lo previene el mandato contenido en la Sentencia de Reemplazo dictada por la Corte Suprema el año 2014.

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